El PP valenciano pagaba un 80% en B a la trama Gürtel por actos electorales, según la UDEF

• En un informe da por "demostrado" que el partido se financió irregularmente
• Analiza un esquema de Crespo con la "mecánica de facturación" de la trama
• La trama guardó con el nombre de "pufos" varios archivos sobre actos del PP

Francisco Correa (izqda.) y Pablo Crespo (dcha.), presuntos cabecillas de la trama Gürtel, con su abogado.

Un 80% del dinero que pagaba el PP valenciano a empresas de la trama Gürtel por realizar actos electorales era en dinero B, según uno de los seis últimos informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez Pablo Ruz, el cual da por "demostrado" que este partido se financió en parte de manera irregular.

Uno de informes, a los que ha tenido acceso Efe, hace un análisis de la agenda intervenida al considerado 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, donde aparece una esquema manuscrito en el que se plasma "la mecánica de facturación que se sigue por parte de la organización y del propio Partido Popular de la C. Valenciana".

En él se lee la letra "P" (que la policía interpreta como PP) en el lado izquierdo del papel, y unas flechas con las palabras "Barcelona (80)" y "Alicante (20)" con destino "O.M.", que la UDEF vincula con dinero "B" y "A" hacia la sociedad de Gürtel Orange Market.

Esta última sociedad realizaba actos electorales para el PP valenciano, indica el informe, de los cuales "al menos un 20% del importe se abonaba en dinero A y el 80% en dinero ajeno al circuito económico legal y que pasaba a engrosar la caja B de la organización".

Según la policía, además "ya ha quedado demostrado cómo la financiación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se hacía en parte mediante el pago de empresas constructoras de la Comunidad hacia Orange Market, la cual justificaba el trasvase mediante la emisión de facturas con conceptos ficticios giradas a esa empresa".

Para respaldar la existencia de esta mecánica de emitir facturas ficticias, la UDEF destaca otra anotación de Crespo en la que se lee "Inventar concepto - Partido", en referencia al PP.

Archivos sobre actos del PP: "Pufos"

En uno de los informes de la UDEF se hace constar además que la trama 'Gürtel' guardó bajo el nombre de "pufos" varios archivos en los que desgranaban los detalles sobre la organización de actos políticos para el PP en las elecciones autónomicas y municipales de 2003 y las generales y europeas de 2004, según informa Europa Press, que ha tenido acceso a uno de ellos, que analiza la documentación intervenida en la sede que uno de los miembros de la red, David Luis Cerezo, tenía en la calle General Martínez Campos de Madrid.

Entre los documentos incautados por los agentes se encuentra uno denominado "regional Madrid actos pufos", en el que se detalla la celebración de actos correspondientes a la campaña electoral autonómica a la que Esperanza Aguirre concurrió en 2003.

De igual modo, la organización de Francisco Correa guardaron un documento con el nombre "pufos Andalucía", en el que se desglosan actos por los que se facturaron 107.712,96 euros; y otro bajo la reseña "pufos Majadahonda", sobre contratos en este municipio madrileño.

En este domicilio también se hallaron varias cartas en los que la empresa Special Events solicitaba el pago de diversas facturas a distintos representantes del PP, entre los que se encontraban el extesorero Luis Bárcenas o el entonces secretario general del PP gallego Jesús Palmou.

Carta conminatoria a Granados

El 25 de enero de 2005 el presunto 'número dos', Pablo Crespo, mandó una carta al entonces secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, en la que le solicitaba un pago de 70.123,81 euros y le advertía de que, "de no hacerse efectivo dicho pago, recurrirían a sus abogados".

En la documentación también consta una misiva enviada al entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, al que dirigió una carta que fue guardada con el nombre de "carta Beltrán-pufos Madrid".

La Policía también se hizo con numerosos archivos denominados 'Bárcenas', en los que se guardan cartas en las que Crespo reclamaba el pago de actos correspondientes a la campaña de las elecciones generales y europeas de 2004. En estos últimos comicios, la red 'Gürtel' también tuvo como interlocutores al director de Campaña, Juan Carlos Vera, y al coordinador del PP de Madrid, Sebastián González.

Por ejemplo, en una carta fechada el 27 de abril de 2003 Crespo pedía al extesorero que le realizara un pago de 600.000 euros por los servicios prestados al PP ya que no podían "hacer frente a los acreedores". El importe de sus servicios ascendía a 1,19 millones de euros.

Además, en un documento de Excel denominado 'Facturas sedes regionales', la trama de Correa hacía una relación de las cantidades facturadas por el montaje de actos de las diferentes campañas electorales autonómicas realizadas por el PP en toda España junto al que se anotó la frase: "Todas en un sobre a la atención del Sr. Bárcenas a la c./ Génova".

El informe analiza contrataciones a empresas de Gürtel también en la Generalitat Valenciana y de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y pide al juez en sus propuesta de actuación que reclame al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) el expediente de contratación completo para el suministro mobiliario en dicho consistorio en los años 2007 y 2008.

Crespo controlaba las cuentas de los actos del PP valenciano

El informe concluye que si bien la persona encargada de los "contactos y relaciones públicas con los representantes políticos del Partido Popular en Valencia" es el imputado Álvaro Pérez 'el Bigotes', representante de Orange Market en Valencia, éste quedaba "supeditado jerárquicamente" a Crespo.

Pablo Crespo es, según la UDEF, la persona que, desde Madrid, llevaba el control de las cuentas, de la facturación y del cobro de los actos celebrados para dicha formación política.

En la agenda, indica el informe, figuran además "multitud de anotaciones en las que se hace mención a nombres que corresponden con personas que han ocupado puestos de responsabilidad política, tanto a nivel local como autonómico y estatal"

"En muchas ocasiones -añade- Pablo Crespo se refiere a ellos con el apodo por el que se les conoce en la organización", algunos de los cuales se han identificado, como los de "Bujías" (Alfonso Bosch), "Santo" (César Tomás Martín) y "Nosotros" (en referencia a la propia trama Gürtel), mientras que otros como "Fideo" o "Futbolista" no se han podido atribuir a nadie en concreto.

Algunos de esos apuntes, destaca la UDEF, hacen referencia a "repartos de dinero provenientes del cobro de comisiones ilegales o a adjudicaciones en las que intervienen en base a su cargo".

Destacan entre ellos el exdiputado del PP Jesús Merino, el exeurodiputado Gerardo Galeote, el exdiputado madrileño Alfonso Bosch, el exdirector de la Radio Televisión Valenciana Pedro García Gimeno, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte Guillermo Ortega y Arturo González Panero.

Como conclusión, la UDEF asegura que Crespo ostentaba una "posición directiva" en la trama supuestamente liderada por Francisco Correa y que participaba en las empresas que tenían en el exterior, planificaba las operaciones de inversión inmobiliaria o de servicios, daba directrices a los empleados de Gürtel y mantenía contactos con responsables políticas y altos cargos de las distintas administraciones.

'Gürtel' operaba con una "sociedad principal" en el Caribe

Los seis informes que la UDEF ha remitido al juez Ruz se refieren a la agenda personal de Pablo Crespo; a las sociedades vinculadas a la trama Easy Concept, Galher Servicios Administrativos, y Consultoría y Gestión de Inversiones; a la adjudicación del expositor de Jerez (Cádiz) en la feria Fitur 2004 y a un "pendrive" de Crespo incautado en su domicilio.

Este último informe recoge, entre otras cosas, la estructura que la red creó en el exterior ayudada por el abogado imputado Luis de Miguel, gracias a la cual, Correa pudo "desvincularse ante las autoridades nacionales del patrimonio generado y de las operaciones realizadas por las distintas sociedades" de su grupo empresarial.

Esta estructura consistía en un "esquema de raíz británica", mediante la creación de una "sociedad principal" en la isla de Nevis, en el Caribe, de la cual dependía otra empresa, denominada "agente", con domicilio social en el Reino Unido.

Por último, explica la UDEF, de esta mercantil de nacionalidad británica "colgaban las sociedades sitas en España, tanto sociedades de eventos que llevaban a cabo actividades de publicidad y marketing (que cobraron del PP por organizar multitud de actos electorales), como las sociedades patrimoniales cuyo único fin era ocultar la titularidad del patrimonio de Francisco Correa".

Contratos irregulares en Jerez

La UDEF determina también que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas de Correa a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos.

El informe que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Europa Press, rescata el nombre de García-Pelayo, quien recientemente ha sido aupada para presidir el Comité Andaluz de Gobiernos Locales.

El antiguo instructor del caso 'Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella por la adjudicación ilegal de un stand y de espectáculos ecuestres y flamencos, por un valor total de 214.027 euros, porque los hechos se referían a Jerez de la Frontera.

Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, "con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal" de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez.

Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido "casi un mes" desde su finalización. "De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado", remarca el informe.

Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban "dar una apariencia de legalidad" al procedimiento.

Barcos y coches de lujo e inversiones inmobiliarias

Francisco Correa y Pablo Crespo han invertido "parte de los beneficios obtenidos en los negocios en los que participó su organización en la adquisición de embarcaciones de recreo para su disfrute", según precisa un informe de la UDEF remitido al juez Ruz.

Este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que Correa compró los barcos Carmen Junior III, Carmen XI y Montecristo, mientras que Crespo adquirió el Aguillón, Aguillón II y Parapipi.

La Policía menciona una séptima embarcación, Tutto Mare, cuya  compra "estuvo destinada a una venta inmediata más que a un disfrute propio". Este barco se vendió por seis millones de euros a un particular -el doble su precio de adquisión- a pesar de que Correa y Crespo "conocían que sufría graves problemas".

Además de las embarcaciones de recreo, la UDEF reseña la compra de otros bienes de lujo, entre ellos varios coches, que se ponían a nombre de distintas empresas de la trama. El informe menciona dos Land Rover, un Audi, un Mercedes, un Rover y un Volkswagen y asegura que solían adquirirse a través de 'renting'.

La Policía destaca también que la organización de Correa, con objeto de integrar en el sistema financiero legal "cantidades monetarias obtenidas en España por comisiones ilícitas derivadas de adjudicaciones públicas" realizó inversiones inmobiliarias en el país y en el extranjero.

Así, señala tres proyectos desarrollados en Estados Unidos, Panamá y Colombia. En este último país llegaron a adquirir tres inmuebles dentro de un proyecto más amplio de invertir en viviendas en toda Sudamérica.