El consorcio del Canal asegura que ellos son "la solución y no el problema" para la ampliación

• Para el Consorcio la ACP no es consecuente con su propuesta inicial
• La Autoridad habla de medida de "presión" para negociar "fuera del contrato"
• La ministra de Fomento, Ana Pastor, viajará a Panamá para mediar en el conflicto

Vista general de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la ampliación del Canal de Panamá y enfrentado a la administración de la vía acuática por un conflicto contractual, ha afirmado en una entrevista concedida a Efe que es "la solución, no el problema", y que sus reclamos millonarios son justos y apegados a la realidad del proyecto.

En un cuestionario electrónico contestado por Paolo Moder, miembro de la Junta Directiva de GUPC, el consorcio denuncia el "doble discurso" de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y niega que busque "negociar fuera del contrato" unos "sobrecostos" que ha cifrado en más 1.600 millones de dólares.

"Nos sorprende el doble discurso que sigue (la ACP). Por un lado, los miembros de la administración van a reuniones y se muestran receptivos a llegar a puntos de acuerdo. Sin embargo, cuando llega la hora de cerrar el acuerdo, siempre dentro del contrato, la ACP no es consecuente con la primera propuesta", ha afirmado Moder, que ha reiterado que el consorcio "no puede continuar una obra en la que se proyecta 1.600 millones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas".

Mantener el equilibrio contractual

"La ACP solamente está pagando los costos iniciales del contrato sin llegar a un acuerdo justo, equilibrado y público, para evitar que, como en otras ocasiones, al final no se cumplan los términos pactados (...) que obligan a la ACP a mantener el equilibrio contractual como consecuencia de situaciones imprevistas", ha dicho Moder.

El GUPC, que lidera la española Sacyr e integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha apelado a una cláusula del contrato para anunciar esta semana que paralizará los trabajos de ampliación a partir del 20 de enero si la ACP no reconoce sus reclamos económicos.

“La ACP habla de presión para negociar fuera de contrato“

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha dicho que esa es una medida de "presión" para obligarlo a negociar "fuera del contrato" los supuestos sobrecostos que, además según el alto funcionario panameño, no están justificados debidamente.

Quijano reveló el jueves que la ACP ha pagado 2.000 millones de dólares al consorcio. Si la ACP no reconoce los argumentos del consorcio y se rescinde el contrato, "deberá buscar un contratista para que finalice la obra", según lo establece el acuerdo.

"El problema que se plantea es que esa solución siempre será más cara y la finalización del proyecto se prolongará sustancialmente, impactando a la economía panameña. En este punto, mientras que el administrador habla de presiones, nosotros estamos convencidos de que somos la solución, no el problema", ha resaltado Moder.

Escasez de material y retrasos burocráticos

El Grupo, del que forma parte Sacyr, se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas, un costo "200 millones por debajo del precio establecido por la ACP en la licitación pública", según ha recalcado Moder.

"Los costos presentados fueron reales, en base a la información entregada por la ACP. Los sobrecostos tienen que ver con situaciones que se presentaron tras el comienzo de la obra y que no estaban contemplada en esa información", ha añadido.    Entre esas situaciones ha citado "la información entregada por ACP sobre el basalto como material base para producir concreto, que indicaba que se contaba con la calidad y cantidad necesaria", pero "al realizar los estudios profundos y empezar los trabajos, GUPC se percata de la baja calidad de dicho material".

"Fuimos capaces de presentar una fórmula que igualaba o superaba las expectativas que la propia ACP fijó en el contrato (...) sin embargo, ACP tardó siete meses en aprobarlo, lo que supuso un quebranto económico para GUPC, que tenía una maquinaria totalmente funcional pero parada a causa de la falta de decisión de la administración", ha dicho Moder.

La ACP ha dicho que el GUPC ha presentado varias reclamaciones, entre ellas una en 2012 por "585 millones de dólares", que rechazó y por eso pasó a la llamada Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) donde permanece, y otra el pasado 23 de diciembre por "900 millones de dólares", que aún no ha podido entrar en estudiar porque le falta "mucha información".

“La ACP no quiere tomar decisiones“

La tercera instancia de reclamos que prevé el contrato es el arbitraje internacional, hasta donde no ha llegado aún ninguna petición del consorcio.    "El problema surge por la burocrática gestión de la administración (de la ACP). No quiere tomar decisiones y la primera instancia de resolución de diferencias no se usa", ha explicado Moder.

La segunda instancia "solo se usa para retrasar el procedimiento y no para llegar a ningún tipo de acuerdo, que es el espíritu de estas instancias. Sin embargo, genera una importante pérdida de tiempo que afecta al proyecto y a la situación financiera del contratista", ha añadido.

El "GUPC aspira a que la administración (de la ACP) reconozca los argumentos que hemos planteado (...) aspiramos a que esta revisión" de los reclamos económicos "no se dilate, como ha sido el actuar de la administración en los últimos meses, una situación que ha provocado serios compromisos económicos al consorcio", ha dicho Moder.

"Una situación totalmente novedosa"

El miembro de la junta directiva del GUPC ha afirmado que "la ACP es una institución muy sólida, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario en la administración del Canal pero se está enfrentando a una situación totalmente novedosa, ya que un proyecto de construcción de estas características es totalmente diferente al trabajo que ha desarrollado hasta ahora".

"El nuestro es sólo uno de los proyectos de construcción relacionados con la ampliación que tiene problemas y que ha aparecido en los medios", ha agregado, sin más detalles.

El GUPC, que lidera la española Sacyr e integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha apelado a una cláusula del contrato para anunciar esta semana que paralizará los trabajos de ampliación a partir del 20 de enero si la ACP no reconoce sus reclamos económicos.

Mediación internacional

Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que viajará a Panamá para reunirse con el presidente del país, Ricardo Martinelli, y con el resto de partes implicadas en el conflicto del Canal de Panamá para "ayudar y mediar" en la búsqueda de un acuerdo.

La visita ha sido anunciada por el presidente de Panamá tras mantener una reunión "muy amistosa" en la sede del Gobierno con el embajador de España, Jesús Silva, y con el encargado de negocios de la embajada italiana, Massimo Tudini. Pastor también se reunirá con el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y con su administrador, Roberto Roy y Jorge Quijano, respectivamente.