El Congreso aprueba la reforma local con el apoyo de PP, PNV y UPN

• El proyecto sale adelante después de un debate de año y medio
• Perseguirá la suficiencia financiera y los costes eficientes en los servicios
• Limita el sueldo de los alcaldes y el número de asesores municipales
• La oposición cree que 'recentraliza' y facilita la privatización de servicios

El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que se han elaborado una treintena de borradores, el primero de ellos en julio de 2012, hace año y medio. La iniciativa ha contado con el apoyo del PP, PNV y UPN y ha mantenido en contra al resto del arco parlamentario de principio a fin de la tramitación.

Estos grupos acusan al Gobierno de perseguir la autonomía municipal, querer quitar competencias a los ayuntamientos y facilitar la privatización de la prestación de servicios. También aseguran que no respeta las competencias autonómicas y busca una 'recentralización', por lo que ya se anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional.

El último debate en el Congreso ha servido para aprobar las enmiendas introducidas en el Senado y los grupos han reiterado los argumentos que han mantenido en los últimos meses.

Año y medio de trabajo legislativo

El ministerio de Hacienda y  Administraciones Públicas empezó a trabajar en este texto hace más de  año y medio y llevó a Consejo de Ministros un primer documento en julio  de 2012. Sin embargo, provocó gran polvareda, incluso en las filas del  PP.

La iniciativa incluía inicialmente la posibilidad de  suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la  eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y  fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó 'el  coste estándar', la definición del precio que debían tener los servicios  municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.

“La reforma quita competencias a los ayuntamientos, que podrán mantener si lo acuerdan con las autonomías“

Estos  y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han  desaparecido de la ley, como la supresión de ediles. La reforma incluye  un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las  que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a  manos de las comunidades en unos plazos definidos.

Sin  embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las  autonomías y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente.  La aplicación de este espinoso asunto queda además a expensas de la  futura reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, que  deberá tener en cuenta esta novedad.

Además, se impone a lo  largo de toda la ley el cumplimiento de la suficiencia financiera como  objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr  costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel  de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de  20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las  mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de  rendir cuentas a tiempo.

Se limita el sueldo de los alcaldes y el número de asesores

Por otro lado, se ponen topes a las  retribuciones de alcaldes, que no podrán cobrar más que un Secretario  de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el  número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se  devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que  de nuevo dependerán de Hacienda, entre otros asuntos.

La iniciativa ha sido reformada  en el Senado con enmiendas del PP, PNV, UPN y Coalición Canaria para  garantizar el respeto al régimen foral vasco y la singularidad de las islas Canarias.

El PP ha aceptado también una enmiendas con Coalición  Canaria, para limitar el número de miembros del cabildo con dedicación  exclusiva, y otra del PNV para cambiar sustancialmente las limitaciones  sobre el sector público local.

El PSOE acudirá al Tribunal Constitucional

Gaspar Zarrías, diputado y secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, ha anunciado que su partido acudirá al Tribunal Constitucional por tres vías: el recurso de 50 diputados o senadores por "el ataque a la garantía constitucional de la autonomía local"; el apoyo del PSOE a los recursos de autonomías como Asturias y Andalucía -al que espera que se sumen Galicia y Castilla y León-, y movilizar a los ayuntamientos para que ellos mismos recurran.

Por parte de CiU, Carles Páramo, ha considera especialmente contraria a la autonomía de Cataluña esta ley. "¿No será que el gobierno exhibe tales actitudes a aquel pueblo irreductible del noroeste del imperio?", ha dicho recurriendo al famoso cómic francés de 'Astérix y Obélix'. El diputado ha acusado al PP de aprobar leyes "contra todos" y que este es el ejemplo.

Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, ha sido muy crítica también con la ley por cómo incidirá en la prestación de servicios sociales, condenados en muchos casos a desaparecer. "Traerá sin duda un mayor sufrimiento para los de siempre, los que están pagando esta farsa que es la crisis", ha dicho.

UPyD, por medio de Rosa Díez, ha rechazado la reforma igualmente, "que no está a la altura de las necesidades del país, hecha claramente para mantener los chiringuitos y que no resuelve los problemas, muchos, de la administración local española". .

Vascos y navarros, satisfechos por el respeto al régimen foral

El PNV ha valorado cómo ha quedado la ley, que su partido apoya, y especialmente el respeto al régimen foral vasco y navarro. "Ahora depende de las instituciones vascas y de los partidos vascos decidir el modelo local. También en Navarra", ha dicho Aitor Esteban. El diputado de UPN Carlos Salvador también ha defendido el respeto al fuero navarro en la ley y el proyecto en sí mismo.

Otros portavoces que han querido hoy dejar su última crítica a esta ley en el Congreso han sido los de Amaiur, ERC, BNG, CC, Compromís y Foro, que han censurado el texto. "Los ayuntamientos no merecen esta reforma que quiere empequeñecerlos", ha resumido Joan Baldoví (Compromís).

En cuanto al PP, el diputado Rafael Merino ha asegurado que la reforma cuenta con gran apoyo también entre los ayuntamientos y comunidades autónomas y ha criticado que el PSOE durante sus gobiernos "no hizo absolutamente nada salvo llevar a los ayuntamientos a la ruina".

Merino ha rechazado especialmente el argumento de que la ley abre la puerta a la privatización de servicios, y ha preguntado a PSOE e IU para qué hace falta la ley si ellos "donde gobiernan privatizan todo". "A pesar de todo lo que ustedes digan, es una ley que garantiza los servicios públicos esenciales. Por fin un gobierno ha sido capaz de aclarar las competencias municipales", ha añadido.