Los inspectores reclaman una Hacienda única que sea independiente y autofinanciada

• Debería existir un sistema único, con una base de datos compartida en red
• El director general sería elegido por las Cortes para garantizar la independencia
• Proponen la creación de un fondo para el pago a confidentes

Los inspectores de Hacienda piden inspecciones de incógnito y pagar a confidentes

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reclama una agencia tributaria única que aglutine las funciones de todas las administraciones, que incluya una caja que centralice el cobro de todas las deudas y que sea independiente y autofinanciada.

El presidente de la IHE, Julio Ransés, ha explicado que la Agencia Tributaria necesita un Estatuto jurídico que haga una Hacienda pública "independiente y estable". Ransés ha presentado las propuestas que los inspectores de Hacienda han enviado al Gobierno para la creación de este Estatuto que, en su opinión, debería entrar en vigor antes de 2016.

Así, insiste en que debería existir un sistema único, con una base de datos compartida en red, que permita controlar a todos los contribuyentes.

Ha puntualizado que cada administración tributaria, local o autonómica, podría encomendar sus competencias y funciones a un organismo único, a través de contratos de colaboración y con la modificación de la ley de cesión, aunque se mantendrían las competencias tributarias de cada comunidad autónoma.

Elección del director general por las Cortes Generales

Por otra parte, ha dicho que la Agencia Tributaria debería ser un organismo independiente, cuyo director general sea nombrado por las Cortes Generales con mayoría cualificada de dos tercios durante un período de cinco años, renovable por otros cinco.

"En 21 años ha habido 11 directores generales y cada uno conlleva 250 nombramientos", ha lamentado Ransés tras asegurar que esto es "terrible" para la estabilidad de este órgano.

Asimismo, los inspectores de Hacienda creen que la AEAT debería "romper amarras con la financiación actual" y autofinanciarse a través, principalmente, de los ingresos procedentes de actos de liquidación y gestión recaudatoria.

También, a través de los recargos de apremio de las deudas cobradas en período ejecutivo, por prestación de servicios para otros órganos o administraciones, por la participación de sus funcionarios en procesos concursales o judiciales y por rendimientos de su patrimonio.

Por otra parte, los inspectores proponen que una parte de la retribución de los trabajadores, "no más de un 30% o un 40%, se establezca por objetivos y productividad, tal como se realiza en algunas empresas privadas.

Otra de las facultades que debería recoger el nuevo Estatuto sería la creación de un fondo para el pago a confidentes por informaciones de las que se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas.