Crecen las críticas de las asociaciones de consumidores por el cambio del recibo de la luz

• Facua advierte de que vulneran la legislación sobre consumo
• Avisa de que no permitirá conocer las tarifas del servicio antes de recibirlo
• Ceaccu: no resuelve el problema de un precio eléctrico por encima del coste real
• OCU pide una tarifa clara mientras no haya competencia real en el mercado

Torretas eléctricas en Barcelona

Las organizaciones de consumidores redoblan sus críticas al nuevo sistema formulado por Industria para fijar el precio del componente de energía en el recibo de la luz, según el cual el precio cobrado por kilovatio/hjora consumido se determinará haciendo un promedio de los precios marcados en el mercado eléctrico mayorista en el período facturado.

Así, el importe de cada kilovatio/hora (kWh) consumido será distinto  cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados  los consumidores. Los contadores inteligentes -que permiten discriminar  cuánto se ha consumido en cada tramo horario- permitirán aplicar en cada  momento el precio que había en el mercado mayorista, donde el coste se  va fijando incluso minuto a minuto.

Facua: "Vulnera las leyes sobre consumo"

El borrador de real decreto por el que se establece la metodología de cálculo del nuevo Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (la antigua Tarifa de Último Recurso, la TUR) y su régimen jurídico de contratación plantea que "los usuarios no podrán conocer de antemano las tarifas que les aplicarán", explica Facua-Consumidores en Acción en un comunicado, por lo que advierte de que ese nuevo sistema vulnera la legislación española en materia de consumo.

Facua insiste en que no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones, al tratarse de un "derecho esencial de los consumidores" reconocido en la legislación de protección de los consumidores desde mediados de los años 80.

En concreto, recuerda que la información sobre el precio de un  servicio antes de su contratación es un derecho esencial de los  consumidores. Así lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto  Legislativo 1/2007. Asimismo, el artículo 85.10 de la citada norma  considera abusivas "las cláusulas que prevean la estipulación del  precio en el momento de la entrega del bien o servicio".

A su juicio, el nuevo sistema es una "aberración" que puede provocar un incremento exponencial de las reclamaciones y que conlleva una opacidad que facilitará a las eléctricas nuevas subidas "injustificadas" de la luz. "El hecho de que los consumidores puedan ser objeto de casi 1.500 tarifas distintas, una por cada hora del período bimestral de facturación, hará infinitamente más opaco el recibo de la luz y dificultará de forma extrema la posibilidad de verificar si se ha producido alguna irregularidad", añade en su nota.

Ceaccu: No resuelve el problema de pagar por encima del coste real

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa,  Consumidores y Usuarios (Ceaccu) considera que la eliminación de la subasta  trimestral que fijaba hasta ahora el precio de la energía no resuelve "el principal  problema" del elevado coste de la energía eléctrica, que surge de una  retribución de la generación eléctrica "muy por encima de su coste  real".

En un comunicado, esta asociación subraya que los consumidores  seguirán pagando la luz "muy por encima de su coste real", porque no  se entra "al fondo de la cuestión": la necesidad de una  auditoría de todos los costes del sistema y un nuevo cálculo de los  mismos a partir de cero, "con total transparencia".

Ceaccu también critica que se esté "ocultando lo esencial", que es el cambio en el reparto de la otra parte de la factura, la de los peajes de acceso. Desde enero, el pago marcado por la potencia contratada supone el 62% de los peajes, lo que implica una  subida en el coste de la potencia del 92%.

Eso supone -continúa la organización- el encarecimiento del  recibo para "los consumidores más vulnerables". Así, considera que este incremento del precio del  término de potencia es "injusto y penaliza" a las familias que peor  lo están pasando, al tiempo que busca "mantener unos  ingresos constantes para las grandes eléctricas, precisamente cuando  cae el consumo".

OCU denuncia a las eléctricas

Finalmente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado dos denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por las prácticas comerciales de las compañías eléctricas y la falta de competencia en el sector, según ha informado este miércoles la organización en una nota de prensa.

En concreto, la organización alerta sobre la práctica de enviar a comerciales al domicilio del consumidor y, mediante argumentos engañosos, convencerles para cambiar su contrato de electricidad a otra compañía. Según advierte la OCU, estos comerciales "suplantan la identidad de la OCU", utilizando sus estudios y credibilidad.

Así, la organización avisa de que "muchos" consumidores del total de 1,6 millones de clientes domésticos que pasaron al mercado libre en un año desconocerían que han abandonado la tarifa regulada debido a esas prácticas "poco éticas" de las eléctricas.

Su segunda denuncia ante la CNMC se debe a lo que considera "falta de competencia en el sector", que habría quedado en evidencia -según la OCU- en la subasta organizada por esa organización el pasado mes de septiembre para conseguir suministro eléctrico para medio millón de familias y en la que "ninguna de las grandes eléctricas quiso ofertar".

A su juicio, es "sintomático" que las eléctricas rechazaran competir por medio millón de hogares, y supone "un ejemplo más" del control del 75% del mercado por parte de cinco operadores,  a pesar de que en 1997 se liberalizó el mercado eléctrico.

Por ello, la OCU pide a la CNMC que promueva las medidas necesarias para asegurar que, hasta que no se garantice un mercado energético competitivo, se mantenga una tarifa que garantice el acceso a la energía a precios "transparentes y razonables".

Además, pide que se adopten las disposiciones necesarias para lograr una liberalización "real y efectiva", que permita la entrada de nuevos operadores, y que se informe a los consumidores sobre el coste real de la energía con facturas "más claras y homogéneas".

Precisamente, el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha asegurado en una entrevista en TVE que el Gobierno trabaja en cambios en el mercado eléctrico que aumenten la liberalización del sector para aumentar la competencia, aunque no ha señalado cómo se conseguirá.