El Parlamento de Chipre rechaza la ley de privatizaciones exigida por la troika
- Es uno de los requisitos exigidos a cambio del cuarto tramo del rescate
- El próximo tramo del rescate financiero asciende a 236 millones
- Chipre tiene como fecha límite el 5 de marzo para aprobar la ley
El Parlamento de Chipre ha rechazado la ley de privatizaciones de empresas estatales, uno de los requisitos exigidos por la troika a cambio del cuarto tramo del rescate financiero al país.
La ley fue rechazada por 25 diputados, votada a favor por otros tantos, mientras que cinco se abstuvieron. Entre los diputados que votaron en contra o se abstuvieron figuran cinco de los ocho diputados del centrista DIKO, que hasta ayer formaba parte de la coalición de Gobierno y que anunció su salida en protesta por la reapertura de las negociaciones para la reunificación de la isla emprendida por el presidente, Nikos Anastasiadis.
En principio, el rechazo debería implicar un bloqueo al desembolso del próximo tramo del rescate de la troika por valor de 236 millones.
Chipre tiene como fecha límite el 5 de marzo, según sus obligaciones con la troika, para completar la aprobación de la propuesta de ley sobre las privatizaciones. Por eso no se excluye que en los próximos días los diputados sean llamados a revisar su decisión, previa consulta con los sindicatos y el Ejecutivo.
En el debate previo a la votación, el líder de DIKO, hasta este miércoles socio de la coalición gubernamental, Nikolas Papadópulos, ha dicho que su partido seguirá actuando "con responsabilidad" pese al coste político que ha supuesto salir del Ejecutivo. Sin embargo, finalmente y tras quedar rechazadas varias enmiendas presentadas por esta formación, solo Papadópulos y otros dos diputados de su partido acabaron respaldando el proyecto gubernamental.
El parlamentario de DIKO Angelos Votsis justificó la abstención de cinco de los ocho miembros de su grupo por el hecho de que el partido gubernamental DISY había decidido rechazar las cinco enmiendas presentadas al proyecto de ley. Según Votsis, las enmiendas se referían a derechos de los trabajadores y cuestiones de seguridad y defensa.
Por parte de la oposición, el líder del comunista AKEL, Andros Kyprianú, ha dicho que su partido "no consentirá la venta de riqueza pública" y, en alusión a la imposición del programa de reformas por parte de la troika, ha señalado que el Parlamento no puede "funcionar bajo amenazas".
Manifestaciones de empleados públicos
Unos 3.000 manifestantes se han congregado ante el Parlamento en protesta contra la ley que, entre otras cuestiones, prevé la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones CYTA, la de la compañía estatal de electricidad AHK y de la autoridad portuaria.
Desde comienzos de esta semana los sindicatos de estos tres principales entes realizaron varias protestas, un fenómeno que no se había visto en Chipre desde su adhesión al programa de la troika el año pasado.
La privatización de empresas estatales representa una de las condiciones del acuerdo que el Gobierno de Chipre firmó el pasado año con la troika formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional a cambio de una ayuda financiera de 10.000 millones de euros.
Chipre tiene que conseguir 1.400 millones en cuatro años a través de la venta de empresas públicas.