El Congreso da luz verde a la Ley de Cajas, que tendrán que convertirse en fundaciones

• La CECA cree que la nueva ley no permitirá la "influencia política"

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, de manera que la norma entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta norma supone la culminación de la reforma financiera con el cumplimiento de una de las exigencias de Bruselas para el rescate de la banca, y crea el fondo de reserva para insolvencias, que podrá llevarse a cabo a través de los nuevos bancos filiales. El objetivo de este fondo es hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada, que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia.

Aunque en el debate de este jueves sólo se han debatido las enmiendas,  y no se ha votado el conjunto del texto, tanto CiU como el PNV han  mostrado su satisfacción con la mayor parte de la norma que ha  resultado tras toda su tramitación.

Así, Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha resaltado que no todas las cajas   han caído en el mismo agujero, sino que algunas han incluso contribuido a la reestructuración del sector, lo que   justifica el empeño de los nacionalistas catalanes en "no penalizar"  a  los gestores de dichas entidades con el cambio del sistema.

También el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ve "satisfactorio"  el  proyecto de ley, a pesar de que "deja en la cuneta  definitivamente" a  las cajas de ahorros, aunque ha esperado que el  "encomiable compromiso  con lo local y lo social" que siempre han  mantenido estas entidades se  vea prolongada con las fundaciones  bancarias.

La exposición inmobiliaria ha sido excesiva

Por otro lado, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha dicho que "lo que ha fallado es un modelo volcado hacia una expansión del  balance inmobiliario absolutamente loco, financiado sobre todo con  crédito externo", insinuando que los inversores  extranjeros apostaron por financiar los bancos a sabiendas de que el  Estado "estaría detrás" en caso de problemas.

El portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto  Garzón, ha lamentado que con esta ley se "pierda la oportunidad" de  contar con una banca pública que permita al Gobierno poner en marcha  instrumentos para facilitar el crédito a las pymes y las familias, en  un "paso más en la perversión" de las cajas de ahorros. "Están socializando las pérdidas y privatizando las ganancias", ha  criticado.

Teresa Jordà (ERC), por su parte, ha criticado la "pasividad" del Banco de España  en la prevención de la crisis financiera o la "connivencia" de las  cajas con los gobiernos regionales, y ha rechazado una normativa que  supone "una nueva legitimación de la gran estafa neoliberal y  bancaria".

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, ha  rechazado una normativa que "deja las cajas de ahorros en la mínima  expresión" y que confirma que "el Gobierno está empeñado en caminar  hacia el oligopolio bancario". Además, ha rechazado las "prisas" del  Ejecutivo por vender NCG Banco, sobre todo cuando se acabarán pagando  1.000 millones pese a haberse inyectado 9.000 millones públicos en el  saneamiento de esta entidad.

"Pone en manos de la gran  banca un mercado muy goloso"

Rafael Larreina, de Amaiur, también ha criticado que se "ponga fin" al  sistema de cajas de ahorros, lo que "priva a la sociedad de un  instrumento fundamental para dar respuesta a los problemas diarios de  las familias y las pymes", a la par que se pone "en manos de la gran  banca un mercado muy goloso".

Desde UPyD, Alvaro Anchuelo,  duda de que con esta ley se hayan  "despolitizado lo suficiente" las cajas, que se haya planteado una  regulación suficiente para las que surjan en el futuro o que se  garantice un control de los "excesos" retributivos del pasado. Asimismo, ha criticado la falta de "exigencia de  responsabilidades" a quienes quebraron las cajas, la no resolución de  la estafa de las preferentes y que tampoco se hable de la  recuperación del dinero público del rescate bancario.

Finalmente, la diputada del PP Irene Garrido ha recordado que  este proyecto de ley no tiene como objeto las entidades  nacionalizadas, sino a las cajas "que se comportaron bien" y a las  que puedan surgir en el futuro. Asimismo, ha negado que se haga una  "centralización" de ninguna competencia o que vaya a haber  "injerencias" en la obra social, que a partir de ahora realizarán las  fundaciones bancarias.

La CECA: La nueva ley no permitirá la "influencia política"

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), por su parte, ha  considerado que la nueva Ley de cajas no permitirá la "influencia política" en la gestión  financiera, al recoger un "riguroso" cuadro de incompatibilidades.

En un comunicado, la patronal de cajas ha asegurado que la nueva  Ley continúa la línea de reforma impulsada por el propio sector en el  marco de las recomendaciones de los organismos internacionales,  consumada a través de la mejora del gobierno corporativo.

"El nuevo régimen jurídico ha alcanzado un equilibrio entre las  exigencias del memorando de entendimiento y el ejercicio del  derecho de propiedad por parte de las fundaciones bancarias sobre sus  bancos, en línea con las recomendaciones formuladas por el Consejo de  Estado durante la tramitación del proyecto", ha valorado.

La patronal ha avalado también el objetivo fijado por la Ley de preservar  la obra social de las entidades y ha valorado la promoción de un  modelo de negocio bancario minorista centrado en las necesidades  financieras de familias y pymes.