AI denuncia la reforma de la ley del aborto, que "penaliza de forma subliminal a la mujer"

• La organización presenta una campaña con el lema #MiCuerpoMisDerechos
• Busca parar una reforma que cree que "pone en riesgo" la salud de las mujeres

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que el proyecto de ley del aborto aprobado por el Gobierno en España está provisto de "tantas barreras" que "penaliza de manera subliminal" a las mujeres que quieren acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo.

Así lo ha manifestado el presidente de AI España, Esteban Beltrán, quien ha vuelto a pedir la retirada del proyecto, como ya hiciera oficialmente la organización en una carta remitida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que también solicitaba una reunión, una petición que no ha obtenido respuesta.

Beltrán ha presentado en rueda de prensa la campaña mundial "MiCuerpoMisDerechos" con la que la organización pretende hacer frente a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos en diferentes países del mundo y que en España va a estar dirigida a lograr la paralización de un proyecto de ley, que, según ha dicho, "pondrá en riesgo la salud de mujeres y niñas".

El responsable de AI ha subrayado que "es difícil decir qué derechos no viola" el texto aprobado por el Consejo de Ministros, que aparta a nuestro país de la tendencia europea y lo sitúa al nivel de Lituania, Macedonia o Turquía.

A juicio de AI, se trata de una medida regresiva bajo el derecho  internacional, y discriminatoria, porque afecta de manera  desproporcionada a mujeres jóvenes y en situación de pobreza, así como a  las que se encuentran en situación administrativa irregular.   

El objetivo de la organización es intentar convencer al Gobierno y al Parlamento para que no aprueben el proyecto tal como está planteado y, llegado el caso, podría promover la movilización social, ha señalado.

Por otra parte, la organización reitera que son necesarios avances en la lucha contra la violencia sexual, como son dar respuesta al problema de la ausencia de información y datos sobre violencia sexual en España, a la falta de medidas de prevención, a la desigual distribución de los servicios de atención a víctimas o a la falta de especialización en la asistencia letrada y en el tratamiento judicial.