La juez Alaya vuelve a "preimputar" a Chaves y Griñán en el caso de los ERE

• En la preimputación también están incluidos cinco exconsejeros
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La juez Alaya vuelve a 'preimputar' a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de  empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que, "a los efectos  del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", comunica  "en calidad de imputados la existencia del procedimiento" a los  expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio  Griñán y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados.

En un auto de 28 páginas notificado este jueves, la magistrada Mercedes Alaya vuelve a  'preimputar' a todos los aludidos después de que, la pasada semana,  la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estimara el  recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto,  anulara, la resolución inicial en la que la juez los 'preimputaba'.

De este modo, el tribunal dejó sin efecto dicho auto para que  dictara uno nuevo donde se concretaran y motivaran mejor los hechos  que atribuye a los aforados mencionados.

Alaya justifica la preimputación y les acusa de conocer las advertencias a modo de informes que llegaron al Consejo de Gobierno andaluz sobre las irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis.

Además de los dos expresidentes de la Junta, la magistrada también señala en su auto a José Antonio Viera -consejero de Empleo entre 200 y 2004-, Carmen Martínez -viceconsejera de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y consejera de Economía y Hacienda desde 2009 hasta la actualidad-, Manuel Recio -secretario general de Economía entre 2009 y 2010 y consejero de Empleo entre 2010 y 2012-,  Francisco Vallejo -consejero de Innovación entre 2004 y 2009-, y Antonio Ávila -secretario general de Economía entre 2002 y 2009-.

Las consecuencias de las ayudas irregulares

En el auto, Mercedes Alaya dice exponer "de forma descriptiva" y  "aséptica, sin realizar ningún juicio de valor" los datos "que existen  en la causa sobre la inidoneidad del proceso seguido de concesión de  subvenciones a través de transferencias de financiación" y afirma que todas las transferencias fueron "aprobadas por el Consejo de Gobierno, constituido por el presidente de la Junta, don Manuel Chaves González, y el resto de consejeros".

Alaya señala también que hubo varios informes advirtiendo de que "las transferencias de financiación no podían destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones". 

Cita informes de la Intervención General de Control Financiero Permanente y del Informe de Cuentas Anuales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). De hecho, la juez resalta que la Intervención General incidiría en varios años en la "absoluta ausencia de procedimiento y en sus consecuencias legales".

Además, a su juicio, las consecuencias del sistema de ayudas sociolaborales fueron: "ausencia absoluta de trámite administrativo", "ausencia, por la Intervención General de la Junta, de la fiscalización previa del gasto", "ausencia de bases reguladoras como publicidad", "ausencia de criterio en cuanto a la aportación de la empresa", "concesión de ayudas sociolaborales a personas individuales que no han sido afectadas por ERE", "inclusión dentro de la ayuda sociolaboral para la prejubilación de trabajadores de personas ajenas", "creación de empresas a los solo efectos de recibir las ayudas", entre otras.

La juez advierte que "por los razonamientos plasmados en el auto, con la salvedad del informe pericial recién incorporado que por su extraordinario volumen aún no se ha podido abordar su estudio" procede "comunicar en calidad de imputados" a los aforados para que puedan personarse en la causa si fuera de su interés.

Por otra parte, en una providencia dictada este jueves, la juez aplaza a enero "por necesidades de agenda" las declaraciones previstas para este viernes de los exsecretarios generales de Empleo de la Junta Javier Aguado y Lourdes Medina, dos de los 20 exaltos cargos imputados el pasado mes de junio por la instructora.