La juez Alaya investigará qué sabía el Parlamento andaluz de los ERE fraudulentos

• Esta resolución se produce a petición del abogado de un responsable de IDEA
• Alegó que los diputados tenían un "conocimiento profundo" de las transferencias
• La Junta reclama una fianza de 8 milones de euros a un hijo de Ruiz Mateos

Alaya investiga si el Parlamento andaluz conocía las irregularidades en los ERE

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado pedir al Parlamento de Andalucía una serie de documentos sobre el conocimiento que su Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas.

Alaya, en resoluciones a las que han tenido acceso Efe y Europa Press, acuerda pedir los diarios de sesiones de la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda entre 2001 y 2010 donde se debatió el presupuesto anual, así como de la sesión plenaria que aprobó los correspondientes Presupuestos en el mismo periodo de tiempo.

También pide certificados de que la Consejería de Hacienda haya remitido al Parlamento "con la periodicidad trimestral que exigen las Leyes de Presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L".

"Profundo conocimiento" de los presupuestos

Esta resolución se produce a petición del abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un responsable de la agencia andaluza IDEA imputado en el caso, quien había alegado que los 17 parlamentarios de la Comisión de Economía tenían "un profundo conocimiento del proyecto de Ley de presupuestos" y poseían "un altísimo nivel técnico".

La magistrada acuerda además remitir el escrito de este abogado a los peritos de la Intervención General del Estado que están analizando las ayudas para que informen sobre "qué pudo conocer la Comisión de Economía sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

Según el abogado que pidió estas pruebas, los parlamentarios de la Comisión de Economía disponían además de un personal técnico auxiliar y de un profesional específico del Cuerpo de Letrados de la Junta, especialista en Derecho Presupuestario.

Añade que cada año el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas comparecía ante la citada comisión y exponía su rendición de cuentas anual y los 17 parlamentarios "conocieron o debieron conocer el contenido y finalidades del programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo".

Pese a ello, "jamás advirtieron tacha alguna de ilegalidad y, aún menos, de la presunta perpetración de actuaciones delictivas o de menoscabo de fondos públicos".

La Comisión parlamentaria recibía los expedientes

Cada tres meses, la Comisión parlamentaria "recibía o debía recibir los expedientes físicos de las modificaciones presupuestarias" y, según la documentación remitida por la Junta, el portavoz de cada grupo parlamentario firmaba "de su puño y letra" la recepción de nueve copias en el Grupo Socialista, siete en el del PP y uno en IU, correspondientes a sus miembros en la citada Comisión.

Pero el conocimiento no se limitó a estos 17 parlamentarios "específicos y especializados", sino que los grupos parlamentarios "no son compartimentos estancos", por lo que Alférez cree que "cabe presumir que por parte de una generalidad de los integrantes del Parlamento de Andalucía, ejercicio tras ejercicio, se haya adquirido un cabal conocimiento del programa 31L en toda su enjundia y significación".

Frente a ello, su cliente era un "servidor público" que participó en el programa investigado sin que alertaran contra él la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas ni la Comisión de Economía.

La Junta reclama una fianza de 8 millones al hijo de Ruiz Mateos

Mientras, en el marco de la investigación, la Junta de Andalucía ha pedido una fianza civil de 8 millones de euros para Zoilo Ruiz Mateos, hijo del fundador del grupo Rumasa, quien ha asegurado que no conoce al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas o los pagos en "dinero B".

Zoilo Ruiz Mateos ha declarado como imputado ante la juez de los ERE, Mercedes Alaya, por los cinco expedientes del grupo en Andalucía en los que medió el "conseguidor" Juan Lanzas.

Abogados personados en la causa han informado a Efe de que ha declarado desconocer la presunta inclusión de "intrusos" en esos expedientes, ya que él, como abogado, sólo llevaba los pleitos de la familia por la expropiación de la antigua Rumasa.

Hoy también estaba citado ante la juez el fundador de Rumasa, José María Ruiz Mateos, quien el día anterior anunció por medio de un comunicado de prensa que no tenía intención de "ir a Sevilla ni comparecer ante ningún juez".

Al igual que sus hermanos Javier y Pablo, ya imputados, Zoido Ruiz Mateos ha atribuido las acusaciones contra ellos sobre el supuesto pago de 600.000 euros en "dinero B" a Lanzas por cada ERE del grupo al "ánimo de venganza" de Joaquín Yvancos, un antiguo abogado de la familia.

Zoilo ha declarado que su padre se rodeaba de ejecutivos que eran quienes le asesoraban para tomar las decisiones y ha precisado que él mismo se ha enterado por la prensa de los detalles de los cinco ERE del grupo en Andalucía.

La Fiscalía de Sevilla no ha pedido ninguna medida cautelar contra él pero la Junta de Andalucía ha solicitado una fianza civil de 8 millones de euros, a distribuir de manera solidaria con sus dos hermanos ya imputados.

Alaya ha tomado también declaración este miércoles al presunto "intruso" José Antonio Cuevas, quien ha declarado que fue trabajador de Autos Marbesol y Viajes Marbesol durante 20 años y que lo iban cambiando de empresa, según las necesidades del grupo, por lo que le ofrecieron ser contratado por Hotel Cervantes y acogerse al ERE.