El presidente de Panamá ve cerca el acuerdo y su embajador admite un plan b para acabar las obras

• Martinelli cree que se anunciará antes de que acabe la prórroga este martes
• El embajador insiste en que Panamá finalizará el Canal con o sin el consorcio
• España e Italia coinciden pero no participan en la negociación

El edificio de la administración del Canal de Panamá en Ciudad de Panamá.

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha anunciado que el Canal de Panamá y el consorcio a cargo de la ampliación de la vía interoceánica están muy cerca de alcanzar un acuerdo que impida la paralización del proyecto, afectado por falta de liquidez del contratista.

"Están cerquita de llegar a una feliz conclusión o feliz término. Pero prefiero que le diésemos tiempo a las partes que se han puesto el día de mañana de término, a que sean ellos (los que anuncien resultados) pero estoy seguro que están cerca de llegar a un acuerdo", ha asegurado Martinelli a los periodistas.

Este martes finaliza el plazo establecido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la empresa española Sacyr, para acordar un plan financiero que permita reflotar la construcción del tercer juego de esclusas de la vía interoceánica, una obra que registra más de un 65 % de avance.

"Estoy seguro que las partes puedan antes del martes llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes, tengo entendido que están a punto de lograrlo", ha afirmado el mandatario. Martinelli ha revelado además que sobre el "problema del Canal" habló el domingo con el primer ministro italiano, Enrico Letta, sin dar más detalles.

Este martes, fuentes de la Comisión Europea han asegurado a Europa Press que Martinelli ha llamado a primera hora de  este martes al vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable  de Industria, Antonio Tajani, para confirmarle que el acuerdo estaba  cerca. La CE espera una solución "lo antes posible" a la crisis.

Panamá tiene un plan b

El embajador de Panamá en España, Roberto Eduardo Arango,  considera que "lo más fácil y lógico" es que el grupo Unidos por el  Canal acabe las obras, si bien reconoció que su país cuenta con un plan b porque  su "responsabilidad" es garantizar la conclusión del proyecto.

"El Canal y sus administradores son responsables ante el país y  deben tener claro sobre la mesa qué hacer si tienen que pasar a un plan b, porque Panamá tiene que tomar medidas responsables para  terminar una obra que es de todos", declaró durante un desayuno  informativo organizado por Executive Forum.

El embajador considera que la negociación constituye "un tema privado" en el que "entiende" que "cada  parte defienda sus intereses", pero, a pesar de desconocer si su país tiene un acuerdo con la constructora estadounidense Betchel para el caso de  que no se lograra acuerdo con Sacyr, Arango subraya que "Panamá tiene que  terminar el Canal", que actualmente está ejecutado al 70% y cuya  conclusión está prevista para junio de 2015.

En cuanto a los sobrecostes de 1.200 millones de euros que el  consorcio reclama, el diplomático asegua  que "Panamá es un país responsable y hará frente, dentro de los  términos del contrato, a los sobrecostes que considere  justificables". No obstante, también indicó que su  país ha lanzado el mensaje "claro" de que "a la hora de calcular los  costes es preciso afilar bien el lápiz".

El Gobierno español no participa en la negociación

El gobernante panameño ha ofrecido esas declaraciones después de una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá. Antes, el embajador español en Panamá, Jesús Silva, aseguró a los periodistas que las negociaciones entre las partes habían "avanzado mucho", y que quedaban pocos puntos por resolver,  aunque reconoció que eran los más difíciles.

"El hecho de que sigan negociando y de que estén sentados es una buena señal de que trabajan y de que están aproximando los puntos de vista (...) pero como son las partes (involucradas) las que negocian no puedo dar más detalles", añadió Silva, después de recalcar que el Gobierno español no participa en las conversaciones.

El conflicto deriva de reclamaciones económicas del consorcio por más de 1.600 millones de dólares que le habrían dejado sin dinero para continuar con el proyecto, cuyo ritmo de trabajos en el último mes ha bajado en más del 70% en comparación con noviembre, según la ACP.

El consorcio mantiene un preaviso de paralización

El consorcio mantiene un preaviso de paralización de las obras a partir del miércoles próximo que haría afectivo en caso de no lograr un acuerdo con la Autoridad del Canal.

La ACP no reconoce las reclamaciones económicas de las empresas y exige que las mismas sean resueltas por las instancias internacionales previstas en el contrato sin que haya de por medio paralización alguna.

El GUPC se adjudicó en junio de 2009 el proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas por su oferta de 3.118 millones de dólares, por debajo del precio máximo establecido por la ACP de 3.481 millones de dólares.

El proyecto debía estar listo en octubre de este año, según el contrato, pero ya en el 2013 el consorcio anunció un retraso hasta junio de 2015, y el actual conflicto hace temer que se prolongue más allá de ese año.

La ACP ha sostenido que está en capacidad financiera y técnica para asumir el proyecto en caso de que el GUPC lo abandone, pero que lo más conveniente por cuestiones de tiempo y dinero es que lo termine el consorcio.

La Autoridad del Canal ha dicho que ha desembolsado al GUPC un total de 2.831 millones de dólares, 784 en anticipos reembolsables, además de al menos 160 millones en costos adicionales.