Los acreedores podrán cambiar deuda de una empresa por capital y ayudar a evitar su quiebra

• El Gobierno modifica algunos aspectos relativos a la fase preconcursal
• La norma intenta evitar que las empresas entren en concurso de acreedores
• Se podrán alcanzar acuerdos extensibles a todos, también a la banca
• El empresario no puede oponerse a un pacto que englobe el 75% de la deuda
• Economía estima que la deuda caerá al menos 130.000 millones de euros

Las empresas con problemas tendrán más facilidades para renegociar su deuda con la nueva ley concursal

El Gobierno ha aprobado un Real-Decreto ley para reformar la ley concursal con el objetivo de hacer más fácil que los acreedores lleguen a acuerdos con empresas viables "desde un punto de vista operativo" con el objetivo de evitar la entrada en quiebra de las compañías y "mantener el empleo".

El Ejecutivo modifica la ley concursal para "facilitar la celebración  de acuerdos de refinanciación,  potenciar los mecanismos de quitas y  aplazamientos de pago (quitas y  esperas) y la conversión de deuda en   capital", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,  tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo es "impedir que un problema de liquidez o de solvencia puntual obligue al cierre de una compañía que tiene ritmos o perspectivas  de crecimiento y beneficio que le hacen viable en el medio y en el largo plazo", ha asegurado Sáenz de Santamaría.

"Buena parte de estas medidas actúan en fase preconcursal", ha señalado la vicepresidenta, porque, según los datos de Economía, el 90% de las empresas que entran en concurso de acreedores se  liquidan.

Otra de las novedades es que los acuerdos homologados judicialmente serán extensibles a todos (bancos y entidades de crédito) y podrán comprender pactos de quitas o recapitalización, además de aplazamientos (esperas en la jerga concursal).

Dinero nuevo para refinanciación

La norma prevé la paralización de las ejecuciones singulares de  bienes necesarios para la continuidad de  la actividad profesional o  empresarial, desde el momento en que se  comunica al juzgado el inicio de  las negociaciones con los acreedores  por un plazo máximo de 4 meses  desde la comunicación del deudor.

Además, el decreto permitirá que quienes aporten el 'dinero fresco' (fresh money) a una empresa en situación preconcursal pasen de tener una garantía por el 50% a tener la consideración de crédito contra la masa, lo que les pone por delante del resto de acreedores si la empresa va finalmente a concurso.

De esta manera, el porcentaje se eleva al 100% con el fin de dotar  esta liquidez de la máxima protección concursal. Esta medida se adopta  con un carácter extraordinario y temporal para los ingresos de dinero  nuevo que se produzcan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor  del decreto-ley y se aplicará a los procesos concursales que entren en vigor en los cuatro años siguientes.

Es decir, que durante esos cuatro años la financiación adicional cuenta con una garantía total, algo que se extiende a los ingresos realizados por el propio deudor o personas  especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento  de capital.

Acuerdos no homologados judicialmente

El decreto introduce la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación con uno o más acreedores, acuerdos individuales, siempre que mejoren la posición patrimonial del deudor y sin necesidad de contar con mayorías de pasivo. Estos acuerdos solo son rescindibles por el juez a instancia de la administración concursal, si entiende que no concurren los requisitos expuestos.

Los acuerdos colectivos no homologados judicialmente "se simplifican al eliminar la exigencia del informe de experto independiente", que se sustituye por la certificación del auditor, y ya no se pueden rescindir si la empresa entra en concurso de acreedores.

La norma establece que  el deudor, es decir, el dueño de la empresa, no puede obstaculizar esos  acuerdos entre acreedores para cambiar deuda por capital siempre y cuando este pacto englobe el 75% de la deuda. 

Si lo hace, se expone a sanciones y podría tener que responder con su propio patrimonio, según Economía. Solo podrá rechazar el acuerdo si un experto independiente certifica que le perjudica.

Acuerdos homologados judicialmente

En el caso de acuerdos colectivos de refinanciación homologados  judicialmente,  la mayoría exigida del acuerdo pasa del 55% al 51%  (mayoría simple).  En los préstamos sindicados, se entiende que los  acreedores  prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando  voten a  favor el 75% del pasivo representado por el préstamo, salvo  que las  normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría  inferior.

Si el 60% de los acreedores de pasivos financieros han acordado   esperas (aplazamientos) hasta cinco años y la conversión de créditos  en  préstamos participativos por el mismo plazo, estas medidas se   extenderán a los acreedores disidentes sin garantía real.

Si el  acuerdo  ha sido suscrito por el 75% de los acreedores de pasivos  financieros,  se extenderán a los acreedores disidentes: las esperas  entre 5 y 10  años. En este caso el Gobierno también ha eliminado la obligación de un  experto  independiente y tampoco puede ser rescindido.

Por otra parte, se reconoce la posibilidad de que los acuerdos de refinanciación homologados incluyan (y extiendan a los disidentes) la conversión de deuda en capital. El acuerdo de la junta de socios exigido al respecto es la mayoría simple, y se ofrece una alternativa de quita al acreedor disidente, que quedará a su elección.

Asímismo, y al igual que en los acuerdos no homologados, se establece la presunción de culpabilidad del concurso si el deudor se hubiese negado sin causa razonable a la capitalización.

Mejora en el tratamiento de las provisiones de la banca

Tras la reestructuración de la deuda, aquella que sea considerada sostenible no requerirá de provisiones extraordinarias, algo que tendrá que detallar el Banco de España antes de un mes, una medida que podría beneficiar a la banca al poder liberar parte de sus provisiones.

Por eso, el Ministerio de Economía ha encomendado a la insitución presidida por Linde que establezca "reglas homogéneas para mejorar la calificación de la deuda subsistente tras un acuerdo de refinanciación".

El cambio en la ley concursal trae consigo un alivio de la fiscalidad  en los acuerdos, pero ni la Agencia Tributaria ni la Seguridad Social  podrán aplicar quitas.

El anteproyecto además modifica el Real Decreto de régimen de    Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). Así pues, se exceptúa la OPA y    la necesidad de solicitar dispensa de la Comisión Nacional del  Mercado   de Valores (CNMV) en procesos de capitalización derivados de  las  nuevas  normas.

Esto es, si un acreedor sobrepasa el 30% del  capital tras  convertir deuda en acciones no tendrá la obligación de  comprar la  empresa. Ahora bien, si este mismo acreedor adquiere luego  paquetes  adicionales si tendría que lanzar una OPA.

Economía cree que reducirá la deuda empresarial un 10%

El Ministerio de Economía cree que la reforma de la ley concursal será clave para la recuperación y ayudará a que haya "múltiples" acuerdos de refinanciación, tantos como para conseguir que miles de compañías se salven de la quiebra y la deuda empresarial se reduzca al menos un 10%.

Según las primeras estimaciones del departamento que dirige Luis de Guindos, si la deuda de las empresas españolas a cierre de 2013 rondaba el 130% del PIB, 1,3 billones de euros, se puede esperar una reducción de ese volumen superior al 10% gracias a todas las medidas aprobadas este viernes.

Así será más fácil que el crédito fluya hacia nuevos proyectos y la economía pueda avanzar con más vigor, lo que se traducirá en mejores datos de empleo, según han explicado fuentes de Economía, que ha señalado que se trata de evitar efectos de la crisis como la destrucción de tejido empresarial.

El objetivo es garantizar que las empresas viables pero endeudadas  puedan salir a flote y seguir en el mercado, evitando así la pérdida de  actividad y empleo, según aseguran fuentes del Ministerio de Economía,  que destacan que esto, a su vez, contribuirá al crecimiento y a que  fluya el crédito porque los balances de esas empresas serán más sanos.