Dimite un alto general colombiano por un escándalo de corrupción en el Ejército

• Según la Revista Semana en los dos últimos años se firmaron contratos amañados
• El Ministerio de Defensa admite "deficiencias administrativas" en 10 contratos
• Estarían involucrados oficiales presos por ejecuciones extrajudiciales
• El presidente Santos ha calificado las denuncias como "inaceptables"

Imegen de archivo que muestra a un miembro del Ejército de Colombia custodiando unas armas incautadas a las FARC.

El jefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Javier Rey Navas, ha presentado este lunes su dimisión a raíz del escándalo causado por la revelación de una supuesta red de corrupción en las compras y licitaciones del Ejército, según ha informado el Ministerio de Defensa. Según la revista Semana, el Ejército se hicieron en los dos últimos años contratos amañados en los cuales supuestamente intervinieron miembros de la cúpula militar y oficiales que están presos por ejecuciones extrajudiciales. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha admitido "deficiencias administrativas" en diez contratos de la Aviación.

El Ministerio de Defensa "acepta la solicitud de retiro presentada por el MG (Mayor General) Javier Rey. Lamenta de manera personal la salida de un gran soldado", ha señalado el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en la cuenta de Twitter del Ministerio. El general Rey Navas es uno de los mandos militares que aparece en la denuncia realizada por la revista colombiana sobre la red corrupción que funcionaba dentro del Ejército.

Según esta publicación, que se basa en grabaciones telefónicas, el Ejército realizó en los dos últimos años contratos amañados en los cuales supuestamente intervinieron miembros de la cúpula militar y oficiales que se encuentran detenidos por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos".

"Deficiencias administrativas" en algunos contratos

El ministro de Defensa, ha admitido en una rueda de prensa celebrada este lunes que existen "deficiencias administrativas" en al menos diez contratos de la Aviación ya ha ordenado el retiro forzoso del coronel Róbinson González del Río, acusado como eje de una red de corrupción en el Ejercito y de otros militares.

"Se encontraron diez hallazgos con una posible connotación disciplinaria por deficiencias administrativas", ha apuntado el ministro, quien ha añadido que de ahora en adelante, se centralizará todo el proceso de contratación de la Aviación del Ejército en el Ministerio de Defensa, se crearán comités de seguimiento de las ejecuciones contractuales y se harán "auditorías externas para verificar la calidad de los procesos", según Efe.

La existencia de una supuesta red de corrupción en las millonarias compras y licitaciones del Ejército de Colombia, revelada este domingo, ha puesto contra las cuerdas a esa institución que desde hace dos semanas está en medio de otro escándalo por las actividades de sus servicios de espionaje.

Parte del dinero obtenido con esos contratos al parecer fue utilizado para ayudar a militares que están encarcelados por violaciones a los derechos humanos. Los contratos amañados incluyen desde la compra de equipos y de material de intendencia hasta la gasolina para los vehículos, y en muchos casos los precios cobrados al Ejército están muy por encima del valor real de mercado, según algunas conversaciones publicadas por la revista.

En una de ellas, uno de los interlocutores del coronel Róbinson González del Río, detenido desde 2012 por la ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida en 2007 y quien aparece como eje de las corruptelas, le cuenta de sus gestiones con otros militares para conseguir a dedo un contrato de 14.000 millones de pesos (unos siete millones de dólares), de la División de Asalto Aéreo del Ejército.

El presidente Juan Manuel Santos, ha considerado como "inaceptables" y "muy graves" las denuncias sobre una supuesta red de corrupción en el Ejército en la cual aparecen involucrados altos mandos y militares detenidos.

Altos cargos implicados

El presidente ha añadido que ha pedido a la Fiscalía "darle prioridad a esta investigación", y lo mismo a la Procuraduría (Ministerio Público y órgano de control disciplinario) y la Contraloría, que hace las funciones de tribunal de cuentas, pues considera que estos hechos no pueden quedar en manos de la justicia penal militar.

Debido a la guerra contra los grupos guerrilleros, paramilitares y mafias de narcotraficantes, el sector de Defensa maneja un importante presupuesto que para este año es de 27 billones de pesos (unos 13.350 millones de dólares), equivalentes al 3,7 % del PIB del país.

Las denuncias salpican al máximo comandante militar de Colombia, el general Leonardo Barrero, quien llegó a ese cargo en agosto pasado como una estrella en ascenso del Ejército por los golpes que propinó a la guerrilla como jefe del Comando Conjunto del Suroccidente.

En una de las 19 grabaciones publicadas por Semana y que tuvo lugar a finales de 2012, el general Barrero mantuvo contacto telefónico con el coronel González del Río, en la época ya detenido en una guarnición militar desde donde al parecer manejaba negocios con el Ejército.

En esa conversación no se habla de contratos pero sí de la situación jurídica de González del Río y Barrero sugiere a su subalterno una campaña de desprestigio de los fiscales que lo acusan: "Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada (sic)", le dijo el general al coronel, según la revista.

El escándalo se suma a las escuchas del ejército

El general Barrero ha asegurado este domingo que está tranquilo porque no intervino en ninguna contratación del Ejército, al tiempo que se disculpó con la Fiscalía y el país "por el desafortunado empleo de expresiones que considero apresuradas y desobligantes".

Para Barrero, "ninguno de los audios publicados por la revista Semana permite deducir que el Comandante General de las Fuerzas Militares haya participado en actos de corrupción".

Este escándalo se suma al destapado el pasado 4 de febrero, también por Semana, según la cual desde la fachada de una central de inteligencia militar se espió a personalidades políticas del país, entre ellos miembros del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC en Cuba.

Por ese caso fueron "relevados" de sus cargos dos generales de la jefatura de Inteligencia del Ejército mientras que la Inspección de ese cuerpo recomendó relevar de sus cargos a otros seis funcionarios que participaron directamente en la operación para garantizar la transparencia de las investigaciones.