Las víctimas del Alvia vuelven a pedir una comisión de investigación tras el último auto

• El auto señala que Adif comprometió la seguridad de los pasajeros
• Las víctimas piden que se aclare si se aceleró la apertura de la línea

El juez Luis Aláez instruye la causa por el accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio en Santiago.

La asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155, constituida tras el accidente ferroviario del 24 de julio en Santiago, que causó ochenta muertes, ha vuelto a exigir la apertura de una comisión de investigación en el Congreso sobre el siniestro.

Lo han hecho tras el  último auto del juez Aláez, que instruye el caso, en el que sostiene que "hubo decisiones al más alto nivel dentro de Adif que comprometieron la seguridad de los pasajeros, anteponiendo intereses comerciales".

Por ello, subrayan que "el último auto del juez Aláez viene a confirmar lo que las víctimas venimos denunciando desde hace tiempo".

También resaltan que el presidente de Adif reconoció ante la Comisión de Fomento que en junio de 2012 los responsables de la sociedad tomaron la decisión de modificar el proyecto original, "lo que supuso reducir la señalización y la seguridad a partir del punto kilométrico 80,169 hasta Santiago", una decisión autorizada por el ministro José Blanco, con la conformidad del secretario de Estado de Planificación e Infraestructura, apunta la nota.

Las víctimas creen que el accidente se podía haber evitado

Las víctimas quieren saber si esta decisión supuso también acelerar la puesta en servicio de la línea e hizo posible adelantar su inauguración al 10 de diciembre de 2011, que en principio estaba prevista para 2015.

"Los responsables de Adif -insisten- tendrían que velar ante todo por la seguridad y la integridad de las personas, por encima de cualquier otro interés" y agrega que "quienes tomaron el relevo en esos cargos siguieron asumiendo los mismos riesgos y haciendo la misma publicidad de la línea como de alta velocidad".

Por ello, concluyen que el accidente "podría haberse evitado, pero no se adoptaron las medidas para neutralizar esos riesgos, hasta días después de la catástrofe" y exigen "saber toda la verdad y que se depuren responsabilidades penales y también políticas".

En ese sentido, insisten en su demanda de una comisión de investigación en el Congreso, para que "los responsables políticos nos expliquen a las víctimas, a sus familiares y a toda la sociedad española, con luz y taquígrafos, por qué y quién puso en riesgo la vida de miles de personas, con el resultado de 80 muertes y más de un centenar de heridos".