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El CGPJ estudia si abre expediente a 33 jueces catalanes por su respaldo al "derecho a decidir"

  • El sindicato Manos Limpias ha interpuesto la denuncia
  • Los jueces defendieron la legalidad de la consulta soberanista en un manifiesto

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Fonseca-Herrero en su toma de posesión como promotor de acción disciplinaria del CGPJ
El magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, en su despacho tras tomar posesión de su cargo como Promotor de la Acción Disciplinaria.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado este martes a su servicio disciplinario la denuncia del sindicato Manos Limpias contra 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto para apoyar la legalidad de la consulta soberanista en Cataluña.

La denuncia ha sido remitida esta tarde por la comisión permanente del CGPJ al Servicio de Inspección y al Promotor de la Acción Disciplinaria, que es el encargado de decidir si se inicia un expediente disciplinario a los magistrados firmantes.

Manos Limpias presentó el pasado viernes la denuncia contra los 33 jueces catalanes al considerar que han cometido una infracción disciplinaria muy grave por "falta de respeto y acatamiento a la Constitución".

El sindicato entiende que la declaración de los magistrados no está amparada por el derecho a la libertad de expresión y de manifestación.

Los jueces defienden la legalidad de la consulta

El pasado 13 de febrero, 33 jueces catalanes hicieron público un manifiesto por el "Derecho a Decidir" en el que defienden la legalidad de la consulta soberanista "en el actual marco constitucional" e "interpretado a la luz de la normativa internacional".

Entre los firmantes figuran Montserrat Comas, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2011 y 2008 y expresidenta del Observatorio de Violencia de Género; los dos instructores del caso Palau, Juli Solaz y Josep Maria Pijuan; jueces de instrucción como Josep Maria Miquel Porres y Josep Niubó, y el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal.

Según Manos Limpias, todos los cargos públicos, "y con mucho más motivo los componentes del poder judicial", están obligados a acatar la Constitución y "ese manifiesto supone, atacar, quebrantar el ordenamiento jurídico y por supuesto, su máxima ley, que es la Constitución".

El servicio disciplinario decidirá si abre expediente

La Comisión Permanente del CGPJ ha decidido remitir a su servicio disciplinario la denuncia interpuesta por Manos Limpias.

Será por lo tanto el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, quien deberá determinar si se abre o no expediente disciplinario contra los 33 jueces.

Los vocales de la Comisión Permanente, encabezados por el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, han decidido asimismo remitir la denuncia al Servicio de Inspección, según informaron fuentes de la institución.