Luz verde a una nueva Ley de Telecomunicaciones que busca mejorar la banda ancha

• Duplicará la capacidad de banda ancha y suprime licencias para instalar redes
• Tras aprobarse en la Comisión de Industria del Congreso pasará al Senado
• Ha contado con los votos favorables de PP, PSOE y CiU

'Skyline' de antenas en una ciudad costera española.

El Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones con el que se quiere facilitar el despliegue de redes de nueva generación, con los votos favorables de PP, PSOE y CiU.

El texto, que ha sido aprobado en la Comisión de Industria por el procedimiento de competencia legislativa plena con 37 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, pasará directamente al Senado, donde tendrá que volver a ser votada, antes de su entrada en vigor.

El PSOE ha decidido apoyar la ley después de que se hayan incorporado al proyecto 60 de sus enmiendas, dentro de las 53 transacciones pactadas, que introducen "cambios sustanciales" en la ley, ha dicho el diputado Félix Lavilla.

Entre ellas hay medidas para avanzar en la universalización del servicios, cambios para mejorar los derechos de los consumidores y clientes de las compañías (por ejemplo para evitar el denominado spam telefónico), mejoras en la concesión de licencias y para dar estabilidad jurídica a la inversión en redes.

CiU ha apoyado el texto debido a que ha sido "mejorada" en la dirección que perseguían, ya que da "mayor seguridad jurídica y estabilidad" a un sector y a unas infraestructuras "determinantes en términos de progreso económico y social", ha señalado su portavoz, Inmaculada Riera, que ha apuntado que sus enmiendas estaban dirigidas a conseguir "la cohesión social y territorial", la "colaboración" entre las Administraciones Públicas, la defensa competencial, acercarse a lo establecido en el marco europeo e implicar más a las administraciones territoriales.

Un acceso rápido a internet aumenta la productividad

El diputado del Grupo Popular Javier Puente ha dicho que la ley, en cuya elaboración han intervenido "todos los entes implicados en el sector", es necesaria en un país en el que la tecnología "forma parte de nuestras vidas" y se demanda un acceso rápido a internet para aumentar la productividad, y ha destacado que avanza en la unidad de mercado.

Tras los acuerdos realizados con el resto de grupos parlamentarios, el portavoz del PP ha señalado que se han producido mejoras respecto a tres puntos: la brecha digital y la universalización de la banda ancha, el despliegue de las redes de telecomunicaciones y los derechos de los usuarios.

En cuanto al PNV, ha decidido abstenerse al considera que colisiona contra la actividad de la radiodifusión en el País Vasco, según ha señalado la diputada Isabel Sánchez.

El portavoz de la Izquierda Plural, que ha votado en contra, Chesús Yuste, ha criticado cuestiones como las medidas para instalar antenas, aspecto que consideran una "barbaridad" ya que supone "la expropiación forzosa de tejados y azoteas en favor de operadores que quieran instalar antenas". En su opinión la futura ley prioriza los intereses de las grandes corporaciones por encima de la ciudadanía.

UPyD ha votado en contra al considerar que la nueva ley "protege" el modelo de negocio de los operadores existentes y no elimina barreras, lo que demuestra que está "más preocupada" por proteger los derechos de las empresas que los de los consumidores, en un sector "donde los abusos son normales", ha detallado el diputado Carlos Gorriarán.

Supresión de licencias y mejor protección de datos personales

La norma suprimirá las licencias urbanísticas y medioambientales  exigidas hasta ahora para desplegar redes en dominio privado, que se sustituirán por declaraciones responsables. También se eximirá de cualquier tipo de autorización la instalación de antenas de  telefonía móvil y se garantizará  el derecho de cualquier ciudadano a acceder a redes ultrarrápidas.

Además, se pretende mejorar los derechos de los usuarios de  telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de  carácter personal y la privacidad de las personas. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores con esos derechos de los usuarios, se precisa un  régimen sancionador.

Se crea una comisión interministerial sobre  radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad  medioambiental, y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora  por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

La nueva norma modifica otros textos legales como la Ley de  Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -al incluir precisiones sobre las cookies-, y la Ley de  firma electrónica, para que los certificados utilizados en el DNI  electrónico pasan a tener una duración de cinco años, y no de dos.

Durante el  debate parlamentario de totalidad del proyecto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que esta ley permitirá  "ahorrar costes, mejorar la calidad del servicio, y reforzar la  competitividad de la economía y los derechos de los ciudadanos".