Castilla-La Mancha recurrirá la sentencia que le obliga a readmitir a 400 interinos

• La justicia da la razón a los sindicatos y pide restituirlos y pagarles atrasos
• El Ejecutivo: la decisión "podría hacer inútiles los esfuerzos" de los ciudadanos

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a readmitir a unos 400 interinos despedidos en agosto de 2012 y a pagarles el dinero que han dejado de percibir.

El Ejecutivo regional ha anunciado su recurso de casación contra la sentencia del tribunal autonómico, que ha dado la razón a los sindicatos UGT y STAS contra la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban ocupadas por interinos.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y, además, vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos.

Esta medida podría tener un impacto de unos 13 o 14 millones de euros en las arcas públicas, según ha indicado a Efe Gustavo Fabra, responsable de funcionariado del STAS.

El Gobierno castellanomanchego ha manifestado que respeta pero no comparte la sentencia, que sostiene que se vulneró el derecho a la libertad sindical, pues la negociación sobre la supresión de plazas no fue real, sino un trámite.

El TSJ expone que, aunque en la Administración no está obligada a llegar a acuerdos durante la negociación, el derecho de los sindicatos a la negociación "no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional".

Según los magistrados, a los sindicatos se les dio poco tiempo para preparar la reunión y no se les dio ocasión de alegar o exponer razones que pudieran ser atendidas, lo que pone de manifiesto "la ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz".

Impacto sobre los "esfuerzos" realizados por los castellano-manchegos

El Ejecutivo autonómico ha advertido de que esta decisión "podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas" de la comunidad autónoma "y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellanomanchegos".

El Gobierno ha recordado el clima de tensión en que se desarrolló la negociación, con concentraciones en la puerta del recinto en que se llevó a cabo, y que, según la Junta, hizo necesaria "la intervención de agentes de seguridad para garantizar la continuidad de la reunión, tras los capítulos violentos que se producían en el exterior".

También ha apuntado que, en contra de lo sostenido por el fiscal inicialmente, en el informe de conclusiones del 25 de octubre del pasado año el fiscal superior de la región señalaba que los indicios apuntados por los sindicatos "no habían sido acreditados o no tenían la suficiente entidad para concluir en la vulneración del derecho fundamental denunciado".