Andalucía pide al TC que levante la suspensión de la ley de expropiación hasta que se pronuncie

• Critica que el Gobierno haya presentado un recurso a su ley
• Dice que así se desprotege los derechos de las familias trabajadoras

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) que levante la suspensión cautelar de la Ley de la Función Social de la Vivienda hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Cortés ha criticado el recurso del Gobierno contra la conocida como Ley Antidesahucios andaluza porque se ha presentado "por las bravas" y sin explicación por parte de ningún ministro o del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En este sentido, ha cuestionado por qué el Gobierno ha pedido la suspensión cautelar de artículos de la Constitución que reconocen derechos de la ciudadanía y de las familias trabajadoras.

A su juicio, el Gobierno ha presentado el recurso porque la ley andaluza "funciona y por la capacidad de alternativa de la democracia andaluza y del pueblo andaluz", y lo ha hecho "a las puertas del 28 de febrero", cuando la sociedad andaluza celebra la "conquista en la calle" de su autonomía plena.

"No sé si es que Rajoy 'ningunea' a la autonomía andaluza", ha apostillado la consejera, que ha recordado que planteó al Gobierno dialogar "antes de ir a los tribunales y plantear la suspensión cautelar", lo que, para ella, supone que está "en contra de las familias y a favor de los especuladores y las entidades financieras".

La Junta dice que la suspensión "desprotege los derechos de los trabajadores"

Por ello, ha adelantado que, "de manera inmediata", la Junta de Andalucía va a plantear al TC que levante la suspensión cautelar, por cuanto "desprotege de manera masiva los derechos de las familias trabajadoras", así como que "no agote los cinco meses de plazo que tiene para decidir si la levanta o no".

Entre los argumentos del Gobierno andaluz, estará la comparación con la Ley de Vivienda de Cataluña, que permite a los ayuntamientos sancionar a las viviendas vacías y que no ha sido recurrida por el Gobierno.

Se ha preguntado Cortés "cómo es posible que sea perfectamente constitucional que se haga en Cataluña y que sea inconstitucional que se haga en Andalucía".

Respecto a las expropiaciones y expedientes que están en marcha, Cortés ha especificado que la suspensión cautelar no afecta a las dos ya culminadas, pero sí a las 37 publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En estos casos, ha asegurado que la Junta va a seguir tutelando el derecho a la vivienda de esas familias y que remitirá un escrito a los juzgados que llevan estos expedientes para que no ejecute el desahucio hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la Ley de la Vivienda andaluza.