La juez de los ERE dice que una "estructura piramidal" de la Junta dio las ayudas ilegales

• Alaya rechaza abrir piezas separadas del caso para cada ayuda investigada
• Lee el auto de la juez en el que habla de la "estructura piramidal" (.pdf)

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha afirmado en un auto que la causa no puede separarse en piezas para cada ayuda investigada porque el "sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas" fue obra de una "estructura piramidal de cargos políticos y técnicos de la Junta".

La instructora rechaza la petición de Encarnación Poto Monge, presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO) de abrir una pieza para cada ayuda porque ella tiene todos sus bienes embargados y con objeto de no dilatar en el tiempo una investigación que acumula un centenar y medio de imputados.

La juez responde que esta imputada, "lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como 'trama política', se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones".

La empresaria conocía, indiciariamente, que las subvenciones "se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, o por el órgano que las concedía el fin público o el interés social de tales ayudas públicas".

Entiende la magistrada que la causa de los ERE no se puede escindir "pues en cada expediente de subvenciones podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía que, en estructura piramidal, serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años".

También es única la responsabilidad de "los intermediarios que, alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés".

Por ello, según la instructora, "hasta la fecha no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma" en una posición confirmada por la Audiencia Provincial en diciembre pasado.

Además, Alaya reprocha a la dueña de ACYCO que las ayudas que recibía "se imponían como parte de una estrategia empresarial, sobre la seguridad que se iba a disponer de tales fondos públicos".