El Congreso da el visto bueno definitivo a las cuentas de 2014 solo con los votos de PP y UPN

• La Cámara baja también aprueba la reforma de las pensiones
• Visto bueno para la reforma del sector eléctrico
• Luz verde para la factura electrónica y la ley de deuda pública

El Pleno del Congreso ha dado el visto bueno definitivo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2014, tras aprobar los cambios parciales incluidos en el Senado, solo con los votos del PP y UPN.

De esta forma, los Presupuestos culminan definitivamente su tramitación parlamentaria y entrarán en vigor el próximo 1 de enero, tras casi tres meses de tramitación desde que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentara la norma en la Cámara Baja el pasado 30 de septiembre.

Aunque el proyecto ha salido adelante, ha sido criticado por la mayoría de los grupos parlamentarios, que han lamentado que el Gobierno haya presentado los Presupuestos como las cuentas de la recuperación cuando no incluyen las recetas que necesita el país para superar la crisis.

La única formación que ha dado su apoyo al Gobierno ha sido UPN, que mantiene un acuerdo con el PP y que, tal y como ha dicho su único diputado, Carlos Salvador, confía en que se cumplan las previsiones de gastos e ingresos. Aún así, Salvador ha pedido al Partido Popular que renueve sus esfuerzos para encontrar nuevos espacios de encuentro y colaboración con otros grupos para sacar adelante las futuras reformas.

Además el Congreso ha aprobado, de forma definitiva, la reforma de pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios. De esta forma, la norma que no garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate, dónde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.

La Cámara baja también ha aprobado la Ley de Cajas, que culmina la reestructuración del sector financiero y cumple con las condiciones del rescate bancario.

Reforma eléctrica

En su última sesión del año, el hemiciclo ha dado luz verde a la Ley del Sector Eléctrico, que, sobre el papel, tiene como objetivo acabar con el déficit tarifario a partir del próximo año gracias a un mecanismo automático de actualización de peajes para equilibrar ingresos y costes del sistema.

Aunque el debate se ha centrado únicamente en las enmiendas que se han incluido en el texto en el Senado y que no ha habido una votación conjunta del proyecto, la mayor parte de los partidos de la oposición han expresado sus dudas sobre las posibilidades que estos cambios permitan realmente superar los desfases del sistema eléctrico.

Así, el socialista José Segura ha lamentado que, pese a que el objetivo principal del Ministerio de Industria durante lo que va de legislatura ha sido acabar con el déficit de tarifa, no se conseguirá y ni siquiera está asegurado que el desfase se vaya a limitar a los 3.600 millones de euros en que lo cifra el Gobierno para 2013, tras eliminar el crédito destinado a este fin.

Además, ha calificado de "anarquía y caos normativo" lo conseguido con las sucesivas reformas aprobadas en esta legislatura, cuyas consecuencias "acaban pagando los ciudadanos", con el resultado de la última subasta eléctrica la luz subirá de media un 11% en enero.

Deuda comercial y factura electrónica

El Pleno del Congreso también ha aprobado de manera definitiva el proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público y el proyecto de Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.

Tras debatir y votar los cambios introducidos en las normas durante su tramitación en el Senado, el Congreso ha acordado remitir los textos al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y posterior entrada en vigor.

La ley de Control de Deuda Comercial ley tiene como objetivos erradicar la morosidad de las administraciones, controlar y reducir su deuda comercial, suministrar liquidez a las empresas mediante la reducción del período medio de pago e incrementar la transparencia y eficiencia en las Administraciones Públicas.

Esta norma establece que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el período medio de pago no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, fijado en 30 días por la legislación comunitaria.

Además, en el marco de esta ley el Ministerio de Hacienda ha articulado la recuperación de un día por asuntos particulares ('moscoso') por parte de los funcionarios.