El Senado de México acepta la reforma energética que abre las puertas a la inversión privada

• Desde 1938 la explotación del petróleo y del gas es monopolio del Estado
• La izquierda mexicana se opone: quiere que se mantenga ese control
• La reforma implica cambiar tres artículos de la Constitución mexicana
• Ahora debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y 17 de los 32 estados

El Senado de México ha aprobado una histórica reforma energética que busca atraer capital privado a la industria del petróleo y el gas en la mayor revisión desde que el sector fue nacionalizado en 1938. La reforma, según el Ejecutivo de Peña Nieto, que la ha impulsado, está diseñada para atraer a inversores privados para que operen de forma independiente o se asocien con la estatal Pemex a través de diversos modelos de contratos: de servicios, de ganancias y de producción compartida y de licencias.

La aprobación de la reforma energética propuesta en agosto pasado por el Gobierno pretende incorporar a la empresa privada en la  explotación de petróleo y de gas, que ahora es monopolio del Estado y  que opera la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex).

En concreto, permite que empresas privadas participen en el sector energético, a través de los contratos de servicios (que el Estado pagaría en efectivo); de utilidad compartida (en el que el Estado compartiría un porcentaje); de producción compartida (en la que el Estado repartirá un porcentaje de la producción); y contratos de licencia, en la que la empresa solo tendrá que pagar por el producto una vez extraído. Sin embargo se mantiene la prohibición de otorgar concesiones, según el diario El Universal.

Ha sido un "debate histórico", afirmó el presidente del Senado, Raúl  Cervantes, al cerrar la discusión en el pleno de la Cámara alta, en  medio de gritos de "¡Consulta popular!" lanzados desde los escaños de la  izquierda. La aprobación de la iniciativa, primero en términos generales y luego en lo particular, se completó en una larga sesión de 19 horas en la Cámara alta.

Mejor uso de los recursos energéticos

El académico de la Universidad Iberoamericana Jesús Amador Valdés destaca "el mayor nivel de apertura de la industria energética", un proceso en el que ya han entrado países de economías socialistas como Cuba. La reforma puede "contribuir a hacer un mejor uso de los recursos energéticos del país", apunta.

Desde 1938, los hidrocarburos han sido explotados en México por la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex), una compañía que sufre una gran carencia de inversiones. Sin embargo, los efectos en el sector tardarán en notarse. Faltan por presentarse las leyes secundarias que regularán la reforma energética y, además, pasará bastante tiempo hasta que comiencen a operar empresas privadas en el sector.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha calificado de "trascendental" esta aprobación. "Esta reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años", ha dicho el mandatario en una red social. Además, "permitirá que el sector energético impulse el desarrollo industrial y regional del país", ha apuntado Peña Nieto, quien ha reiterado que Petróleos Mexicanos (Pemex),  la Comisión Federal de Electricidad y los "recursos energéticos y la renta petrolera seguirán siendo propiedad de todos los mexicanos".

El  Gobierno quiere que Pemex siga encargándose de las áreas más  rentables,  pero para los yacimientos que impliquen riesgos mayores  confía en que  haya empresas privadas, nacionales o extranjeras,  interesadas en  explotarlos.

El proyecto modifica la Constitución

La izquierda mexicana se opone a esta reforma porque quiere que el Estado siga manteniendo el control y la explotación de los hidrocarburos, y está en contra de las tres modificaciones a la Constitución incluidas en la iniciativa. En concreto, los artículos 25, 27 y 28 de la ley de leyes, lo que responde a la "responsabilidad histórica de convertir al sector energético en la palanca del desarrollo nacional", según el PRI.

El PRD, el mayor partido de izquierda de México, propone celebrar una  consulta popular en las elecciones de 2015 para revocarla, dado que  carece de los votos necesarios para detenerla en el Legislativo.

El proyecto que pasará ahora a debate en la Cámara de Diputados,  donde será estudiada primero en comisiones y luego en el pleno, en un   proceso que se espera completar antes de que termine el domingo el   período ordinario de sesiones legislativas de este año. Después deberá  ser ratificado por al menos 17 de los 32 Congresos de los estados porque  incluye cambios constitucionales.