La Fiscalía pide una fianza de 5,5 millones para el exdelegado de Empleo andaluz por los ERE

• Antonio Rivas se ha acogido a su derecho a no declarar
• Según Guardia Civil, Rivas presenta un presunto "incremento patrimonial ilícito"
• Fue imputado al comienzo de la investigación junto a  Francisco Javier Guerrero

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza  de responsabilidad civil de 5.580.000 euros para el exdelegado de  Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, quien se ha acogido a su  derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el  caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

De este modo, abogados presentes en la comparecencia han informado  a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Rivas  tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y  tráfico de influencias.

Tras ello, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares  en la que el Ministerio Público ha pedido para el imputado una fianza  civil de 5.580.000 euros, mientras que la acusación que ejerce la  Junta de Andalucía ha pedido una fianza civil de 3,2 millones más el  tercio legal previsto.

Abogados presentes en la comparecencia han informado a los  periodistas de que, después de que la juez Mercedes Alaya le haya  leído los hechos y delitos que le imputa, Antonio Rivas ha decidido  acogerse a su derecho a no declarar.

La defensa se muestra contraria a la fianza

En declaraciones a los periodistas una vez finalizada la  comparecencia, el abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, ha mostrado su  oposición a dicha solicitud de medidas alegando que "no existen  indicios de su participación", señalando que su labor como delegado  provincial de Empleo consistía en autorizar los ERE, y en estos "no  ha habido ninguna irregularidad".

El letrado de Rivas, por ello, ha desligado a su cliente de las  irregularidades que se hayan podido encontrar en las pólizas, pues  nunca participó en la tramitación de las mismas, insistiendo en que  Rivas, a la ahora de autorizar los ERE, "siempre ha actuado previo  informe favorable de la Inspección de Trabajo".

En los ERE autorizados por Rivas, además, "siempre había acuerdo  entre la empresa y los representantes de los trabajadores", ha dicho  el letrado, quien, sobre el "presunto enriquecimiento ilícito" que le  atribuye la Guardia Civil, ha asegurado que "en ningún caso se puede  determinar" el mismo.

Rivas "no tiene nada que esconder" y su familia "es muy modesta y  sus ingresos se producen, en su caso, como consecuencia de su  actividad laboral". Ha concluido señalando que "sólo existen dos  autos en los que se hable de la imputación de Rivas, y son de 2012".

El exdelegado provincial de Empleo en Sevilla ha acudido este viernes a declarar más de tres  años después de su imputación en la causa, que se produjo el 20 de  enero de 2011.

Rivas fue imputado al comienzo de la investigación junto al  exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía Francisco Javier Guerrero en relación al ERE de  Mercasevilla, y de hecho fue llamado a declarar en julio de 2012,  aunque finalmente la comparecencia fue suspendida.

804 días imputado sin que se le hubiera tomado declaración

El retraso de la magistrada en llamarlo a declarar motivó que su  abogado defensor, Jon Ander Sánchez, elevara un escrito al Juzgado de  Instrucción número 6 de Sevilla el 2 de abril de 2013 en el que se  quejaba de que, tras ser imputado, su cliente llevaba --en esa  fecha-- 804 días imputado sin que se le hubiera tomado declaración.

En este escrito, el letrado criticaba que esta situación "no es  admisible en un Estado que se autodenomina de Derecho", señalando que  la instructora le atribuye "un total y absoluto conocimiento" de  cuestiones que "en absoluto pueden considerarse probadas o  acreditadas ni tan siquiera indiciariamente, como se afirma por la  juez, constituyendo meras conjeturas o suposiciones que de ningún  modo justifican el mantenimiento 'sine die' de la posición jurídica  de imputado" en la que se encuentra.

Frente a ello, la juez considera que Antonio Rivas "se constituye  en el portillo de entrada de la concesión irregular de las  subvenciones en la Junta, de este dispendio presuntamente  generalizado y descontrolado que se ha producido desde la  Administración autonómica", por lo que le imputa no sólo todo lo  relacionado con el ERE de Mercasevilla sino también con los  expedientes de Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell.

"Compromisos ante empresarios de ayudas públicas"

Según la juez, Rivas "asumió ante los empresarios compromisos de  ayudas públicas sabiendo, porque él asistía a los consejos de  Dirección ampliados de la Consejería de Empleo, que éstas se  otorgaban con absoluto desprecio al derecho, al margen del  procedimiento de subvenciones y del control de la Intervención de la  Junta a través de las llamadas transferencias de financiación, y que  se autorizaban con carácter general y sin la menor transparencia,  siempre que los solicitantes vinieran de la mano de algún  interlocutor de la Administración, como era él mismo".

"Es cierto que no tenía capacidad para conceder subvenciones, pero  actuaba de esta forma asumiendo tales compromisos de ayuda porque  sabía que la Consejería de Empleo los refrendaría definitivamente a  través de los criterios de laxa actuación expuestos" por Francisco  Javier Guerrero en su declaración judicial, donde "expuso que las  subvenciones se concedieron en virtud de criterios discrecionales, a  personas o empresas que por un motivo u otro estuvieran próximas a la  Administración", asevera Alaya.

"Gran capacidad de su influencia en sus superiores"

Al hilo de ello, la magistrada asegura que Rivas "sabía  indiciariamente durante la mayor parte del ejercicio de su cargo que  él tenía gran capacidad de influencia en sus superiores, y que en  definitiva lo que prometía lo conseguía, pues además se caracterizaba  por hacer un intenso seguimiento a tales compromisos".

Recientemente, en concreto el pasado verano, la Audiencia  Provincial de Sevilla confirmó su imputación por autorizar los ERE de  Mercasevilla de los años 2003 y 2007 y permitir la inclusión de tres  'intrusos', entre ellos su cuñado, José Antonio Márquez Sánchez,  Antonio Garrido Santoyo --miembro de la ejecutiva local socialista de  Baeza (Jaén)--, y Antonio Rivera Martín, que fue "contratado el mismo  día de su inclusión" en el ERE.

El imputado había solicitado el archivo de las actuaciones por  entender que no concurren indicios suficientes para imputarle hecho  delictivo alguno, pero el tribunal subraya que "la autorización de  dos ERE para la misma empresa y las mismas causas prestada por el  imputado en ese breve espacio de tiempo, por sí misma constituye un  indicio más que suficiente para profundizar en la investigación de  los hechos que se imputan, máxime si se tiene en cuenta que en el ERE  de 2007 autorizó la inclusión" del mencionado Antonio Rivera Martín.

Hay que recordar que Rivas fue condenado al pago de una multa de  600.000 euros y 21 meses de inhabilitación por solicitar una  'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como  condición para gestionar la escuela de hostelería de Mercasevilla.