Vigilancia Aduanera atribuye "posible financiación ilegal" a PP y PSOE en Santiago

• "Presume" el posible delito por un dinero entregado en campaña electoral
• Alude a otra posible financiación ilegal con el socialista Sánchez Bugallo
• Abren juicio oral contra los siete ediles del PP imputados por prevaricación

Agentes de Vigilancia Aduanera en el Ayuntamiento de Lugo, el pasado mes de febrero.

Un informe de Vigilancia Aduanera atribuye "posible financiación ilegal" al PP y al PSOE en Santiago de Compostela e implica a la principal competidora del Grupo Vendex en los concursos de la ORA y la grúa, Setex Aparki.

Así, el informe concluye que esta empresa al final se hizo con un concurso en la capital gallega porque "ya disponía de una plataforma más favorable en el seno del órgano de contratación a través del partido político que sustenta la acción municipal (ya gobernaba el PP) al haber entregado presuntamente dinero en el curso de la campaña electoral de noviembre de 2011". Ese año se celebraron elecciones municipales en mayo y elecciones generales en noviembre.

A este respecto, en el informe del 13 de febrero de 2013 incluido entre los nuevos tomos abiertos por la jueza Pilar de Lara, a los que ha tenido acceso Europa Press, Vigilancia Aduanera "presume la posible financiación ilegal del Partido Popular en Santiago de Compostela" en la que habrían participado el concejal Adrián Varela Sarandeses, Ángel Espadas (el exasesor del alcalde Gerardo Conde Roa) y José Antonio Barona Couselo (responsable de Setex Aparki en Santiago de Compostela).

Preguntado por esta cuestión en su declaración ante la jueza en junio de 2013, el concejal de Deportes, Adrián Varela, reconoció que "Antonio Ramos", al que identifica como "constructor", puso "dinero" para la campaña del PP, aunque matiza que él en ningún momento ha visto recibir cantidades y que él no era el tesorero del partido.

Sin embargo, en una conversación intervenida a este concejal y a Ángel Espadas -que era el jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa-, Adrián Varela le comenta que, en el caso de que el actual regidor, Angel Currás, tuviese intención de "prescindir" de él (por Espadas), le iba a "recordar, decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros... gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú (a Espadas) sigas ahí, para empezar...".

La jueza insistió en sus preguntas al concejal de Deportes si existían otras personas que pudiesen aportar dinero, pero el concejal únicamente se refirió a esa persona.

Financiación de los socialistas

Por su parte, sobre la "posible financiación ilegal" del PSOE en Santiago, Vigilancia Aduanera señala que habrían participado Antonio Murcia, el propietario de la imprenta con el nombre comercial 'La Ibérica'; José Antonio Sánchez Bugallo, actual diputado y entonces alcalde de la localidad; Bernardino Rama, concejal con Bugallo y en la actualidad e imputado en la Operación Pokémon; Alfonso Luaces (Aquagest); José Luis Míguez (Aquagest); Henry Laíño, exdelegado de Aquagest en Galicia.

En este punto, señala que "serían conocedores de este hecho", según el mismo informe de Vigilancia Aduanera, el exalcalde Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, José María Tutor Lemos (Vendex Santiago), y Alberto Quintana (exgerente de Sermasa).

De hecho, según consta en el sumario, Conde Roa y quien era su jefe de gabinete alentaron al empresario Antonio Murcia a ir "a saco a por ellos en el juzgado" con su demanda contra el anterior gobierno municipal del PSOE, puesto que detectaban "un tema de un calado de la leche". "Un tema de financiación irregular", sostiene Espadas en una conversación telefónica intervenida en febrero de 2012.

Abren juicio oral contra siete concejales del PP de Santiago

El juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha notificado este mismo lunes el auto de apertura del juicio oral contra los siete concejales del PP del Ayuntamiento de Santiago de Compostela imputados por un delito de prevaricación, al decidir en una junta de gobierno del 30 de mayo de 2013 que el consistorio costease la defensa del edil de Deportes, Adrián Varela, tras su imputación en la Operación Pokémon.

De ello ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que ha precisado en un comunicado que los siete ediles populares se enfrentan a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un plazo de nueve años. Los concejales imputados son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello.

La imputación de sus compañeros a raíz de esta decisión -a instancias de la denuncia de un particular- motivó que, en julio, el propio Adrián Varela presentase un escrito en el Consistorio por el que renunciaba a cualquier tipo de compensación por los gastos de su defensa, que se está pagando con sus propios medios.

Ante la polémica por la decisión judicial de imputar a los miembros de la junta de gobierno compostelana, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha respaldado mediante un comunicado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de, Ana López Suevos, frente a las críticas contra su trabajo.

No es la primera vez que los jueces salen en defensa de la magistrada Ana López Suevos, a quien la portavoz del Gobierno municipal de Santiago, María Pardo, llegó a acusar de "persecución política", lo que provocó que la junta de jueces de Santiago criticase el pasado mes de octubre estas "descalificaciones" y censurase el "poco respeto" hacia el principio de división de poderes.