El juez ve indicios para juzgar a la excúpula de Novacaixagalicia por las prejubilaciones

• El juez Moreno indica que los 5 exdirectivos conocían la "debilidad" de la entidad
• En el auto de la Audiencia Nacional se les acusa de apropiación indebida

El juez ve indicios para juzgar a la excúpula de Novacaixagalicia por las prejubilaciones

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia -entre ellos, su ex copresidente Julio Fernández Gayoso- dentro de la causa abierta por el cobro de prejubilaciones millonarias.

Según la resolución judicial -en la que da 10 días a la Fiscalía Anticorrupción para que presente su escrito de acusación-, los acusados conocían la "dificilísima situación patrimonial" de la entidad,  ya que en esos momentos había solicitado un segundo apoyo financiero  por parte del FROB de 2.622 millones, lo cual no impidió que cobraran  18,94 millones en prejubilaciones.

En un auto, el magistrado acusa al exdirector general de la entidad, José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del grupo inmobiliario de la entidad, Gregorio Gorriarán, a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y al abogado Ricardo Pradas de un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa.

Moreno relata que, a mediados de 2010, con motivo de la fusión de Caixagalicia y Caixanova y de la primera petición de ayuda al FROB de 1.162 millones, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, que pertenecían a la segunda entidad, acordaron con Fernández Gayoso "mejorar sus contratos de alta dirección" para "preparar su previsible y futura salida de la entidad".

Así, Pego firmó los nuevos contratos por los que se sustituían los anteriores, "introduciéndose mejoras en las retribuciones a percibir" en caso de "desestimiento unilateral de su relación laboral", modificaciones que "fueron ocultadas" al consejo de administración. 

"Abuso de confianza y ocultación al consejo de administración"

"De esta manera, con abuso de confianza y engañando al consejo de Novacaixagalicia, los acusados consiguieron que la nueva caja se subrogara en las obligaciones que, según les informaron, habían sido previamente adquiridas por Caixanova en materia de retribuciones de altos directivos", por lo que pensaron que éstas databan de los antiguos contratos.

A propuesta de Fernández Gayoso, se acordó que Pego también suscribiera un contrato de alta dirección con García de Paredes, antiguo directivo de Caixagalicia "en las mismas condiciones" que los anteriores.

En ejecución del "plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad y con pleno conocimiento de su próxima bancarización", el 15 de agosto de 2011 se reunió el Consejo de NGC, donde compareció Pradas para plantear -"de manera abstracta, sin identificar a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias"- que concurría uno de los supuestos necesarios, el de la fusión de entidades, para extinguir el contrato de los directivos.

También informó sobre los conceptos retributivos para éstos, que eran los mismos que "para el resto de personal de la plantilla y que no existen cláusulas de blindaje, lo cual era manifiestamente incierto".

Ante esto, el consejo, en la creencia de que los cuatro directivos deberían cobrar por los mismos conceptos que el resto de la plantilla que se acogió al plan de prejubilaciones, declaró otra vez vigentes los antiguos contratos y decidió dotar una provisión "cuya cuantía no se concreta" para el supuesto de que algún día, "en el marco de un futuro incierto", se produjera el cese voluntario.

En septiembre, Fernández Gayoso aprobó y liquidó los importes de Pego, que se embolsó 7,7 millones; Rodríguez Estrada (691.261 euros) y de Gorriarán (4,8 millones). Mientras, Jaime Castellanos, como presidente de la nueva entidad fusionada, liquidó la indemnización de García de Paredes de 5,6 millones "en la creencia de que la misma se ajusta a la legalidad".

Dichas liquidaciones, sus conceptos e importes, insiste el juez, "no fueron conocidos ni aprobados por el consejo de administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago", e incumplieron lo pactado con el FROB en materia de retribuciones de altos cargos y con la obligación de informar al supervisor. 

Anticorrupción pidió la devolución de 7,87 millones

La causa se abrió por una querella en junio de 2012 de la Fiscalía Anticorrupción, que constató que los cinco habían mejorado sus contratos sin comunicarlo al consejo de administración de la entidad y consideró que esas mejoras podrían ser constitutivos de un delito de administración  desleal -recogido en el artículo 295 del Código Penal- o,  alternativamente, de un delito de apropiación indebida, recogido en el  artículo 252.

Anticorrupción argumentó que todos ellos han actuado "con abuso de   las funciones de su cargo y  pleno conocimiento de la dificilísima   situación económica por la que  atravesaba la entidad crediticia, a   disponer fraudulentamente de  bienes de la misma, ocultando al consejo   de administración y al Banco  de España el importe de sus   prejubilaciones".

Además, la querella añadía que los gestores de las cajas gallegas  "no tenían derecho" a cobrar estas prejubilaciones,   lo que se hizo  "en menoscabo de la entidad crediticia que   administraban y del Fondo  de Reestructuración Ordenada Bancaria   (FROB)".

La Fiscalía también pedía la devolución de los 7,87 millones de euros cobrados, aunque en sus peticiones de devolución no aparecía  Gayoso porque éste acordó con la entidad devolver la mayor parte de su  indemnización.

El 26 de julio de 2012, durante una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Fernández Gayoso negó haber cobrado "nunca" una prejubilación: ni de Caixa Nova (que presidió hasta la fusión con Caixa Galicia en 2010), ni de la caja nacida de esa integración (Novacaixagalicia), ni del banco al que se segregaron los activos de ambas entidades (NCG Banco).