La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Oriol Pujol por cohecho en el 'caso de las ITV'

• Oriol Pujol habría pedido 30.000 euros a un empresario por favorecerle
• Fue en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008
• Oriol Pujol ya estaba imputado por tráfico de influencias en este caso

La Fiscalía pide imputar un delito de cohecho a Oriol Pujol

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impute por un presunto delito de cohecho a Oriol Pujol Ferrusola, ex secretario general de Convergència Democràtica de Catalulunya (CDC) y actual diputado de CiU en el Parlament, al entender que solicitó 30.000 euros a uno de los empresarios  implicados en la trama de las ITV a cambio de votar a favor de sus  intereses.

El caso de las ITV investiga una red que presuntamente amañaba la concesión de inspecciones de vehículos en esta autonomía. Oriol Pujol ya está imputado en este caso por un presunto delito de tráfico de influencias, lo que le obligó a dejar su cargo de secretario general de CDC y presidente de CiU en la Cámara catalana.

Según han informado fuentes de la Fiscalía, el posible delito que se atribuye a Oriol Pujol fue cometido durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Industrial publicada en el Boletín Oficial del Parlament el 23 de julio de 2008.

Junto al parlamentario mencionado también aparecen implicados su mujer, Ana Vidal Maragall,  y los empresarios Ricard Puignou Vigo y Sergio Alsina Jiménez.

Esta nueva línea de investigación abierta por la Fiscalía se desprende de una información descubierta a lo largo de la instrucción que apuntaría que Oriol Pujol habría pedido 30.000 euros al empresario de las ITV imputado Ricard Puignou a cambio de votar a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial, que el Parlament aprobó en julio de 2008.

Los últimos informes elaborados por la Agencia Tributaria sobre la  trama de las ITV, contienen un análisis de los correos electrónicos  que se intercambiaron los empresarios y políticos imputados en el caso,  que investiga el magistrado del TSJC Enric Anglada.

En un informe se alude a un correo electrónico en el que Alsina habría propuesto a  Puignou el pago de 30.000 euros para influir presuntamente en Oriol  Pujol y CiU de forma que presentaran enmiendas, a favor de sus  intereses, al proyecto de Ley de Seguridad Industrial que planteaba el  tripartito.

En uno de los correos analizados, uno de los  empresarios involucrados en la trama se refirió a una reunión entre  Puignou y Oriol Pujol con la expresión: "Harán campaña mediática y,  aunque no mandan, piden 30.000 euros",  de lo que la Agencia Tributaria  infiere que la cantidad mencionada correspondería a honorarios por las  gestiones realizadas para influir en la tramitación de la Ley de  Seguridad Industrial.

Pujol, imputado por tráfico de influencias

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) recibió un informe de la Agencia Tributaria que concluía que los empresarios investigados tenían intención de "crear un entramado societario" que dificultara "el conocimiento de la identidad de los verdaderos partícipes", entre ellos, el propio Oriol Pujol, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Hacienda incorpora en sus informes un apartado con documentos incautados  que apuntan a que Oriol Pujol sería también "propietario o beneficiario  de, al menos, una de las sociedades que figuran a nombre de su cónyuge,  Anna Vidal Maragall", Serveis i Participació nova D.S.L.

Esta petición de la Fiscalía se uniría al de tráfico de influencias que ya se le atribuye, por intentar amañar el mapa de adjudicaciones de ITV en Cataluña.

El TSJC ya vio indicios de que el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se aprovechó de su peso político -sobre todo como presidente de CiU en el Parlament- "con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos colaboradores" dentro de esta presunta trama para la concesión irregular de estaciones de ITV.

El magistrado que lleva el caso de las ITV deberá decidir ahora si abre  una pieza separada para indagar en el delito de cohecho que la Fiscalía  atribuye a Oriol Pujol o si opta por mantener esa nueva línea de  investigación dentro de la causa principal, han informado fuentes  judiciales.

Pujol, que a raíz de su imputación delegó sus  funciones como secretario general de CDC, ya declaró ante el juez del  TSJC el pasado mes de abril, y deberá hacerlo de nuevo si prospera la petición de la  Fiscalía para que se le impute también un delito de cohecho.

Convergència niega que Pujol recibiera dinero

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha asegurado este lunes que Oriol Pujol nunca percibió contraprestaciones económicas por un voto en el Parlament en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial.

Así ha reaccionado CDC al escrito que el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pide la imputación de Pujol por un delito de cohecho, al entender que solicitó 30.000 euros a uno de los empresarios implicados en la trama de las ITV a cambio de votar a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial.

En un comunicado, el partido liderado por Artur Mas ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial de la petición de imputación y que toda la información de la que disponen es la que ofrecen los medios de comunicación.

Ante las nuevas acusaciones, CDC ha reiterado la "absoluta inocencia de Oriol Pujol Ferrusola, que nunca solicitó ni mucho menos percibió ninguna prestación -económica o no económica- a cambio de una votación en el Parlament durante la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial".

CDC ha remarcado que la citada ley se aprobó en 2008 durante el gobierno tripartito de PSC, ERC e ICV y que en este momento CiU estaba en la oposición, de manera que los votos de los diputados de la federación no eran necesarios para aprobar la normativa.

En el comunicado, tanto CDC como Oriol Pujol se ponen a disposición de la justicia para esclarecer cualquier información relacionada con el caso.