Zoido destituye a un cargo municipal tras su imputación en una rama del caso Mercasevilla

• Se investiga si un exasesor socialista recibió dádivas a cambio de contratos
• De momento hay cinco detenidos, uno de ellos el hijo de un empresario
• Zoido anuncia la destitución del director general de Parques y Jardines

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP) ha destituido al director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña, tras su imputación en la última rama del caso Mercasevilla, en la denominada Operación Madeja que investiga la presunta financiación irregular del PSOE sevillano.

Los agentes de la UCO, según fuentes del caso recogidas por Europa Press, han detenido al hijo del dueño de la empresa  Fitonovo, José  Antonio González, y a otro trabajador de esta empresa,  mientras que,  en relación a la Delegación de Parques y Jardines,  habrían detenido a  tres personas y han imputado al director del Area  de Medio Ambiente,  Parques y Jardines, Joaquín Peña.

La Guardia Civil no descarta que haya más detenciones, según fuentes del caso recogidas por Efe, que han explicado que esta operación está dirigida por la juez Mercedes Alaya, que mantiene la investigación bajo secreto sumarial desde hace seis meses.

En concreto, los agentes han practicado registros en el despacho del  jefe de servicio,   José Antonio Amores, su adjunto Javier Gómez, del  capataz y   responsable de conservación del Parque de María Luisa,  Francisco Luis   Huertas y en el despacho del director de área de Parques y Jardines, Joaquín Peña.

En declaraciones a los periodistas, Zoido ha afirmado que "aquí no hay trampa ni cartón, sino luz y taquígrafos" y por ello ha precisado que le ha bastado la imputación por parte de la Guardia Civil para destituir a Peña.

Los agentes han registrado también la sede de la empresa Fitonovo,  investigada  junto a la empresa Fiverde dentro de la operación 'Madeja'   donde se  indaga si el exdirector del área de Vía Pública del  Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del  grupo  socialista Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio  de  la concesión de contratos de mantenimiento a ambas sociedades.

Actuaciones bajo secreto de sumario

Los registros se  producen justo después de que se haya conocido que  la juez Mercedes  Alaya, dentro del secreto de las actuaciones,  acordó  el pasado 21 de octubre la intervención de ocho líneas telefónicas  utilizadas  por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios  del  Consistorio hispalense, habiendo acordado el 5 de noviembre la   intervención de dos líneas más.

La instructora explica que de la intervención de estas líneas   telefónicas "se han obtenido datos importantes" para la investigación   en curso, "habiéndose procedido a la entrega en el Juzgado de DVD   conteniendo las conversaciones interceptadas, así como transcripción  de  las que resulten relevantes para el esclarecimiento de los  hechos".

En el auto consultado por Europa Press, la juez señala asimismo  que se  encuentra a la espera de que el Grupo de Criminalística de la  Guardia  Civil aporte los datos digitales contenidos en una 'tablet'  intervenida  a Castaño, así como del volcado de datos digitales de  otros  dispositivos informáticos intervenidos, los cuales "pudieran  ser de  interés para la investigación y de los que se derivarían  nuevas  diligencias".

Prórroga del secreto de sumario

"Teniendo en cuenta lo anterior y sobre todo las intervenciones   telefónicas decretadas, así como las diligencias nuevas que   previsiblemente se ordenarán, es procedente prorrogar" el secreto de   las actuaciones, "pues lo contrario podría provocar la destrucción de   indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la  eficacia  de la acción policial y judicial".

La magistrada entiende que la prórroga del secreto "es una medida   totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos", más   aún después de que la Guardia Civil haya puesto de manifiesto la  "nueva  aparición de datos de interés para la investigación de la  causa".

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, prorrogó el pasado 10 de diciembre por quinto mes el secreto sumarial que pesa sobre esta rama del caso Mercasevilla, referente al presunto pago de 30.000 euros a un asesor municipal socialista a cambio de contratos de mantenimiento.

El secreto sumarial fue decretado por primera vez en julio pasado, cuando la Guardia Civil realizó cuatro detenciones dentro de la Operación Madeja, en la que se investigaba el presunto pago de 30.000 euros destinados al PSOE por parte de las empresas Fitonovo y Fiverde.

Presuntas comisiones

Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en  prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto  después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia  Provincial de Sevilla, que estimó de este modo el recurso de  apelación presentado por su letrado contra el auto de prisión dictado  por la juez Alaya.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho,  prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales.  Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6  millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada  por el Ministerio Público.

Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo  aseguró que,  entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000  euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con  la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que  subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque  además "los contratos ya estaban dados".

También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia  para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos  destinatarios de estos teléfonos.

Operación relacionada con el caso Mercasevilla

Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las  supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para  enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la  magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el  enriquecimiento "sospechoso" de Castaño.

A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la  conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a  cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas  referidas.

Además de los cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó en el  marco de la operación 'Madeja' a la mujer del administrador de  Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó  las cuentas a esta empresa.