El Supremo avala que las eléctricas financien el déficit de tarifa abonado a principios de 2012

• Desestima los recursos de Endesa y Gas Natural contra financiar el déficit
• Las cinco grandes son la "práctica totalidad" del sector eléctrico
• El expresidente de Red Eléctrica cree que las compañías deben pagar
• Un emprendedor eléctrico denuncia las contradicciones del Gobierno

Torres de distribución de electricidad de alta tensión.

El Tribunal Supremo ha desestimado en dos sentencias los recursos de Gas Natural Fenosa y Endesa en contra de su obligación de financiar temporalmente el déficit de tarifa de 2012 conforme a las liquidaciones mensuales provisionales de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En ambas sentencias, el Alto Tribunal afirma que "la imposición de la obligación de financiar el déficit de tarifa" a las compañías eléctricas "está justificada" y les condena a pagar las costas del proceso, 50.000 euros para Endesa y 35.000 para Gas Natural. Contra esta sentencia no cabe recurso pero las eléctricas podrían seguir litigando cuando la liquidación sea definitiva.

En concreto, el Supremo ha rechazado el recurso de casación que estas dos compañías habían presentado contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional del mes de enero, en la que las eléctricas denunciaban esta obligación al considerarla discriminatoria, y que se falló en su contra.

En las nuevas sentencias, el Alto Tribunal analiza la impugnación de la segunda liquidación provisional de 2012 de la CNE, en la que a Gas Natural Fenosa le correspondía financiar 81 millones de euros de la deuda eléctrica de ese año, y a Endesa otros 93 millones.

Un fin legítimo

Las empresas consideraban que esta obligación vulnera el artículo 14 de la Constitución, al obligar a cinco empresas eléctricas, y no al resto de agentes con actividades reguladas, a financiar el déficit de tarifa. Sin embargo, el Supremo considera que las empresas concernidas "representan la práctica totalidad" del sector eléctrico y la obligación de financiar el déficit "persigue un fin legítimo, es funcional y adecuada y no comporta una diferencia de trato desproporcionada".

La Audiencia Nacional había recordado en su sentencia ahora ratificada por el Supremo que la asignación de esta obligación a las eléctricas se estableció como consecuencia de la concesión a estas empresas de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC). El reparto porcentual para financiar el déficit tarifario entre las cinco compañías coincide con el de compensación por los CTC.

El Supremo también entiende que no es aplicable la sentencia de febrero de 2012 acerca del bono social, en la que se anuló la obligación de las cinco eléctricas de financiar esta ayuda y se reconoció el derecho de las empresas al reintegro de lo abonado. Añade que no concurren las circunstancias para entender vulnerado el derecho de la Unión Europea, por lo que rechaza plantear una cuestión prejudicial.

El déficit tarifario "no es ningún coste" para las eléctricas

El economista Jorge Fabra Utray, expresidente de Red Eléctrica, ha señalado a RTVE.es que "las empresas eléctricas deben pagar por el déficit eléctrico porque son ellas las que lo han producido, aunque ahora presenten un recurso y se hagan las víctimas".

“El déficit no es un coste. Las eléctricas tienen una posición acreedora, avalada por el Estado“

Fabra Utray explica que hay una "confusión interesada" entre los conceptos de financiación y coste. Las eléctricas se apuntan el déficit tarifario como "un ingreso pendiente de cobro que tienen que financiar, pero no es ningún coste para las empresas". En realidad, "tienen una posición acreedora respaldada por el Estado".

El experto añade que el déficit tarifario "lo pagan los consumidores porque pasa a ser parte de la tarifa eléctrica" y cada vez aumenta más porque a la deuda contraida se suman los intereses. La nueva fiscalidad energética sobre el volumen de producción "se traslada al precio y es un impuesto en cascada que pagan los consumidores". Fabra Ultray matiza que, en contra de lo que afirma el Gobierno, "si sube el precio de la luz no es por el mercado es por el impuesto".

El Gobierno "se contradice"

El ingeniero industrial y emprendedor eléctrico, Jorge Morales de Labra, apunta a RTVE.es que la sentencia del Supremo tiene "influencia sobre el déficit de tarifa generado" pero aclara que una parte ya se ha amortizado por los consumidores, otra parte se ha titulizado y está en manos de inversores y solo afecta a la parte que permanece en el balance de las eléctricas.

“El Gobierno se pliega a lo que querían las eléctricas“

Morales de Labra indica que en la reforma eléctrica que está en trámite parlamentario, el Gobierno "cae en una contradicción porque se pliega a lo que querían las eléctricas y a partir de 2014 son todos los actores del sector eléctrico los que tienen que financiar el déficit aunque no lo hayan generado -las renovables y los fondos de inversión que poseen títulos de deuda eléctrica-".

A su juicio, el sector eléctrico está tan revuelto que "todo puede pasar" y avanza que si las renovables recurren basándose en la sentencia del Supremo "habría que ver los argumentos del abogado del Estado, si cambia de criterio sobre la marcha, o defiende lo contrario que ahora". Otra cuestión abierta es el órgano ante el que recurrir porque, con la desaparición de la CNE en el nuevo superregulador, la competencia de liquidar los costes del sistema eléctrico se queda en el Ministerio de Industria.

¿Qué es el déficit de tarifa?

El déficit tarifario es un desequilibrio que se origina porque los ingresos logrados a través de la  factura que pagan los consumidores no cubren todos los costes que el Estado ha reconocido al funcionamiento del sistema, al decidir cómo retribuir o incentivar cada fuente de energía y fijar los peajes para pagar la mayor parte de esos costes.

La ley de 1997 permitía que las empresas eléctricas se anotaran esa diferencia como una deuda de los consumidores con ellas, que deben devolver en un período de 15 años.

Sin embargo, los ingresos definitivos acaban dependiendo de la demanda real de energía, mientras que los costes finales aparecen condicionados por el mercado  energético. En un contexto  como el actual, en el que caen tanto el consumo como el precio de la energía, el desajuste entre unos y otros ha ido a más.

El déficit de tarifa sumaba 28.000 millones de euros al cierre de 2012, según la CNE. Este año debería ser cero, pero sumará 4.000 millones, según las eléctricas, después de que el Gobierno suspendiera un crédito y estimase un agujero de 3.600 millones. El Ejecutivo adoptó varias medidas en 2012 y 2013 para atajarlo, como la creación de impuestos a la generación o la subida de los peajes de acceso.

A partir de 2010, el déficit empezó a titulizarse a través del Fondo estatal de  Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), es decir, que se coloca en  el mercado de deuda en forma de bonos. Así, con el aval del Estado,  las eléctricas van recuperando con intereses lo que las normas han establecido que se  les debe. El problema es que se coloca ofreciendo una rentabilidad al  inversor que compra los títulos, y ese interés se convierte en un coste que pasa a engrosar el mismo déficit.