La juez de los ERE ordena investigar las ayudas que Guerrero vincula al vicepresidente de la Junta

• La juez de los ERE rechaza, sin embargo, tomar declaración a Diego Valderas
• Tampoco tomará declaración al presidente de la Diputación de Sevilla
• Guerrero sostiene que "participaron muy activamente" en el reparto de fondos
• El vicepresidente de la Junta se ve "injustamente señalado"en el caso

La juez de los ERE ordena investigar las ayudas que Guerrero vincula a Valderas

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha rechazado tomar declaración al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, aunque acuerda que la Guardia Civil investigue la solvencia de las ayudas en las que, según el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, intervinieron.

Alaya responde así en un auto a la petición de Guerrero de tomar declaración a ambos políticos para que "acrediten la solvencia" de las ayudas, en las que participaron "muy activamente" y que fueron concedidas con cargo a la partida 31L, que el propio Guerrero calificó en su día como "fondo de reptiles".

El abogado de Guerrero explicó su solicitud, en noviembre pasado, porque "a lo largo de las presentes diligencias se viene cuestionando, en relación a la concesión de ayudas, la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación".

En los primeros momentos del tiempo investigado y, a modo de ejemplo, fueron concedidas con cargo a la partida 31L ayudas a la Diputación Provincial de Sevilla, para el programa "Sevilla son sus pueblos", y a las empresas "Autologística de Andalucía, S.A.", "Roda Textil" y "Centro Limpieza Industrial Huevar", según el letrado.

Ahora la juez pide a la Guardia Civil que investigue los hechos a los que se refiere Guerrero y añade que no ha lugar a tomar declaración a Valderas y Villalobos "hasta que se complete la investigación de los hechos expuestos".

Investigación sobre Valderas y Villalobos

Así, Alaya ha ordenado a la Unidad Central Operativa  (UCO) de la Guardia Civil que investigue si el vicepresidente de la  Junta y el presidente de la Diputación de  Sevilla habrían intervenido en la  concesión de una serie de ayudas, según el auto al que han tenido acceso Efe y Europa Press.

Según el abogado de Guerrero, en dichas ayudas con cargo a la partida 31L "intervinieron muy activamente  Fernando Rodríguez Villalobos y Diego Valderas", por lo que  solicitaba la declaración de ambos "con el fin de acreditar la  'solvencia' de dichas ayudas".

El abogado también había solicitado a la juez que  llamara a declarar al superior jerárquico de los agentes de la Unidad  Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el caso  ante la "falsedad" e "inexactitud" del informe realizado sobre los  movimientos en sus cuentas bancarias, pero la juez concluye que "no  ha lugar por ahora a recibir declaración al jefe de la UCO hasta  tanto no se complete la instrucción".

Valderas se ve "injustamente señalado"

Ante la publicación del auto, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local  y relaciones Institucionales, Diego Valderas, se considera "injustamente señalado" en el caso de los ERE.

Valderas ha querido dejar claro  que lo que hace la juez Alaya en su último escrito es "rechazar" la  testificación de él y del presidente de la Diputación de Sevilla,  Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), que pedía el abogado del  exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Además, ha asegurado que tiene su conciencia "muy tranquila"  porque "no tiene nada que ocultar" y ha hecho hincapié en que el  hecho de que Alaya "rechace" su testificación y la de Villalobos  "deja claro cualquier elemento de falta de justificación con  referencia a dos empresas" que, según ha dicho, no le "consta"  conocer.

"Yo en este momento considero desconocerlas, no me consta conocer  ningún tipo de actividad referida a mis gestiones como coordinador de  IULV-CA en este tema. Y una cuestión aún más sorprendente, que yo no  era diputado ni miembro del Consejo de Gobierno entre 2004 y 2008",  ha advertido el vicepresidente.

En esa línea, y tras asegurar que "respeta cualquier tipo de  actuación judicial", ha explicado que en ese periodo él, "en todo  caso, era un dirigente de IULV-CA que ocupaba el espacio de  coordinador", por lo que, "desde esa posición, era nula mi capacidad  de influencia sobre cualquier gestión".