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La Guardia Civil registra durante once horas la sede de UGT-Andalucía en Sevilla

  • Está siendo investigado por supuesto desvío de fondos públicos para formación
  • Los agentes buscan documentación  sobre la  contabilidad
  • El secretario de organización de UGT-A lamenta su "indefensión" por el registro

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La Guardia Civil registra la sede del sindicato UGT en Andalucía

La Guardia Civil ha finalizado poco antes de las 21:00 horas de la noche el  registro de la sede del sindicato UGT-Andalucía, que había comenzado a  las 10:30 horas, ordenado por la juez Mercedes Alaya, en el  marco de la investigación del supuesto desvío de fondos destinados a la  formación.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que esta noche permanecerán  en la sede de UGT en Sevilla dos agentes que están haciendo una copia  del servidor informático y que esperan acabar este volcado el viernes por la  mañana.

En el marco de una operación que se ha denominado "Cirene", medio centenar de agentes, varios de ellos de paisano y otros de uniforme, se han presentado poco antes de la once de la mañana en la sede de la central sindical ubicada en la calle Antonio Salado de la capital  hispalense, que  permanece cortada y la Guardia Civil no deja pasar a nadie ante la gran expectación que se ha generado con  la presencia de numerosos medios de comunicación.

Según las mismas fuentes, los  agentes están  solicitando documentación en papel y soporte digital  sobre la  contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los  fondos de  formación.

Tras la orden dada por la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, los  agentes han acudido a la sede central del sindicato en Andalucía en  busca de documentación relacionada con los fondos de formación y ya han  sacado del edificio varias cajas con material relacionado con este  asunto. En el registro está presente un secretario judicial y no se prevén detenciones, han informado fuentes de la investigación.

UGT-A lamenta su "indefensión" por el registro

Fuentes sindicales han informado a Europa Press de que los agentes  de la UCO se habrían reunido en la sede con miembros de la  Ejecutiva de UGT-A, entre los que no se encontraba el secretario de  Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la  dimisión en noviembre de Francisco Fernández Sevilla por las investigaciones de las presuntas irregularidades en la financiación de los fondos de formación.

Ha sido a las 16:00h cuando Ferrer ha llegado a la sede regional en Sevilla y ha lamentado la situación de "indefensión" del sindicato por el registro.

El secretario de organización de  UGT-A espera que el registro aporte "luz y claridad" al asunto, y ha  asegurado que UGT "no defrauda" y que "lo único que puede haber son  personas que se han equivocado".

Registran el despacho del exalcalde de Sevilla Manuel del Valle

Además, la Guardia Civil ha registrado en Sevilla tres sociedades supuestamente relacionadas con los cursos de  formación: Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur, las dos con el  mismo domicilio social, y Geosur Arquitectura y Urbanismo.

Como consecuencia, los agentes han accedido al despacho del exalcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle, presidente de la citada Geosur, que asesoró a UGT en dos promociones inmobiliarias.

Manuel del  Valle, alcalde entre 1983 y 1991, ha explicado a Efe que dicha sociedad, que está en proceso de  liquidación, asesoró al sindicato en 2006 con motivo de dos concursos  públicos, uno en Sevilla -que no ganó- y otro en Jerez de la Frontera, para la  promoción social de viviendas -que sí le fue concedido, aunque no se edificó en la parcela-.

Del Valle ha entregado a los agentes  de la Guardia Civil toda la documentación que le han pedido y que se han  llevado la que han considerado más significativa correspondiente al año  2006, que fue cuando se adjudicó la parcela de Jerez.

La juez Alaya asumió la causa por su vinculación con el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa  sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su  conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los  expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por  la Junta de Andalucía.

La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos  Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó  supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la  huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos  concedidos por la Junta para la formación de desempleados.

Esta denuncia de Manos Limpias guarda relación con las diligencias  incoadas por Alaya, declaradas secretas y derivadas de la denominada  operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la  Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de  'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las  pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Por estos hechos dimitió hace unas semanas el entonces secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.

Sobre este asunto ha sido preguntado el consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, quien en los pasillos del Parlamento ha expresado el "máximo respeto" de la Junta a la actuación de las fuerzas de seguridad. "Me acaban de decir que está la Guardia Civil en la sede de UGT, estaremos a ver lo que ocurre, ahora mismo es imposible hacer ninguna otra valoración", ha dicho el consejero.