Un acuerdo entre las autoridades y la policía termina con la ola de saqueos en Argentina

• La subida salarial pactada pone fin a los paros policiales
• Las protestas se han saldado con la muerte de al menos nueve personas

Saqueo durante la huelga de la policía el pasado martes en la ciudad de Tucuman.

Las autoridades provinciales de Argentina y la policía han pactado en las últimas horas subidas salariales que han puesto fin a las protestas en casi todo el país y han reducido la tensión, tras ocho días de conflictos laborales con los agentes y violentos saqueos que han causado al menos nueve muertos.

"Se han resuelto todos los conflictos en las provincias argentinas. La situación está encauzada y resuelta", ha anunciado este miércoles a la prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Aunque horas después, un sector de la policía en la provincia de Salta (norte) ha iniciado un paro para exigir mejoras salariales, lo que ha vuelto a encender las alarmas por el riesgo de incidentes ante la ausencia de uniformados.

La última muerte confirmada es la de un hombre de 30 años que falleció el martes al ser supuestamente tiroteado por vecinos que custodiaban un barrio de la periferia sur de San Miguel de Tucumán, a unos 1.100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Tucumán ha sido la provincia que más ha sentido el paro policial con tres víctimas mortales y cerca de un centenar de heridos,.

Los paros policiales comenzaron el pasado 3 de diciembre en Córdoba y se han extendido a 20 provincias del país, propiciando saqueos y disturbios en numerosas localidades.

Los policías de Tucumán han regresado este miércoles a las calles tras la subida salarial pactada con el Gobierno provincial y la ciudad ha recuperado progresivamente la calma, con la reapertura de escuelas y edificios públicos, que este martes permanecieron cerrados, y la normalización del transporte público.

Con el retorno de la policía a sus funciones en Tucumán, han desaparecido las barricadas levantadas las últimas dos noches por vecinos, en algunos casos armados, para protegerse de ladrones y saqueadores que desvalijaron numerosos comercios de la ciudad.

Los saqueos, una acción premeditada según el Gobierno

Capitanich ha afirmado que los episodios de violencia han respondido a "una acción premeditada con alevosía para provocar incertidumbre con métodos extorsivos".

Según el jefe de Gabinete, el objetivo de las protestas policiales y los saqueos ha sido "atacar en esencia el sistema democrático republicano, y que los argentinos no pudiesen conmemorar los 30 años de democracia", que se cumplieron el pasado martes.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, encabezó la celebración del aniversario democrático en la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires, pese a que varios líderes de la oposición solicitaron la suspensión de la celebración.

"La opinión de quiénes organizaron el acto, que nosotros compartimos, era que no podía pasar ennegrecida una fecha tan trascendente", ha asegurado en una entrevista radiofónica la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien además ha advertido que no hay que "dar el gusto a quienes no quieren que la Argentina avance en esta democracia".

1.900 comercios afectados por los saqueos

El jefe de Gabinete argentino ha pedido a jueces y fiscales que investiguen "el vínculo entre expolicías autoconvocados, exonerados, agentes del disturbio y el desorden, liberación de zonas, grupos de narcotraficantes y mecanismos de financiamiento que permitieron una logística integrada" para provocar escenas de caos y de terror.

Pese al descenso de la tensión, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), ha advertido en un comunicado que "considerar que la crisis está resuelta puede llevar a un peligroso relajamiento, especialmente cuando el tema deje de ser el foco de atención de los medios de comunicación".

La CAS ha destacado que "los comerciantes de todo el país, y en particular los supermercadistas saben que la amenaza sigue latente".

Según datos difundidos por la Confederación Argentina de la Empresa (CAME) y cámaras de comercio regionales, alrededor de 1.900 comercios en una quincena de provincias se han visto afectados por los actos vandálicos y suman pérdidas estimadas en unos 560 millones de pesos (unos 89,3 millones de dólares).