La Autoridad del Canal de Panamá se reúne con la aseguradora del proyecto de ampliación
- Tratarán el pago de los 600 millones de fianza para seguir ellas con las obras
- Los trabajos siguen pese al vencimiento del plazo marcado por las empresas
La atención en torno a la ampliación del Canal de Panamá se centra ahora en la cita con la aseguradora del proyecto, Zúrich, anunciada por el administrador de la ACP, Jorge Quijano, el jueves pasado, cuando señaló que esta semana sería decisiva para definir la solución a esta crisis.
Después de que la parte parte panameña descartara una mediación de la Comisión Europea (CE), este martes se celebrará una reunión con la firma depositaria de la fianza de 600 millones de dólares que respalda el proyecto.
El conflicto se ha abierto cuando el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), adjudicatario de la obra y liderado por la española Sacyr y la italiana Salini Impregilo, ha reclamado 1.600 millones de dólares extra para continuar con la obra, atribuidos a "imprevistos" que le han dejado sin liquidez, pero que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce.
Quijano ha dicho que el contrato firmado por las partes establece que en caso de que el consorcio abandone las obras, las mismas pueden ser asumidas directamente por la aseguradora, o esta puede pagar la fianza a la ACP, que tomaría el control y, a través de subcontratistas, terminaría el proyecto.
Posible acuerdo con la aseguradora
La decisión que puede salir del encuentro de este martes con la aseguradora es incierta, aunque Quijano ha sostenido que la cita forma parte de la preparación de la ACP para enfrentar cualquier eventualidad "y garantizar la continuidad de las obras.
Por ahora, no ha tenido lugar el paro total de la construcción del tercer juego de esclusas del Canal -anunciado para este lunes por el consorcio en un preaviso el pasado 30 de diciembre-, aunque el GUPC ha aclarado que podía tomar esa medida "en cualquier momento".
La ACP sostiene que la notificación de suspensión "es inválida" porque está basada en una cláusula que no aplica al caso, y que la bajada del ritmo de trabajo en el proyecto, de al menos un 70% según sus cálculos, carece de "justificación".
La Autoridad del Canal además ha reclacado este lunes que el contrato vigente "excluye la intervención de terceros", por lo que ha rechazado una mediación de la Comisión Europea solicitada -según Bruselas- por las empresas europeas del consorcio.
"En el caso de ofrecimientos de mediación, la ACP reitera que el contrato del tercer juego de esclusas ya tiene los mecanismos de resolución de disputas, y ninguno incluye la intervención de terceros. Esto se debe atender de acuerdo con lo que dice el contrato", dijo la ACP en una breve declaración enviada a Efe.
El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria, Antonio Tajani, aceptó el domingo actuar como mediador en la disputa, y se había planteado intentar "encontrar una solución satisfactoria para todas las partes", según aseguró en una entrevista este lunes en RNE.
Dos semanas de reuniones
En el marco de las negociaciones emprendidas por las partes el pasado día 7, la ACP ha propuesto un desembolso conjunto de 200 millones de dólares (100 millones de un adelanto suyo y otros 100 millones aportados por el GUPC), además de una moratoria de dos meses en el pago de un anticipo 83 millones de dólares otorgado anteriormente al consorcio empresarial.
El GUPC, por su parte, ha informado que ha planteado que la ACP pague 400 millones de dólares y el GUPC otros 100, mientras que Impregilo difundió a través de los medios una propuesta que implicaba que la Autoridad desembolsara entre 500 y 1.000 millones de dólares.
El administrador del Canal de Panamá ha rechazado ambas propuestas de las empresas por estar "fuera de contrato" y ha señalado que ha desembolsado 2.831 millones de dólares, 784 millones en anticipos reembolsables y otros 160 millones en costos adicionales.
El GUPC obtuvo el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas en 2009 por valor de 3.118 millones de dólares, por debajo de los 3.481 millones de dólares establecidos por la ACP como precio máximo.
Las nuevas esclusas debían estar listas en octubre de este año pero se retrasarán a junio de 2015, según avisó el contratista el año pasado, y se teme un nuevo aplazamiento de la entrada en operaciones por el actual conflicto