Castilla y León recurre ante la justicia el copago farmacéutico en hospitales

• La Junta recurre "ante la respuesta negativa del Ministerio al requerimiento"
• Solicita que el copago se suspenda en todo el Sistema Nacional de Salud
• Andalucía también recurre ante la justicia el copago en farmacias de hospitales

El consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revoque o anule el copago en las farmacias de los hospitales aprobado por el Gobierno después de haber recibido una respuesta negativa por parte del Ministerio de Sanidad a su requerimiento.

"Ante la respuesta negativa del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado el pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla y León ha decidido emprender acciones judiciales para solicitar la paralización de esta medida", ha explicado este viernes la Junta en un comunicado.

La Junta precisa en su recurso que "solicita como medida cautelarísima la suspensión de la Resolución de 10 de septiembre de 2013, por tratarse de circunstancias de especial urgencia" y considera además que la suspensión debería producirse en todo el Sistema Nacional de Salud.

"Impedir" la aplicación del copago el 1 de enero

El recurso advierte "las dificultades para implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre las distintas comunidades", ha argumentado la Junta.

"No se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea", ha añadido al respecto.

Por ello, "vista la cercanía de esa fecha y a los efectos de impedir el inicio de la aplicación a fecha 1 de enero de 2014, así como su aplicación por cada comunidad autónoma de modo divergente, es imprescindible la inmediata adopción de la medida cautelar", ha subrayado el Ejecutivo de Castilla y León.

"La aplicación de la resolución generará distorsiones y desigualdades en el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en los hospitales, distintas aportaciones en función del medicamento elegido, pudiendo influir incluso en los criterios de selección del médico en función de la situación económica de cada paciente", ha advertido.

Pacientes que no pueden abandonar sus medicamentos

La Junta ha cuantificado en 8.453 el número de pacientes afectados en Castilla y León por esta medida, con un impacto máximo de 200.000 euros anuales, en torno al 0,07% del gasto farmacéutico hospitalario. Por ello, ha considerado que "suspender la aplicación de la Resolución no va a provocar daño alguno".

Al respecto, ha destacado que "ni puede considerarse que tenga una finalidad recaudatoria tendente a mejorar las cuentas públicas en las que los gastos sanitarios son un componente fundamental, ni que tenga una finalidad disuasoria, pues hablamos de pacientes crónicos que no pueden ni deben abandonar sus tratamientos".

Además, en el recurso se considera que la suspensión solicitada como medida cautelarísima debe producir sus efectos en todo el Sistema Nacional de Salud.

De este modo, se solicita también la adopción de medida cautelar al considerar infracción del principio de igualdad en la prestación farmacéutica para todos los ciudadanos en todo el Sistema Nacional de Salud, "infracción que se deriva de la falta de certeza de la fecha de implantación de la medida por comunidades autónomas".

"La Resolución es nula de pleno derecho al haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente" y "por carecer del rango normativo exigido", ha concluido la Junta.

Andalucía también recurre el copago en hospitales ante la justicia

Al igual que Castilla y León, Andalucía, que ya había mostrado su rechazo a la medida, ha presentado un recurso contencioso-adminitrativo en contra del copago en las farmacias de los hospitales. Así lo anunció este jueves la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía,  María José Sánchez Rubio, que explicó que dicho recurso se presentó el pasado  18 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras informar sobre  el decreto ley de medidas urgentes para la Lucha contra la Exclusión  Social, la consejera ha considerado que es "injusta" porque "rompe con los  principios de equidad del sistema sanitario", sobre todo, "para  aquellas personas con enfermedades crónicas o muy graves", y que  "supondría un menoscabo importante de su salud en el caso de que  estas personas dejaran el tratamiento".

Por otra parte, la consejera asegura que "no es una medida que  tenga que ver con un ahorro", porque el estudio previo hecho por una  comisión de farmacia dentro del Consejo Interterritorial de Salud,  "decía que el posible ahorro en mínimo, en torno a 1,7 millones en  todo el país".

Por tanto, Sánchez Rubio insiste en que "no están de acuerdo" con  el copago farmacéutico hospitalario, que "se ha recurrido ante el  contencioso administrativo", y el cual "no se va a aplicar, a no ser  que nos veamos absolutamente obligados a hacerlo", concluye.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguró el mismo  día en que estaba previsto aplicar la medida, el 1 de octubre, que el  copago en las farmacias de los hospitales se aplicaría cuando las autonomías estuvieran preparadas y mencionó entonces varios plazos, entre ellos el mes de enero como el más dilatado en el tiempo.