Luz verde al proyecto de racionalización del sector público, que elimina trabas y cierra 1.857 empresas

• En 2012 se consiguió un ahorro de 30.000 millones en gasto público
• El Gobierno aprueba el régimen jurídico para liquidar los consorcios

Luz verde al proyecto de racionalización del sector público, que elimina trabas y cierra 1.857 empresas

El Gobierno ha aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros el proyecto de ley de racionalización del sector público, así como otras medidas de reforma administrativa, según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior.

Sáenz de Santamaría ha explicado que con la nueva norma se eliminan "trabas innecesarias" y se consigue ahorrar a través de una racionalización que incluye el cierre de 90 entidades empresariales del Estado, 751 de las comunidades autónomas y 1.016 locales. Algunos de estos cierres ya se han llevado a cabo y otros están en proceso de ejecución.

De forma global, en 2012 se llevó a cabo un ahorro global de 30.000 millones de euros, según ha confirmado la número dos del Gobierno, de los cuales 10.000 se han dedicado a prestaciones por desempleo y al pago de intereses de la deuda soberana, ha detallado.

La vicepresidenta también ha informado de que en los primeros seis meses de reforma de las administraciones públicas se ha logrado reducir el tiempo medio de pago a sus proveedores de 37 a 35 días en el último trimestre.

En seis meses, se han puesto en marcha todas las medidas del informe de la CORA, y 44 de ellas ya están completamente finalizadas -lo que supone un 20%- y el resto se encuentra en fase de ejecución.

Régimen jurídico sobre consorcios

Dentro de este proyecto, el Gobierno también ha aprobado un régimen jurídico sobre los consorcios relacionado con sus efectos, liquidación y plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio.

En la futura ley de régimen jurídico se incluirá un régimen jurídico integral (creación, adscripción, funcionamiento y disolución) y básico referido a los consorcios que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Se va a reforzar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), que evalúa la calidad del sistema universitario y el profesorado, y pasa a constituirse como organismo público.

También se fusionará el Instituto Nacional de Consumo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y se refuerza el Instituto Nacional de la Mujer, en el que el Consejo Rector se sustituirá por una comisión interministerial.

Se regulará asimismo una licencia deportiva única, que permitirá a su titular participar en cualquier competición oficial sea cual sea su ámbito territorial, y se introducen cambios en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) para configurar un tablón único de edictos.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado.

Moncloa también ha tramitado también un informe sobre el anteproyecto de ley que modifica la ley de responsabilidad medioambiental, que aspira a potenciar la prevención de riesgos ambientales y a valorar posibles daños y amenazas de un operador al medio ambiente.

En el marco de los cambios que está impulsando en la administración, el Gobierno tramitó el anteproyecto de ley de racionalización del sector público el pasado mes de septiembre, y ha sido este viernes cuando ha vuelto a la mesa del Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.