La juez impone a Magdalena Álvarez una fianza civil de 29,5 millones de euros por los ERE

• Por promover "en connivencia con otros" el procedimiento ilegal de ayudas
• Le impone la fianza por la "probabilidad cierta" de que sea condenada
• Álvarez está imputada por presunta prevaricación y malversación
• Lee el auto de la juez Alaya sobre la fianza civil a Magdalena Álvarez (.pdf)

La juez de los ERE impone a Magdalena Álvarez una fianza civil de 29,5 millones de euros

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de más de 29,5 millones de euros a la exministra de Fomento y exconsejera de Andalucía, Magdalena Álvarez, como presunta promotora, "en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales" que se instauraría en la Junta de Andalucía desde el año 2000 al 2011, según el auto conocido este miércoles y al que ha tenido acceso TVE.

Magdalena Álvarez está imputada en este caso por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La exconsejera de Economía desde 1994 hasta 2004 ha defendido siempre ante la juez la legalidad de las ayudas investigadas y la "transparencia" de su gestión al frente de la Consejería.

La juez Alaya cree, sin embargo, que "cabe deducir la probabilidad cierta" de que Álvarez pudiera resultar condenada "en un futuro por los hechos que hoy se investigan" junto al viceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro Carmona (1990-2004) y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez (2000-2004). Por este motivo, la instructora pide también para estos dos ex altos cargos una fianza civil de 22,2 millones y de 8,9 millones de euros, respectivamente.

La instructora señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y malversación e impone con este motivo la fianza, para que en caso de que se les condene, se pueda devolver "en la medida de lo posible" el dinero que "de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía". En caso de no abonar las fianzas, la juez prevé el embargo de bienes aunque contra su decisión cabe todavía recurso.

Las cantidades de las fianzas civiles se han calculado a "grosso modo" teniendo en cuenta la cantidad de las ayudas abonadas en el periodo en el que ocuparon los cargos. En el caso de Magdalena Álvarez, Alaya lo cifra en 177,4 millones de euros.

"Promotores" de un procedimiento "ilegal"

Alaya considera a Álvarez, Salgueiro y Estepa "promotores" del procedimiento "ilegal" que habría permitido a la Junta de Andalucía conceder durante más de una década subvenciones sociolaborales sin control.

Este procedimiento, describe la instructora en su auto, consistiría en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación, "legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones".

Empleo a su vez transfería estos fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (I.F.A) para "realizar pagos a terceros ordenados por la Consejería" escapando al control de la Intervención.

Mercedes Alaya cree que hubo "vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido" ya que de esta forma se eludían "los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas" ya que para la tramitación de una transferencia de financiación -un instrumento financiero para dar cobertura a las pérdidas de una empresa- "solo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente y adecuado y emitir la orden de traspaso de fondos a IFA en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de Tesorería.

Autorizaron el procedimiento ilegal, según la juez

El auto de la juez señala que este procedimiento al margen de la ley se iniciaría con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del presupuesto anual con la "finalidad básica de eludir el control de la legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones".

"Ese uso ilegal de fondos públicos se permitiría por los inculpados, a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad, y de forma totalmente opaca", recoge la instructora.

Según Alaya, "se podría afirmar que el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos, no era responsabilidad de los inculpados", pero sí el "paso previo" de dotar a la Consejería de Empleo de transferencias de capital para eludir los controles primero mediante modificaciones presupuestarias en 2000 y 2001 y luego directamente incluyendo la partida en los presupuestos aprovechando, según la juez, "la complejidad del lenguaje presupuestario".

La juez cree además que Álvarez, Salgueiro y Estepa "darían instrucciones, o al menos serían conocedores, de que con este procedimiento era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación de IFA".

Valderas ve "exagerada" la fianza a Magdalena Álvarez

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU)ha señalado que "a cualquier andaluz que le preguntes le puede parecer exagerado" que la juez de los ERE, Mercedes Alaya, haya impuesto una fianza civil de 29,5 millones a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez aunque ha mostrado su "respeto" a las decisiones judiciales.

El portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento regional, Mario Jiménez, también ha expresado su respeto aunque ha mostrado su "preocupación" por que la instrucción del caso de los ERE no esté respondiendo, en su opinión, "al sentido común" y pueda suponer que quienes han  cometido irregularidades no lo paguen o no se pueda recuperar el  dinero público defraudado, informa Europa Press.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha considerado que la fianza millonaria impuesta a la ex ministra da la medida de la magnitud de la presunta trama de corrupción que se está investigando.