El FROB pide de 6 a 10 años de prisión para dos exdirectivos de la CAM por créditos irregulares

• Acusa a Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés de administración desleal
• A Avilés le achaca apropiación indebida por un autocrédito de 16,6 millones
• La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para ambos

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exdirector de la CAM Roberto López Abad

El FROB ha solicitado seis años de prisión para el ex director general de la CAM Roberto López Abad y diez para el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de créditos por valor de 17 millones a este último.

Fuentes jurídicas han informado de que en su escrito de acusación remitido al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria acusa a Avilés de apropiación indebida y administración desleal, mientras que a López Abad le responsabiliza solo de este último delito.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado cuatro años de prisión para ambos exdirectivos y acusa a López Abad de apropiación indebida agravada, por el que le reclama también una multa de 90.000 euros o, alternativamente, de un delito societario, caso en el que solicita tres años de cárcel.

La Fiscalía acusa a Avilés de un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero. Asimismo, pide que López Abad y Avilés indemnicen al Banco Sabadell en la cantidad de 1,49 millones de euros de forma solidaria junto a otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones -sociedad participada por la CAM-, que cobraron de forma presuntamente irregular dietas de entre 9.566 y 308.000 euros. 

A principios de enero, el magistrado dio el primer paso para sentarles en el banquillo tras transformar las diligencias en procedimiento abreviado en un auto en el que apreciaba "indicios de criminalidad" en la conducta de los dos exdirectivos.

Autocrédito por 16,6 millones

La investigación, que se ha desarrollado como una pieza separada de la causa principal de la CAM, se ha centrado en averiguar las condiciones en las que la entidad concedió créditos a Avilés, para lo que el magistrado ha tomado declaración a exdirectivos y exconsejeros de la entidad, incluido el vicepresidente del Gobierno de Murcia y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán.

El exdirectivo está imputado por la concesión de créditos por valor de 16,6 millones en condiciones ventajosas a empresas vinculadas a él mismo, entre las que destaca la venta de acciones de La Vereda de Sucina, una sociedad acreditada de la CAM con un riesgo de 14 millones.

La mujer de Avilés vendió el total de las participaciones de La Vereda de Sucina a la hermana del exdirectivo por 90.000 euros, una operación que, tal y como explicaba Gómez Bermúdez, fue "puramente formal", ya que tanto antes como después de la misma Avilés "siguió tomando las decisiones de la sociedad".

Esta venta propició que se refinanciaran los préstamos que la sociedad mantenía con la CAM, créditos que supusieron una pérdida de 4,92 millones de euros para la caja de ahorros, y actualmente se encuentran impagados, según informó el Banco Sabadell el pasado 27 de noviembre.

La CAM era el "financiador exclusivo" de las empresas de Avilés

Según un informe del Banco de España, la CAM fue el "financiador exclusivo" del grupo de sociedades de Avilés, a quien, a fecha de 30 de septiembre de 2011, había concedido préstamos por valor de 16,6 millones de euros. Avilés, según el supervisor, realizó operaciones de "ocultación de propiedad", utilizando para ello a su hermana como testaferro "de una sociedad en dificultades acreditada en la caja".

Basándose en el informe del Banco de España, el juez asegura que López Abad sería el ideólogo del sistema de cobro de dietas irregulares instaurado entre los miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones y Participaciones, el "hólding" inmobiliario de la CAM.

Para el juez, "independientemente de las personas que formalmente adoptaran las decisiones (...) la idea de acudir a esta estratagema para retribuir a los miembros de la comisión con unos emolumentos superiores a aquellos a los que tenían derecho partió del director general, Roberto López Abad".

En este sentido, existe constancia de que López Abad explicó los pormenores de estos cobros irregulares en la reunión de la comisión de retribuciones de la entidad del 14 de marzo de 2005 y en la del consejo de administración del 20 de diciembre del mismo año.

Dentro de esta trama, Avilés está acusado del presunto cobro irregular de dietas entre 2007 y 2011, que ascienden a 40.000 euros, por su pertenencia a la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones. Adicionalmente, el juez señalaba que Avilés recibió indebidamente entre enero y julio de 2011 otros 3.336 euros como presidente de la Comisión de Control de la propia caja.