Seis comunidades piden que la dispersión y el envejecimiento pesen más en la financiación

• Declaración de Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia y las dos Castillas
• El coste de los servicios públicos se encarece por estas variables

Seis comunidades autónomas, las de Aragón, Asturias, Extremadura,  Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, han aprobado una declaración institucional por el cambio demográfico, en la que, entre  otras cosas, piden al Gobierno de la nación "una nueva ponderación de  las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población  protegida en la revisión del sistema de financiación autonómica".

En una rueda de prensa, consejeros de cada una de las seis comunidades  autónomas han subrayado que el coste de la prestación de los  servicios públicos básicos se encarece ante las variables señaladas,  a pesar lo cual el modelo actual "potencia mucho la población, casi  en exclusiva" y esos otros aspectos "se tienen poco en cuenta", ha  explicado el consejero de Política Territorial e Interior del  Gobierno de Aragón, Antonio Suárez.

Además, solicitarán al Gobierno la elaboración de una Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico y buscarán alianzas con otras regiones de la Unión Europea afectadas por el mismo problema; de hecho, está prevista una reunión a primeros de abril con el Comisario de Empleo y Política Social para ese fin.

También reclamarán al Gobierno una mayor financiación para las políticas de desarrollo rural, al entender que tienen un carácter transversal y afectan directamente a la vertebración y ordenación del territorio. Concienciarán a las fuerzas políticas de la importancia de los desafíos demográficos y sus consecuencias, y la necesidad de promover un Pacto de Estado por la Demografía.

El 60% del territorio pero solo el 29% de población

Estas seis comunidades engloban el 60% del territorio y el 58% de los municipios, pero solo el 29% de la población, lo que hace que en casos como Aragón, un alumno de educación secundaria de Albarracín cueste tres veces más que uno del Instituto Miguel Catalán de Zaragoza (9.396 euros frente a 3.370), como ha puesto de ejemplo Suárez.

Ha destacado que las seis comunidades tienen como común denominador la despoblación, "un problema que tarde un temprano se va a ir produciendo en otras comunidades autónomas".

El consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha subrayado que el actual modelo de financiación nació "muerto" en su comunidad, ya que ni siquiera cubre sanidad, educación y servicios sociales, y ha precisado que este frente común no es contra nadie ni se trata de "echar un pulso" a las comunidades con más población. De lo que se trata, ha dicho, es de saber conciliar todas las dificultades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y alcanzar un equilibrio.

Por su parte, el consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, ha advertido, no obstante, de que el nuevo modelo de financiación no debería suponer la pérdida del actual "statu quo" para su Comunidad y ha subrayado que "lo que hay que garantizar es la igualdad de oportunidades en el territorio".

Desafíos demográficos

Desde la Xunta de Galicia, Beatriz Mato ha insistido en que los desafíos demográficos son una "cuestión de Estado" que también adquieren "dimensión europea", además de ser un problema estructural que "afecta a la prestación de servicios públicos".

No obstante, Mato ha reconocido que el problema de la segunda comunidad más envejecida y con una menor natalidad, es también de índole cultural, ya que, según una encuesta realizada a 1.600 personas de entre 18 y 65 años, la falta de hijos está relacionada con la estabilidad emocional individual, lo que evidencia que no hay conciencia social del problema.

El consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha subrayado que el objetivo de este frente es "fijar la población" para que sus habitantes "tengan las mismas oportunidades que en otras partes" y para ello "hay que superar cualquier tipo de ideología y carácter partidista".

Además, ha hecho hincapié en que estas comunidades son un "indicador adelantado" de lo que puede suceder en otras regiones, como ha puesto de manifiesto en un informe la agencia de calificación Fitch.

Por su parte, Carmen Casero, consejera de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha, entiende que si no se afrontan esos cambios "como reto de Estado, difícilmente se podrían afrontar otros retos" y "difícilmente se podrá dar una mejor vida a las generaciones venideras".

Castilla-La Mancha, ha recordado, es la tercera comunidad en extensión, que cuenta con 919 municipios y sólo 38 tienen más de 10.000 habitantes.

Las seis comunidades han acordado celebrar el tercer encuentro de regiones con desafíos demográficos en Mérida el próximo mes de junio.