El Congreso aprueba la primera ley de acción exterior de la democracia

• La oposición critica que la ley "da la espalda a las comunidades autónomas"
• El Gobierno quiere coordinar su actividad en el exterior con otras administraciones

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la primera ley de acción exterior en 35 años de democracia con los votos del PP y tras un debate en el que la oposición ha lamentado que el proyecto "se olvida de los ciudadanos" y "da la espalda a las comunidades autónomas".

Esas han sido algunas de las críticas que han formulado los portavoces de la oposición durante el debate de las enmiendas del Senado a la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, que ahora entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado(BOE).

Aunque el PSOE ha apoyado algunas de las enmiendas, ha recordado que su postura quedó clara con su abstención en la votación del dictamen de la ley, cuyo enfoque "miope" y "centralista" no comparten, según ha dicho el diputado del PSC Alex Sáez, que ha criticado la ausencia de negociación por parte del Gobierno.

Una de las enmiendas aprobadas -la mayoría son de carácter técnico- limita la obligación de las comunidades autónomas de informar al Gobierno de los viajes de sus altos cargos a los que realicen los presidentes y consejeros autonómicos, como pedían los socialistas y los nacionalistas.

Un informe sobre estrategia exterior

Durante el debate, el diputado del PP José María Beneyto ha salido al paso de las críticas de la oposición al asegurar que ha sido un proyecto consensuado con diálogo y negociación.

Ha negado que se recorten competencias a las comunidades autónomas y ha defendido que habrá mayor control parlamentario con la presentación de un informe anual sobre la estrategia de acción exterior, la obligación del ministro de Exteriores de comparecer para informar de su cumplimiento y la comparecencia de los embajadores en comisión.

Una ley "amplia, moderna" y que cumple con todas las necesidades frente a "los intentos de reducir España a una visión provinciana", ha dicho Beneyto después de escuchar los reproches de los grupos nacionalistas.

Así, el diputado de CiU Jordi Xuclá ha criticado al titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, por convertirse en "el ministro para Cataluña" y situarse en el "ridículo" con el último informe "sectario" y de "puro marketing" de su Ministerio, que asegura que una Cataluña independiente perdería un 20% de su PIB.

En esa "condición dispersa" de Margallo, Xuclá ha enmarcado las "instrucciones a embajadores" o la presentación de informes "apocalípticos" que llegan a afirmar que con la independencia "Cataluña quedaría perdida en el espacio sideral".

Con él ha coincidido Joan Tardá de ERC al rechazar la "estupidez" y el "ridículo" que hace el Gobierno con declaraciones "acientíficas" más propias de "cómic barato". "Pónganse como se pongan, el 9 de noviembre el pueblo catalán votará y si el pueblo catalán mayoritariamente vota sí, proclamaremos la República", ha advertido Tardá.

El socialista Alex Sáez ha pedido además al ministro de Exteriores que deje de utilizar políticamente a las embajadas y de publicar informes que "enconan" el tema de Cataluña y perjudican el diálogo.

Competencias de las comunidades autónomas

La ley de acción exterior ha contado también con el rechazo del PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, ha calificado el proyecto como la culminación de "un auténtico desastre" tras un "despropósito" de negociación.

Para el PNV es difícil asumir una ley que "coarta" las competencias de las comunidades autónomas en acción exterior en un "afán desmedido" del Estado "por controlar y dirigir ámbitos que no le corresponden".

Las criticas de UPyD han ido en otra dirección, ya que la diputada Irene Lozano le ha echado en cara al Gobierno que decidiera negociar con los nacionalistas en lugar de con su formación política, lo que al final ha llevado -en su opinión- a empeorar el proyecto.

Por su parte, Joan Josep Nuet de la Izquierda Plural ha acusado al PP de romper el diálogo y los acuerdos con las fuerzas políticas y las centrales sindicales en la regulación de la situación de los trabajadores del servicio exterior.

Asimismo, ha coincidido con el resto de la oposición en que la ley "da la espalda a las comunidades autónomas" y se convierte en un paso más en el proceso de recentralización que "viene pilotando" el Gobierno del PP.