La promotora del almacén de gas Castor reclama su reapertura tras un informe de una consultora

• Insiste en que es "seguro" y fiable" a pesar de los sismos provocados
• Está en "una de las zonas de menor peligrosidad sísmica del Mediterráneo"
• Según la auditoría, el proyecto Castor habría costado 1.461 millones
• Gráfico: Cómo funciona un almacén subterráneo de gas natural

Imagen de la plataforma ubicada en el Delta del Ebro del proyecto Castor, para almacenar gas en el subsuelo.

La empresa promotora del almacén submarino de gas Castor, Escal UGS, reclama al Gobierno que el proyecto se pueda volver a poner en marcha a partir del informe de una consultora privada, e insiste en que la infraestructura es "segura" y fiable" después de los centenares de sismos provocados.

El máximo responsable de la compañía, Recaredo del Potro, ha presentado en unas jornadas del Colegio de Geólogos de Cataluña los resultados de una auditoría de la consultora privada DNV, que defiende la viabilidad del proyecto y que Escal ya ha remitido al Ministerio de Industria.

"Escal ha actuado como operador prudente en referencia a los problemas geomecánicos y de posible sismicidad inducida", dice el informe, que también subraya que el almacén necesitó hasta 42 autorizaciones diferentes y que se encuentra en "una de las zonas de menor peligrosidad sísmica del Mediterráneo".

Según los datos de la misma auditoría, el proyecto Castor habría costado 1.461 millones.

Durante la presentación, algunos expertos han mostrado su disconformidad con las explicaciones de la promotora y, al respecto, el geólogo José Giner ha afirmado que el modelo geológico de Escal es erróneo, y la estructura no sería apta para albergar un depósito.

Por su parte, la doctora Eulàlia Massana también ha puesto en duda la explicación ya que, a su juicio, los datos de que se disponen actualmente no permiten descartar actividad sísmica futura; mientras que el jefe del área de sismología del Instituto Geológico de Cataluña, Xavier Goula, no descarta que otras fallas del entorno de la conocida como falla Amposta pudieran provocar terremotos de hasta 5 grados en la escala de Richter.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo confirmó que el Gobierno tendría que indemnizar a la empresa si finalmente se cierran las  instalaciones.