Los exconsejeros de Caja Madrid dicen que fue la comisión ejecutiva la que aprobó las preferentes

• Se informó al consejo de administración como un "asunto resuelto", señalan
• Además, con anterioridad la junta general de accionistas aprobó la emisión
• Dicen que bajo la etapa de Miguel Blesa no generaron "alarma social"

Cuatro exconsejeros de Caja Madrid han asegurado en la Audiencia Nacional que la comisión ejecutiva de la entidad aprobó la emisión de participaciones preferentes y se la trasladó al consejo de administración como un hecho ya resuelto, y que bajo la etapa de Miguel Blesa no generaron "alarma social".

Ante el juez Fernando Andreu han declarado Jesús Pedroche (PP), Rodolfo Benito (CC.OO.), José Manuel Fernández-Norniella (PP) y José María Arteta Vico (PSOE), que han coincidido al afirmar que durante las reuniones del consejo siempre se trasladó tranquilidad sobre la solvencia de la entidad en 2009, cuando se emitieron las preferentes, han informado a Efe fuentes jurídicas.

En este sentido, Arteta ha precisado que en el acta del consejo del 20 de abril de 2009 consta como se transmitió la buena situación financiera de la caja, con un incremento de los depósitos del 10%, de un 6% los recursos propios y 357 millones de beneficio en el primer trimestre, cuando en todo el año anterior había sido de 800 millones.

Fue en esa reunión, además, donde el ex director financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj comentó la posibilidad de que Caja Madrid emitiera preferentes y, siete días después, según Arteta, el comité ejecutivo garantizó la emisión de Caja Madrid Financial Preferred.

El día 30, ha proseguido, la junta general de accionistas de Caja Madrid Financial Preferred aprobó la emisión, de lo que se informó al consejo el 18 de mayo como un "asunto resuelto".

Hasta enero de 2010 los preferentistas siempre recibieron los intereses

Según el exconsejero, la emisión de estos productos se dirigió a fortalecer los recursos propios de la entidad debido no a problemas en su solvencia, que era buena, sino en previsión de la acuciante crisis internacional.

Ha añadido que hasta enero de 2010, cuando salió del consejo, los preferentistas siempre recibieron el abono de los intereses y nunca hubo "alarma social", argumento que también ha manifestado Benito, que ha agregado que la emisión de 2004 no generó ningún problema.

Por último, Arteta ha explicado que existía una comisión de control, presidida entonces por Pablo Abejas, cuya función era la vigilancia financiera de la entidad, y que podía suspender los acuerdos de la ejecutiva si afectaba a impositores y clientes, por lo que podía haber supervisado la emisión.

Mientras, Norniella ha insistido en que la decisión de emitir preferentes partió de la ejecutiva, a cuyo frente estaba también Blesa, y que personalmente revisó el folleto, que había sido autorizado por la CNMV y el Banco de España, y comprobó que se ajustaba a la normativa explicando el producto y sus riesgos.

El folleto de la emisión incluía la rebaja de rating de Moody's

Sobre la rebaja de rating por parte de Moody's, que situó la calificación crediticia en bono basura justo antes de que se cerrara la emisión, ha apuntado que se trataba de un riesgo que incluía el folleto, pero que se comunicó a la CNMV y se le dio posibilidad a suscriptores de revocar su mandato en dos días, han informado a Efe las mimas fuentes.

A la pregunta del fiscal Anticorrupción sobre si las cuentas de 2010 -cuando obtuvo 180,47 millones frente a los 359,7 de 2009- pudieron recoger un deterioro previo, Norniella ha respondido que los ajustes que se hicieron ese año se debieron a la situación económica.

También le ha inquirido si conocía las recomendaciones que hizo el Banco de España a la entidad en 2006 y 2009 para afrontar el alto riesgo de morosidad, ha precisado que en los consejos de administración simplemente se dio cuenta de ellas y que se estaban aplicando.

Pedroche ha indicado que fue Blesa y el secretario del consejo quienes leían esas cartas del supervisor, en una de las cuales se advertía del alto porcentaje de morosidad -de hasta el 30%- de las hipotecas concedidas por la red de agentes colaboradores (canal Apis) y de un 3,4% de las otorgadas por el de la red de oficinas.

Cuestionado por el fiscal sobre cómo ejecutó la entidad esas recomendaciones, Pedroche ha señalado que se encargaron de ello las direcciones generales del banco.