El Consejo de Europa desaprueba que se deniegue la sanidad a inmigrantes irregulares

• Asegura que la crisis no debería suponer una merma de derechos
• Cree que la medida es "regresiva" y que afecta a un grupo "vulnerable"

Un inmigrante acude a un centro de salud.

El Consejo de Europa considera contrario a su convención el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, aprobado por el Gobierno en abril de 2012, por el que se deniega el acceso a asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular en España mayores de 18 años.

En este sentido, recuerda que los estados firmantes de la carta del Consejo de Europa se han comprometido a garantizar a los extranjeros pertenecientes a países fuera del Consejo de Europa los derechos recogidos en la carta, o bien ratificando convenios sobre derechos humanos, en particular la Convención Europea de Derechos Humanos, o bien adoptando la legislación nacional.

Además, rechaza en un informe de 2014 la justificación que da el Ejecutivo Español en relación a que la crisis económica hace necesario desarrollar esta medida, puesto que considera que esta coyuntura no debería suponer una reducción de los derechos reconocidos por la convención.

Igualmente, añade que, incluso teniendo en cuenta el particular contexto generado por la crisis económica, los gobiernos deben analizar los efectos de las medidas aprobadas en los grupos más vulnerables.

Cree que la medida es "regresiva"

"En cualquier caso, y dada la complejidad de las medidas para reorganizar el sistema de salud, la crisis económica no puede servir como pretexto para restringir o denegar el acceso al sistema sanitario que afecta de una manera muy sustancial a estos derechos", añade.

Pese a la "regresiva legislación" desarrollada en relación al acceso a la sanidad de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país, el Consejo de Europa no puede concluir en un incumplimiento por parte de España porque el informe analiza el periodo 2008-2011 (el decreto corresponde a abril de 2012).

Sin embargo, advierte de que si se mantiene esta legislación, en el próximo informe no se podrá considerar que es conforme a las normas del Consejo de Europa ratificadas por España.