El Govern recurrirá el auto del TSJ catalán y acusa al PP de imponer el modelo lingüístico balear

• La consellera Rigau ha criticado lo que considera una "extralimitación" del TSJC

La consellera de Educación de Cataluña, Irene Rigau.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegurado que recurrirán el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) según el que, si un alumno lo pide, se deben impartir en castellano el 25% de las clases, y ha acusado al PP de intentar imponer el modelo del PP balear o valenciano.

Rigau ha lamentado en rueda de prensa que "se pretenda imponer en Cataluña, por vía judicial desde el Supremo, el modelo que desde el Partido Popular se está imponiendo en territorios como las Islas Baleares o el País Valenciano".

La consellera ha criticado lo que considera una "extralimitación" del TSJC, porque este "tiene como función hacer cumplir las leyes, no cambiarlas".

También representantes de ERC, ICV-EUiA y la CUP han cargado contra la decisión, mientras que C's ha criticado la "insumisión" de la Generalitat en materia lingüística. 

En un comunicado, la portavoz de ERC y vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, ha tachado de "contradictorio e injusto" que el deseo de una minoría quiera pasar por encima de las leyes de las que se ha dotado la mayoría, vulnerando así, según ha dicho, la legislación catalana y los derechos del resto de la clase. 

La coordinadora nacional de ICV, Dolors Camats, ha instado al Govern a mantener la inmersión lingüística independendientemente de lo que diga el TSJC, y ha reivindicado el éxito del modelo educativo catalán, que permite no separar alumnos en función de su lengua de origen. 

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de EUiA en el Parlament Joan Mena, que ha pedido al Govern que evite que "una imposición jurídica pase por delante de los criterios pedagógicos", y al TSJC que vele primero por los derechos de los niños en vez de por el de las familias. 

Desde la CUP, la diputada Isabel Vallet ha llamado a desobedecer la interlocutoria, desde el punto de vista popular e institucional, porque "es un nuevo ataque contra el país dentro de una ofensiva que afecta a todos los Països Catalans" y en ámbitos más allá del educativo. 

"Insumisión" de la Generalitat

Por su parte, el secretario general de C's, Matías Alonso, ha cargado contra la "insumisión continua" de la Generalitat en materia lingüística,  y ha lamentado que aquellos alumnos que quieren una educación en la que el castellano también sea vehicular tengan que recurrir a los tribunales. 

En esa misma línea, la plataforma Convivencia Cívica Catalana, que ha representado a las decenas de padres que han presentado demandas en los últimos años, abre la puerta a un procesamiento de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por un "delito de desobediencia".

Los promotores de las demandas creen que estas resolucoines son un "paso adelante a favor del bilingüismo"; no obstante, creen que todavía existen aspectos "no conformes a derecho", como es que el porcentaje fijado sea el 25% y no el 50%, como considera que ha reflejado en su jurisprudencia el Tribunal Supremo (TS).