La trama de las ITV también intentó influir en el tripartito y en CiU cuando era oposición

• Hacienda remite un nuevo informe al TSJC analizando correos electrónicos
• Fue cuando el Govern intentó abrir el mercado para fomentar la competencia

El empresario Ricard Puignou, imputado en la presunta trama para la concesión irregular de estaciones de ITV en Cataluña, intentó influir para "garantizar sus intereses" tanto en el tripartito (PSC, ERC y EUiA) como en CiU cuando estaba en la oposición de 2007 a 2009, cuando el Govern intentó una apertura del mercado para fomentar la competencia, según concluye un nuevo informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso Europa Press.

El tripartito preveía el diseño de un nuevo modelo de ITV basado en el régimen de autorización administrativa -hasta ese momento la empresa Applus controlaba el 80% de las estaciones- y en el que se limitaría la cuota de mercado, lo que quedaría plasmado esencialmente en el redactado de la Ley de Seguridad Industrial y la normativa de desarrollo de esta.

El informe de 51 páginas remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el 16 de diciembre considera que el empresario junto a dos de sus socios -Enric Marugán y Pedro Olabarria- pretende "influir en el redactado de la nueva normativa de Seguridad Industrial sobre ITV" en dos aspectos concretos: en el límite de la cuota del mercado y en los plazos de aplicación de dicha cuota.

En diversos documentos que denominó 'Proyecto Menta', Puignou pone de manifiesto la importancia de "influir desde arriba" en determinados altos cargos que considera claves: el entonces conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet; el que era secretario de Industria y Empresa, Antoni Soy; el entonces subdirector general de Seguridad Industrial, Albert Roig, y el presidente de ERC en aquel tiempo, Joan Puigcercós, entre otros.

También contactó con Josep Tous, imputado en la presunta trama, en este caso para que el exsecretario general de CiU Oriol Pujol -también imputado- "fuerce a favor" suyo en las negociaciones.

De los correos electrónicos intervenidos se desprende que Puignou también pudo haber contratado a otro imputado, Sergi Alsina, "para tratar de influir en la tramitación parlamentaria, canalizándose dicha influencia supuestamente a través de Oriol Pujol", amigo de Alsina.

La Agencia Tributaria considera que una factura de 30.000 euros "podría corresponderse a las gestiones realizadas de cara a tratar de influir en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial", además de otros pagos posteriores, según se recoge en el informe.