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La Audiencia de Sevilla acuerda que Alaya deje de investigar las presuntas facturas falsas de UGT-A

  • Considera que no guarda relación alguna con el caso de los ERE
  • La juez seguirá con la investigación sobre el sindicato abierta en septiembre

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La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en una imagen de archivo.
La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en una imagen de archivo.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado que la juez Mercedes Alaya deje de investigar el presunto desvío de subvenciones públicas con facturas falsas en el sindicato UGT-A, al entender que no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. La juez sí seguirá en cambio con la investigación sobre el sindicato iniciada en septiembre, según han avanzado fuentes judiciales.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de  Sevilla ha dictado un auto, notificado este jueves a las partes, que recoge Europa Press, en  el que estima parcialmente un recurso presentado por la Fiscalía  hispalense y acuerda que la magistrada abandone esta investigación y  que la misma sea remitida a otro juzgado instructor siguiendo las  normas de reparto del Decanato.

De este modo, el Tribunal estima parcialmente un recurso en el que  el Ministerio Público advertía de que, a fin de evitar posibles  nulidades, la competencia para investigar las facturas de UGT no es  de la juez Alaya, sino del juez "predeterminado por Ley", como es el  juez que primero recibió la denuncia.

Investigación sobre el sindicato

El pasado 12 de septiembre la juez Alaya  incoó nuevas diligencias que declaró secretas derivadas de la  denominada operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil y  en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por  parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación  relacionadas con los ERE.

Tras ello, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, decidió  dar traslado en octubre a la juez de la primera denuncia presentada  en agosto por el sindicato Manos Limpias contra el sindicato, que  había recaído en el Juzgado de Instrucción número 9, que incluso  llegó a incoar diligencias previas.

No obstante, el juez de Instrucción número 9 de Sevilla planteó  una cuestión de competencia al juez decano, quien tras estudiar la  situación decidió dar traslado de la denuncia a la juez Mercedes  Alaya, quien "conoce de los mismos hechos por razones de  investigación judicial con anterioridad" a Instrucción 9.

A la hora de remitir la denuncia a la magistrada Mercedes Alaya,  el juez decano de Sevilla valoró que "el conocimiento previo de los  hechos prima" sobre la fecha de incoación de las diligencias por  parte de Instrucción 9, que es anterior a la fecha en que Alaya abrió  las citadas diligencias declaradas secretas en septiembre.

Es decir, y según el criterio adoptado en su día, se entendía que  la denuncia de Manos Limpias guardaba relación con las diligencias  incoadas en septiembre por Alaya, por lo que la misma y las sucesivas  denuncias fueron incorporadas a las diligencias secretas abiertas por  la magistrada y que derivaban de la operación 'Heracles'.

Solo retira a Alaya la investigación sobre las facturas

En resumen, la Audiencia ha decidido retirar a la juez Mercedes  Alaya únicamente la investigación sobre las facturas falsas de UGT  denunciadas por Manos Limpias; así, la magistrada sí se queda con la  investigación sobre el sindicado que abrió en septiembre y que, a día  de hoy, continúa bajo secreto de sumario.

Hay que recordar, en esta línea, que el juez de la Audiencia  Nacional Santiago Pedraz decidió remitir el pasado mes de diciembre a  Alaya la investigación sobre la participación del secretario general  de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta  financiación del sindicato a través de fondos destinados a la  formación.

El magistrado siguió así el criterio del Ministerio Público, que  le solicitó en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada,  que el pasado mes de diciembre ordenó incluso registrar la sede  central del sindicato UGT Andalucía y las sedes de varias empresas  relacionadas con los cursos de formación de UGT.

Con todo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, todo  apunta a que será el Juzgado de Instrucción número 9, el primero en  incoar diligencias tras la primera denuncia por las facturas de UGT  interpuesta por Manos Limpias, el que se quede con el grueso de la  investigación.