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Ruz ordena cruzar los datos del registro del PP con los de la empresa que reformó la sede

  • El juez interrogará al presidente del Parlamento valenciano el día 17 de enero
  • Ante la falta de respuesta a su requerimiento para fijar el lugar del interrogatorio

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Cotino instala un crucifijo en la Mesa de las Cortes valencianas
Juan Cotino en una imagen de archivo, jura como presidente de las Cortes de Valencia.

El juez Pablo Ruz tomará declaración como testigo al presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino el próximo 17 de enero en su despacho oficial al no haber recibido respuesta a su requerimiento para fijar el lugar del interrogatorio en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del PP.

Ruz ha adoptado esta decisión en una providencia dictada este lunes al no haber obtenido respuesta de Cotino, exdirector general de la Policía, a ese requerimiento en el que le preguntaba si deseaba ser interrogado en su despacho oficial o en otro habilitado al efecto en la sede de Les Corts o en la Audiencia Nacional en relación con el caso Bárcenas.

La declaración de Cotina se llevará a cabo a las 12:00 horas del 17 de enero, pero antes, a las 10:00 horas, el juez tomará declaración como imputado a Vicente Cotino, sobrino del presidente de Les Corts y administrador único de Asedes Capital y de Sedesa, también en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP.

Declaraciones de empresarios imputados

El día anterior, tomará declaración a las 12.00 horas en la Audiencia Nacional a Ramón Aigé (presidente de Sorigue-Acsa) y el 15 de enero a las 13.30 será el turno de otro empresario imputado en relación a la investigación de la supuesta contabilidad B del PP, Antonio Pinal Gil (consejero delegado de Bruesa).

Con esta providencia, Ruz ha fijado la toma de declaración de Juan Cotino y ha modificado ligeramente las citaciones de estos tres empresarios que fueron imputados el pasado 4 de diciembre en un auto en el que Ruz imputó a otros diez empresarios al admitir parcialmente la ampliación de la querella que IU interpuso en febrero a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas y que se sumaban a los siete ya imputados.

En este mismo auto, Ruz encarga a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que analice la documentación que será recabada a través del Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda sobre las empresas Generale des Eaux, Dregemont Iberia, Cyopsa-Sisocia, Grupo Romero Polo, Asedes Capital, Licuas, Bruesa y Sorigue Acsa para que lo una al informe que ésta elaborando sobre la diferentes mercantiles investigadas en la causa.

El juez ordena cruzar los datos del registro

Además, el juez Ruz ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que cruce los datos obtenidos en el registro realizado el pasado 19 de diciembre en la sede del PP con los documentos contables incautados en la empresa del arquitecto que reformó la sede del Partido Popular en Madrid.

"Líbrese oficio a la unidad policial actuante a fin de que la documentación y efectos informáticos intervenidos sean analizados conjuntamente con la totalidad de los efectos intervenidos como resultado de la diligencia de entrada y registro practicada en la sede de la sociedad Unifica", señala Ruz en una providencia dictada este mismo lunes.

El instructor de la causa sobre la supuesta contabilidad B del PP envió el pasado 19 de diciembre a la policía a la sede del PP, sita en la calle Génova de Madrid, en el marco de la investigación abierta para determinar si los populares pagaron en negro al arquitecto Gonzalo Urquijo -propietario de la empresa Unifica- parte de las obras de reforma del edificio.