El informe policial de seguridad recomienda que la infanta acceda al juzgado en coche en vez de a pie

• El juez decano de Palma deberá decidir cómo accede la hija del rey
• La infanta proyecta llegar a Baleares el día de su declaración el 8 de febrero
• El juez Castro autoriza que el Frente Cívico de Anguita sea acusación popular

La Policía Nacional recomienda que la infanta Cristina no baje la rampa a pie por seguridad

La Policía Nacional recomienda que la infanta Cristina acceda en coche en vez de a pie a los juzgados de Palma el próximo día 8 de febrero, cuando ha sido citada para comparecer ante el juez del caso Nóos, José Castro, para declarar en esta causa judicial.

El informe policial, al que ha tenido acceso TVE, cree que por razones de seguridad la hija del rey debería acceder en su vehículo por la rampa habitual de entrada a los juzgados de instrucción de Palma los días no laborables, y de esta forma mantendría el dispositivo habitual que tiene en sus desplazamientos como miembro de la Casa Real.

Los responsables policiales del dispositivo de seguridad llegan a esta conclusión en el documento que han presentado este jueves ante el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, a quien corresponde decidir sobre las condiciones en que se celebra la declaración de doña Cristina.

La infanta Cristina proyecta llegar a Palma el mismo día de su declaración judicial y su recorrido hasta el edificio judicial también forma parte del dispositivo montado por las fuerzas de seguridad para velar por su seguridad, según recoge EFE que cita a fuentes del caso.

Con este fin, representantes de la seguridad de la Casa Real, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Palma se reunieron el pasado lunes en la capital balear para preparar el despliegue del próximo 8 de febrero con ocasión de la declaración de la infanta Cristina.

Dispositivo para garantizar la seguridad de la infanta

El juez Castro ha dejado en manos de la Policía la decisión sobre el dispositivo policial que se montará en torno a la declaración de la hija del Rey, sobre el que el pasado lunes el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, adelantó que en cualquier caso se iba a "garantizar la seguridad" de la infanta.

De cualquier forma, el juez decano de los jugados de Palma, Francisco Martínez Espinosa, está a la espera del informe de seguridad que le tiene que presentar la Policía sobre el asunto para autorizar la forma de acceso de la infanta a los juzgados.

En el caso de Iñaki Urdangarin, marido de doña Cristina, el decano autorizó que bajara la rampa de acceso al juzgado en su vehículo, pero después él tomó personalmente la decisión de hacerlo a pie.

En contra de lo que hizo Urdangarin en su primera comparecencia, la infanta no tiene previsto hacer declaraciones a los periodistas en los juzgados, sino que serán sus abogados los que se dirijan a los medios de comunicación tras la comparecencia.

No será grabada en video

Doña Cristina será asistida en su declaración por un equipo jurídico que encabezará el propio Miquel Roca Junyent, conocido jurista y abogado que fue uno de los padres de la Constitución Española de 1978.

La declaración de la infanta no será finalmente grabada en vídeo sino solo en audio, según ha decidido el juez Castro, quien también prohibirá la entrada de teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles para evitar que se capten imágenes de la comparecencia.

La infanta trabaja desde hace unos meses en Ginebra (Suiza), pero hace unos días viajó a Barcelona para reunirse con sus abogados para preparar su declaración ante el juez que investiga el caso Nóos, que la ha imputado por un delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El Frente Cívico de Anguita actuará como acusación popular

Por otra parte, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha accedido este jueves a que la asociación Frente Cívico "Somos Mayoría" (FCSM), que promueve el exlíder de IU Julio Anguita, se persone como acusación popular en la causa.

Según han informado fuentes judiciales, Castro ha dictado una providencia en la que admite que FCSM se incorpore al proceso como acusación popular, una condición con la que ya cuenta el sindicato Manos Limpias.

La entidad liderada por Anguita, que no tendrá que presentar querella ni aportar fianza para poder integrarse en el procedimiento, solicitó su personación el pasado viernes con la intención de defender "los intereses de la ciudadanía que ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos".

El juez instructor de Nóos pidió a la procuradora de FCSM que aportara la documentación relativa a la constitución, estatutos y registro de la asociación con el fin de analizar que cumplía con todos los requisitos para autorizar su personación.

FCSM defendía al solicitar su inclusión que está legitimado para ejercer la "acción popular contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas por los hechos que han motivado esta instrucción", entre quienes se encuentran la infanta Cristina, que declarará el próximo 8 de febrero, su esposo, Iñaki Urdangarin, y el socio de éste en el Instituto Nóos, Diego Torres.

En la instrucción, que analiza una presunta trama corrupta de obtención de fondos públicos dirigida por Urdangarin y Torres, se investigan delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, recuerda la asociación de Anguita.

"El colectivo Frente Cívico 'Somos Mayoría' ha dado ahora el paso de personarse en el denominado caso Nóos ante la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana motivada por la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa, que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público, algo que se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera de oficio a citar a la infanta doña Cristina Federica Borbón Grecia", argumentó la entidad.

A juicio de esta organización, tras la imputación de la hija menor del rey se ha producido una "anómala actuación del fiscal anticorrupción y la Abogacía del Estado" con el propósito de distorsionar el proceso y al margen de "lo que les demandan las leyes en su aplicación al caso concreto".

Manos Limpias, personada también como acusación popular, pidió al juez que no aceptara la solicitud de FCSM por entender que su único propósito era obtener atención mediática.

En su providencia de este jueves, el juez Castro también da cuenta de la oposición de la defensa de Diego Torres a que la declaración de doña Cristina no se registre en vídeo