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El Gobierno amplía la capacidad de las mutuas en las bajas para reducir el absentismo laboral

  • Podrán solicitar el alta del trabajador aunque será el médico quien decida
  • Podrán realizar el seguimiento de la  prestación desde el primer día de la  baja
  • La Seguridad Social espera ahorrar 500 millones con la reforma de las mutuas
  • En España se pierden al año una media de 11,4 días por trabajador

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto  de ley de mutuas, por el que se concederá a estas entidades una mayor  capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común  con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.

En concreto, las mutuas podrán realizar el seguimiento de la  prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común "ya  desde el primer día de la baja", según ha destacado la ministra de  Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo  de Ministros.

Así, la mutua podrá formular, como ocurre actualmente, una  propuesta de alta médica "motivada". Su propuesta será enviada  entonces al médico del Servicio Público de Salud que emitió el parte  de baja a través de los servicios de Inspección del Servicio Público  de Salud correspondiente, que dispondrán de un plazo de cinco días  hábiles -en la actualidad es de 15- desde la recepción de la propuesta de alta para comunicar a  la mutua si la estima o la rechaza.

Si en dicho plazo no se notificara a la mutua el parte de  confirmación de baja, se considerará estimada la propuesta y emitido  el parte médico de alta. La mutua deberá entonces informar al  trabajador y a la empresa de la extinción de la prestación. En ese caso, tanto el médico como el trabajador pueden recurrir la  decisión de la mutua al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que  dispone de otros cinco días para resolver la cuestión.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social calcula que la reforma del régimen jurídico de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales permitirá ahorrar alrededor de 500 millones, en buena medida por la mejora de la eficiencia en la gestión de las bajas laborales.

Fuentes del Ministerio han recordado que en los últimos tres años ya ha disminuido el gasto en incapacidad temporal desde los 6.732 millones de 2010 hasta los 5.028 millones de 2013, y han hecho hincapié en que todavía hay margen para mucho ahorro, algo que también ha venido señalando el Tribunal de Cuentas.

Alto índice de absentismo laboral

En España se pierden al año por absentismo una media de 11,4 días  por trabajador, frente a los 8,4 días que se pierden en Finlandia,  los siete que se pierden en Dinamarca, los 6,8 días de Canadá o los  4,9 días de Estados Unidos.

Además de la reducción del absentismo, el anteproyecto de ley de  mutuas persigue otros objetivos, como el de dotarlas de un nuevo  marco normativo para mejorar su gobernanza y transparencia, según  Báñez.

En esta materia, en el anteproyecto se modifica la regulación de  los órganos de gobierno de las mutuas y se potencia la figura del  presidente. La norma, que será ahora remitida a los agentes sociales  y al CES para el correspondiente informe preceptivo, contempla que  las retribuciones de los altos cargos de estas entidades se adaptarán  a las correspondientes del sector público.

"En línea con la Ley de Transparencia y la reforma de las  Administraciones Públicas se hace un control de los órganos de  dirección de las mutuas y de sus altos cargos, cuyos sueldos se  equiparan a los del sector público", ha explicado la ministra.

Optimizar los recursos de las mutuas

Otro de los objetivos de la ley de mutuas será el de facilitar el  cobro de la prestación por cese de actividad de los autónomos,  prestación que gestionan las mutuas, debido a que se deniegan muchas  de las solicitudes que efectúan los trabajadores por cuenta propia  (en 2012 el 82% de las solicitudes fueron rechazadas).

La ministra ha resaltado además que la norma facilita la  colaboración entre comunidades autónomas y mutuas para que las  primeras puedan utilizar los recursos "ociosos" de las segundas en  beneficio de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Según Báñez,  actualmente no se utilizan el 40% de los recursos de las mutuas.

Las mutuas son asociaciones de empresarios, sin ánimo de lucro,  cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la  Seguridad Social. Concretamente, se ocupan de la gestión de las  contingencias profesionales de casi 13 millones de trabajadores, las  contingencias comunes de más de 11 millones y el cese de actividad de  casi 600.000 autónomos.

En 2012 ingresaron más de 5.300 millones de euros en concepto de  cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por  contingencias comunes, y más de 131 millones por cese de actividad.