La Guardia Civil dice que Rivas tuvo un presunto "incremento patrimonial ilícito" con los ERE

• Se investiga la relación del exdelegado de Empleo en Sevilla con Lanzas
• Ambos usaron presuntamente a familiares para blanquear dinero
• UGT de Euskadi niega los ingresos que Alaya le imputa

La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados.

El exdelegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, tuvo un "presunto enriquecimiento patrimonial ilícito" en el caso de los ERE gracias a las gestiones del exsindicalista conocido como el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, según se desprende de un atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso TVE.

Según el atestado y el auto judicial de la juez Alaya, que investiga el presunto desvío de fondos de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, el incremento patrimonial está "pendiente de confirmar y cuantificar" y podría haber utilizado para ello a personas vinculadas directamente a su entorno familiar.

Así, señala que la pareja de uno de los hijos de Rivas tuvo vinculación laboral con sociedades vinculadas a Lanzas que formaban parte de un entramado societario para blanquear dinero e introducir en el circuito financiero el dinero de origen ilícito. Este familiar pudo conseguir una indemnización de 21.840 en un ERE.

Antonio Rivas está citado ante la juez el próximo viernes en el marco de la investigación de los ERE de la Junta de Andalucía.

La juez sigue el rastro de las cuentas de Lanzas y Rivas

Otro informe de la UDEF sostiene que Juan Lanzas usó cuentas bancarias a nombre de su hija.

Basándose en los informes, la juez que instruye el caso ha pedido datos bancarios del entorno familiar de ambos para seguir el rastro del dinero.

El Juzgado de Sevilla encargado del caso habla de varios atestados donde se detalla el recorrido que seguía el dinero procedente de la Junta de Andalucía. Se explica cómo "una vez que la Junta libraba el dinero de las primas de las pólizas hacia las compañías aseguradoras, éstas hacían llegar a las mediadoras unas sobrecomisiones supuestamente autorizadas directamente por los responsables de la concesión de las subvenciones".

Y continúa: "Una vez que estas sobrecomisiones llegaban a las mediadoras intervinientes, se comenzaba un proceso de distribución del capital con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero perfeccionando con ello un supuesto delito de blanqueo de capitales, haciendo llegar parte de los fondos a otras personas que habrían facilitado la culminación del proceso, entre ellas autoridades administrativas".

UGT Euskadi niega los ingresos que se le imputan

Por otra parte, UGT-Euskadi no tiene constancia de "ningún ingreso" por los conceptos que se recogen en el informe de la Guardia Civil sobre el caso de los ERE, si bien ha subrayado que va a facilitar a la juez Mercedes Alaya toda la documentación precisa para aclarar cualquier sospecha, según informa la Agencia Efe.

UGT, en un comunicado, ha trasladado este mensaje después de que Alaya pidiera este lunes información sobre las cuentas con las que operan siete federaciones de UGT y CCOO en Andalucía y el País Vasco.

La juez Alaya ha emprendido esta investigación tras un atestado de la Guardia Civil, según el cual los intermediarios en los ERE cobraron a la Junta andaluza sobrecomisiones que ascendieron a 18,06 millones de euros.

Según UGT-Euskadi, "no le consta ningún ingreso por los conceptos" del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se dice que en las cuentas de esta federación sindical se abonó "la cantidad de 5.016,64 euros por parte de Vitalia Vida".

El otro sindicato afectado, CC.OO de Euskadi, también informó este lunes de que pondrá a disposición de la juez la contabilidad del sindicato "sin ningún problema".

CC.OO de Euskadi señala que "no tiene, ni tendrá problema alguno en colaborar con aquello que se le requiera y pondrá a su disposición la información contable que se le solicite".