Industria amplía de 5 a 8 las comercializadoras obligadas a suministrar la tarifa eléctrica regulada
- A las cinco grandes se suman ahora Cide, Gaselec y la suministradora de Ceuta
- El borrador del decreto sobre las nuevas tarifas cumple así una sentencia de 2011
- Consumidores con más de 10 kv de potencia pagarán un 20% más sobre la tarifa
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha ampliado a ocho las comercializadoras que estarán obligadas a suministrar el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que sustituye desde enero a la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR). Hasta ahora, solo las comercializadoras de las cinco mayores eléctricas tenían obligación de cubrir la tarifa regulada.
La nueva lista aparece en el borrador de real decreto por el que se establece la metodología de cálculo del nuevo PVPC, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al que ha tenido acceso Europa Press y cuyos principales cambios ya han sido adelantados por el Ministerio de Industria y Energía, como la supresión de las subastas trimestrales o el ahorro logrado al suprimir los sobrecostes financieros asociados a esas pujas.
Junto a las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP España- figurarán a partir de ahora otras tres, cuyo mandato se limita a las zonas en las que tienen una implantación significativa. Estas empresas son Cide HC-Energía, la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta y Gaselec.
El objetivo de esta ampliación es cumplir una sentencia de 2011 que dió la razón a las grandes eléctricas, al considerar discriminatorio que ellas suministrasen la tarifa regulada de forma obligada.
El nuevo real decreto fija ahora unos criterios concretos para este servicio, entre ellos, el de haber suministrado a más de 100.000 clientes durante el año anterior, o a 25.000 en el caso de Ceuta y Melilla.
En todo caso, también podrán suministrar el nuevo PVPC las empresas que lo deseen y cumplan ciertas garantías, entre ellas la de llevar tres años en el negocio y disponer de más de 25.000 clientes.
Recargo del 20% para potencias que exceden la del PVPC
La norma también resuelve la incertidumbre de aquellos consumidores que se habían quedado sin derecho a tarifa regulada al tener más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada y que no encontraban suministro a mercado.
Para esos usuarios, en muchos casos ayuntamientos e instalaciones públicas, se determina que paguen el PVPC con un recargo del 20%.
Además, el borrador también establece el nuevo sistema que fijará los precios de la parte correspondiente a la energía de esa tarifa regulada en función de los precios resultantes del mercado mayorista. Según Industria, ese modelo es mejor porque sigue la evolución real de los precios, mientras que en el anterior de subastas trimestrales, el precio se fijaba a priori mediante la negociación de futuros financieros y "no se correspondía con los resultados del mercado".
De hecho, el borrador cifra en 1.100 millones el importe que los consumidores han pagado en concepto de las coberturas de riesgo realizadas en esas subastas Cesur, a razón de 280 millones de euros al año. Por eso, Industria indica que el nuevo mecanismo supondrá un ahorro del 3% anual para los consumidores, que no tendrán que hacer frente al coste de aseguramiento asociado a las subastas eléctricas.
Las facturaciones para el nuevo modelo seguirán realizándose sobre lecturas reales de los contadores, de modo que cada bimestre recogerá el consumo y el precio medio en esos dos meses en el mercado mayorista.
Para los consumidores que cuentan con equipos electrónicos de telemedida, los precios se determinarán por cada hora de consumo, ya que en el mercado mayorista la cotización se establece minuto a minuto. Para quienes cuenten con un contador normal, el precio aplicado será una media de los marcados día a día en el mercado mayorista.
Ofertas para precios anuales
El borrador también recoge las condiciones para las ofertas que deberán presentar las comercializadoras a los consumidores con un precio fijo para el conjunto del año. Esta opción se dirige a los usuarios que prefieran unas referencias más estables, y las ofertas serán "públicas, transparentes y comparables".El Gobierno ya ha adelantado que esa opción será más cara que el pago bimensual.
Las ofertas deberán presentarse antes del 30 de abril, informarán tanto de lo que se paga en peajes como del precio del kilovatio hora y deberán incluir los importes finales antes y después de impuestos. Además, no podrán incluir ningún otro producto o servicio, energético o no.
En todo caso, advierte el borrador, la parte de los peajes eléctricos incluida en esas ofertas se podrá revisar "de acuerdo a la normativa de corresponda", ya que ese componente podrá modificarse si hay un desajuste entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema eléctrico. La parte del coste de energía solo podrá revisarse pasado el año de su vigencia.
El borrador de la norma remitido a Competencia también establece un mecanismo para que, en el caso de que el precio del mercado eléctrico mayorista haya sido inferior al fijado por el Gobierno para este primer trimestre, devolver el importe cobrado de más a los consumidores. Para ello, se alude a un nuevo término, conocido como CIF, con el que figurarán en la factura estos posibles importes cobrados de más. Industria fija de plazo hasta el 15 de mayo para que la CNMC establezca el valor de esta posible devolución.