La ley del aborto contemplará solo dos supuestos: riesgo para la salud de la mujer y violación
- El peligro para su salud tiene que suponer un "menoscabo duradero"
- Elimina el tercer supuesto de 1985 que permitía abortar si había malformación
- Lo limita a "anomalías fetales incompatibles con la vida" si afecta a la madre
- La mujer tendrá que demostrar entonces que la situación afecta a su salud
- Un juez decidirá si hay conflicto entre los padres y las menores
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes su anteproyecto de ley del aborto que limita los supuestos en los que se podrá abortar a dos: violación en las 12 primeras semanas y riesgo para la salud física y psíquica de la madre dentro de las 22.
La nueva normativa eliminará así el aborto libre en las 14 primeras semanas que contempla la ley del aborto de 2010, actualmente en vigor, y alejará a España del resto de Europa, donde la mayoría de los países tienen leyes de plazos.
Con la aprobación del anteproyecto de Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, el Gobierno endurece el aborto en España con una norma más restrictiva que la ley de 1985 al eliminar las malformaciones del feto como supuesto y exigir un informe de dos médicos distintos (en vez de uno) para demostrar que el riesgo para la mujer supone un "menoscabo importante y duradero" para su salud.
El Gobierno del PP ha eliminado, además, el tercer supuesto de la ley del aborto de 1985 que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformaciones y solo permitirá el aborto en caso de que una "anomalía fetal incompatible con la vida" cause riesgo psicológico a la mujer.
Se entenderá que hay una "anomalía fetal incompatible con la vida" cuando haya riesgo de "muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la superviviencia pueda ser mayor".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que la reforma del aborto "cumple con un compromiso electoral" y recupera el "equilibrio" establecido por la doctrina del Tribunal Constitucional al "proteger la vida del concebido y no nacido como bien jurídico".
Gallardón ha subrayado que en "el supuesto dramático del aborto la mujer nunca es culpable, siempre es víctima" y ha destacado que la nueva ley no contemplará ni penas de cárcel ni multas para las mujeres que interrumpan su gestación fuera de los supuestos.
Violación y riesgo para la salud de la madre
En caso de violación, la mujer podrá abortar dentro de las 12 primeras semanas siempre que exista una denuncia previa de la agresión sexual.
En el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica se podrá abortar hasta la semana 22 siempre que el daño esté acreditado por dos médicos especialistas en la patología que genere el riesgo para la vida o la salud de la mujer ajenos al centro donde se practique la interrupción. En caso de riesgo vital no serán necesarios los informes.
Gallardón ha subrayado que el "grave peligro" para la mujer tendrá que suponer "un menoscabo importante y duradero" en su salud que no se pueda solucionar "desde el punto de vista médico de ninguna otra forma" que no sea el aborto.
Riesgo psicológico si hay malformación
La nueva ley del aborto eliminará la posibilidad de abortar en caso de malformaciones si estas no provocan la muerte del bebé. Gallardón ha subrayado que ya no se podrá alegar la existencia de una discapacidad para interrumpir voluntariamente el embarazo aunque "esta circunstancia podrá ser tenida en cuenta si causa un grave daño físico o psicológico a la madre", según recoge la referencia del Consejo de Ministros.
La futura ley solo prevé que se pueda abortar si una "anomalía fetal incompatible con la vida" causa riesgo psicológico en la mujer. En ese caso, ha explicado el ministro, será necesario un informe sobre la salud de la madre y otro informe sobre el feto.
En el caso de este último, debe "quedar probada dicha anomalía conforme a lo establecido por la comisión de bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como aquella que aparezca relacionada con la muerte del feto en el periodo prenatal".
Parto inducido a partir de la semana 22 de gestación
Más allá de la semana 22 solo se podrá abortar cuando haya riesgo vital para la madre o cuando exista riesgo psicológico por una anomalía fetal incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes.
En el resto de casos, cuando exista riesgo para la salud de la madre se practicará un parto inducido a partir de la semana 22, ya que se entiende que a partir de esta fecha el feto puede ser viable.
La ley de 1985 establecía tres supuestos para poder abortar: en cualquier momento si existe "un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada"; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto va a nacer con "graves taras físicas o psíquicas".
La ley de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente en vigor hasta que el Parlamento no apruebe la nueva permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".
Un juez decidirá si hay conflicto con las menores
Uno de los aspectos más polémicos de la ley de 2010 es que permite a las menores de 16 y 17 años decidir sobre su aborto. No necesitan el consentimiento paterno. Solo están obligadas a informar a sus padres y solo si no hay riesgo de provocar "un conflicto grave" o peligro de maltrato o coacciones.
El anteproyecto de ley de Gallardón establece que todas las chicas de entre 16 y 18 años deben contar con el asentimiento de los padres o tutores. En caso de conflicto será el juez el que decida si el consentimiento de la menor es válido salvo que "constante su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés".
En el caso de las menores de 16 años será necesario el consentimiento de los padres y la manifestación de la voluntad de la menor, "para lo que se atenderá a su edad, madurez y circunstancias". En caso de desacuerdo, volverá a ser el juez el que decida.
La ley también regulará la objección de concienciade cualquier profesional sanitario. Tendrá que comunicar su posición por escrito al director del centro donde trabaje dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él.
Los últimos datos indican que en 2011 se registraron un total de 118.359 abortos, 12 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, según los datos recogidos por Efe.
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