La defensora del pueblo insta al Gobierno a acelerar el pago de ayudas de Fogasa

• Presenta su informe anual correspondiente al ejercicio 2013 (pdf.)
• Considera "insuficientes" los avances para proteger a los deudores hipotecarios
• Becerril asegura que seguirá atenta a los arbitrajes de preferentes

La Defensora del Pueblo insta al Gobierno a acelerar los pagos del FOGASA a los desempleados

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha  instado al Gobierno a que "arbitre las medidas necesarias para superar  la ineficiencia" con la que actúa el Fogasa en el reparto de salarios e  indemnizaciones a los trabajadores que han perdido su empleo en empresas  declaradas insolventes.

Según los datos proporcionados por la defensora en su memoria anual de 2013 (pdf.), a 30 de abril de 2013 Fogasa contaba con una bolsa  de 153.698 expedientes sin resolver que afectaban a unos 240.000  trabajadores, debido a que el tiempo medio de resolución ascendía a 210  días, aunque en algunas provincias llegó a 415 días, lejos de los tres  meses legales.

Por este motivo, la defensora ha iniciado "una  actuación de oficio" ante el Fogasa para conocer las necesidades  personales y materiales de las que carece y que son imprescindibles para  su adecuado funcionamiento, con el objetivo de instar a las instancias  superiores a que las adopten.

Explica, además, que los expedientes acumulados  responden al incremento de las solicitudes de prestaciones de garantía  salarial consecuencia del aumento de empleos destruidos, que se han  cuadruplicado desde 2008, mientras que la plantilla de Fogasa se ha  revelado como "insuficiente" para atender este elevado volumen de  trabajo.

Como solución temporal, añade el informe, el pasado mes  de octubre Fogasa encomendó a una empresa pública la gestión de los  expedientes atrasados en las provincias con mayor volumen de retraso y  manifestó que confía en eliminar la lista de espera en un plazo inferior  a un año, aunque reconoce que es necesario resolver el problema de  manera estructural.

Avances "insuficientes" para proteger a deudores hipotecarios

Becerril ha calificado de "insuficientes" los avances que se han producido con la puesta en marcha de las normas para proteger a los deudores hipotecarios, ya que entre otras cuestiones, han tenido un escaso ámbito de aplicación.

De esta manera, han quedado excluidos los colectivos sociales que no reunían todos los requisitos exigidos en las normas, según ha matizado la defensora, que también ha denunciado que las medidas aplicadas por el Gobierno en este sentido se limitaban de forma exclusiva a la deuda hipotecaria de la vivienda habitual.

En su informe de 2013, ha insistido en pedir una "segunda oportunidad" para los ciudadanos que debido a la crisis no pueden afrontar el pago de sus deuda.

Ttambién explica que pese a la aprobación de la suspensión del lanzamiento durante dos años no se han paralizado los intereses de demora en ese período.

Igualmente, ha considerado que es una necesidad social seguir buscando soluciones amplias que tengan en cuenta otras circunstancias "perniciosas", que eviten la exclusión social de los afectados.

En su informe, también ha criticado que no se haya evitado que sobre el desahuciado pueda seguir pesando una deuda de por vida con su acreedor, aunque se establezca una quita.

Seguirá atenta a los arbitrajes de las preferentes

La defensora del pueblo ha advertido de que seguirá atentamente los procesos de arbitraje de los afectados por las participaciones preferentes y sus resoluciones, aunque reconoce que son muchos los que han obtenido la restitución de sus ahorros o de una parte de ellos.

En su informe de 2013, Becerril lamenta que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se hayan pronunciado hasta el momento sobre su recomendación de ofrecer el arbitraje universal para todas las entidades intervenidas.

Esta recomendación estaba incluida en un estudio que la defensora presentó el año pasado ante las Cortes, con el objetivo de "paliar el problema social" causado por la comercialización de preferentes.

En el estudio también se proponía instaurar un código de colores para identificar el riesgo de cada producto financiero, una medida que ya había recomendado antes, y que ahora está valorando la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros del Congreso, según explica Becerril en su informe.

Por otro lado, el informe cuestiona la utilidad de que los clientes presenten una reclamación al Banco de España, porque aunque tengan razón, esto no sirve de base para que el supervisor ponga una sanción o para que las propias entidades financieras rectifiquen.

Explica que la institución ha constatado que las denuncias de los clientes contra las entidades financieras, aun cuando queda acreditada la mala práctica bancaria, "no constituye la base para incoar ningún expediente sancionador a entidad financiera alguna, por graves que sean las consecuencias".

En un apartado dedicado sólo a las entidades financieras, la defensora del pueblo explica que ha pedido al Banco de España que se declaren nulas las cláusulas suelo de las hipotecas en los casos de falta de transparencia, y la respuesta que ha recibido del supervisor es que se ha reforzado la protección de los hipotecados.